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A una pena de 5 años en libertad condenan a ex coronel por muerte de magallánico en 1973

A casi 41 años de que un trabajador de la entonces Fábrica de Maderas Estefó fuera ejecutado en una calle del barrio Prat, en plena época de toque de queda, en los inicios del gobierno militar, el ministro de la Corte de Apelaciones, Aner Padilla Buzada, dictó fallo condenatorio contra el principal procesado, el ex coronel de Ejército, Mariano Marín Berríos.
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Por La Prensa Austral martes 12 de agosto del 2014

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A casi 41 años de que un trabajador de la entonces Fábrica de Maderas Estefó fuera ejecutado en una calle del barrio Prat, en plena época de toque de queda, en los inicios del gobierno militar, el ministro de la Corte de Apelaciones, Aner Padilla Buzada, dictó fallo condenatorio contra el principal procesado, el ex coronel de Ejército, Mariano Marín Berríos.
El oficial militar en retiro fue encontrado culpable de un delito de homicidio calificado respecto de la muerte del obrero José Orlando Alvarez Barría, siendo condenado a cumplir una pena de 5 años de presidio bajo la modalidad de libertad vigilada. En este caso, el ministro sentenciador acogió la media prescripción del delito.
Mariano Marín, el año 1973 era subteniente y tenía a su cargo la patrulla militar que dio muerte a José Orlando Alvarez Barría, de 28 años, en calle Covadonga esquina pasaje Maule, en Punta Arenas, el 30 de septiembre de 1973.
La causa penal se inició a raíz de una querella criminal que interpusieron la viuda e hijos de la víctima.
El año 2012, la entonces ministra sumariante, Beatriz Ortiz, ordenó la detención de Marín Berríos en un recinto de la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos del Ejército, en el sector de Ojo Bueno.
La Comisión Nacional de Verdad y Reconstitución (Informe Rettig) atribuyó la muerte de José Orlando Alvarez a una de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Magallanes durante la dictadura militar.
Las partes fueron notificadas de la sentencia de primer grado, por lo que rige el plazo para que puedan hacer valer los respectivos recursos ante el máximo tribunal regional.