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Comisión fiscalizadora del municipio se querellará por delitos de funcionarios al interior de la Cormupa

Esclarecedora habría sido la exposición que el secretario general de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Hermes Hein, habría entregado esta semana a la comisión fiscalizadora de la municipalidad respecto de los numerosos trascendidos que harían referencia a supuestas irregularidades al interior de dicho estamento. Tan reveladoras habrían sido sus palabras que se determinó a puertas cerradas emplazar al alcalde para que “tome riendas” judiciales contra quienes estén detrás de las anomalías administrativas o, de lo contrario, serían los concejales quienes solicitarían investigar una supuesta malversación de caudales públicos o fraude al fisco.
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Por La Prensa Austral domingo 24 de agosto del 2014

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Esclarecedora habría sido la exposición que el secretario general de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Hermes Hein, habría entregado esta semana a la comisión fiscalizadora de la municipalidad respecto de los numerosos trascendidos que harían referencia a supuestas irregularidades al interior de dicho estamento. Tan reveladoras habrían sido sus palabras que se determinó a puertas cerradas emplazar al alcalde para que “tome riendas” judiciales contra quienes estén detrás de las anomalías administrativas o, de lo contrario, serían los concejales quienes solicitarían investigar una supuesta malversación de caudales públicos o fraude al fisco.
Por una hora se extendió el diálogo que el pasado miércoles entabló Hein con parte de la comisión de concejales, quienes interpelaron en varias materias al secretario general, el que, junto con desmentir que se estén cometiendo ilícitos en la Cormupa, aseguró que sí se han detectado irregularidades o, como señaló a los ediles, situaciones que “parecen extrañas”.
Hein se refirió al contrato firmado entre la municipalidad y la empresa Redess Ltda., consultora capitalina, que figura con domicilio en la comuna de Providencia, la que fue encomendada a entregar una propuesta técnica que permitiera satisfacer los requerimientos del rediseño institucional y organizacional que la corporación requería para mejorar su funcionamiento, trabajo del que, según Hein, “no se hizo nada”.
En dicho contrato, firmado el 26 de septiembre de 2013, se consagran las rúbricas del entonces secretario general de la Cormupa, Hugo Bizama, y el representante legal de la consultora, Eduardo Villarroel Monsalve. Se detalla que se cancelará una suma de 33 millones de pesos por la supuesta propuesta técnica, de los cuales se pagó un anticipo del 40%, es decir 13,2 millones de pesos. Una segunda cuota del 30%, equivalente a 9,9 millones de pesos, sería pagada una vez aprobado el informe, para lo que había plazo hasta el 30 de noviembre del año pasado. Finalmente, una cifra igual se cancelaría una vez aprobado el informe final; de estos dos últimos pagos no se pudo constatar si se realizaron o no, lo cierto es que al 31 de diciembre de 2013 no hubo registro de preinforme o propuesta, siendo ese el plazo fatal para su entrega según la cláusula Nº12 del contrato citado.
Expuesto lo anterior, los concejales interrogaron al actual secretario general sobre cómo era posible que dicho contrato fuera visado por él mismo en su calidad de asesor jurídico de la Cormupa a la fecha de la suscripción del documento. A ello, Hein habría explicado que de “manera extraña” el alcalde había entregado facultades al respecto al ex jefe de la Unidad de Planificación, Gonzalo Pumarino, quien habría sido instruido por la máxima autoridad comunal para gestionar dichas contrataciones con plenas facultades al respecto, pasando por alto las capacidades técnicas del propio Hein, quien en su calidad de abogado, contaba con los conocimientos para efectuar dicha tarea (modificar los estatutos institucionales).
Fue esta respuesta de Hein por la que los concejales Juan José Arcos, Vicente Karelovic, Julián Mancilla y David Romo decidieron emplazar al alcalde Emilio Boccazzi para que inicie acciones legales, ya que en dicha cita de la comisión se habría “etiquetado” lo ocurrido como constitutivo de delito, enmarcándose en la figura de fraude al fisco o malversación de caudales públicos.
Dicha solicitud a Bocazzi no habría tenido respuesta, por lo que mañana se interpondría la acción judicial, dirigida contra “quienes resulten responsables”, pese a que Hein habría indicado que Pumarino habría sido quien tomó las decisiones.
Los buses amarillos
de nuevo al tapete
Una vez más, y ya en otro tenor, se abordó la materia de los televisores comprados en 2011, que tenían como destino el ser instalados en los llamados “buses amarillos”, los que fueron exhibidos esta semana en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero como habilitados y funcionando.
Al respecto, Ricardo Oyarzo, encargado de los buses de la Cormupa, señaló que “son los mismos televisores que se compraron en 2011 los que ahora se habilitaron. En su momento, los fondos destinados para su instalación fueron ocupados para el mantenimiento de las máquinas, priorizamos en aquello, pero ahora se pudo habilitar y es un avance y beneficio para los escolares”, dijo.
Cabe señalar que en la factura que da cuenta de la compra a la empresa New Ark de 10 televisores LCD figuran aparatos de 22 pulgadas y los que fueron exhibidos en la plaza eran de 24 pulgadas, detalle no menor que le fue consultado a Oyarzo, quien señaló: “No es necesario que nos fijemos en ese tipo de detalles. Estos son los televisores que se compraron en 2011 y eso es lo importante, y se pueden revisar los números de serie para compararlos con los de la empresa. Es más, se entregará esa información a la comisión que lo ha solicitado, pero yo confirmo que aquí no hay nada oculto y esto es lo que se compró en dicha oportunidad”, enfatizó el encargado.
Al ser consultado respecto de dónde se obtuvieron los recursos para la habilitación ahora, Oyarzo explicó que, a la espera de fondos del Ministerio de Educación, se financió con los dineros que destinan los establecimientos educacionales al sistema de transporte escolar. “Le solicitamos a los directores si nos podían ayudar y accedieron”, indicó.
Lo anterior, a juicio de parte del Concejo Municipal, es, a lo menos, irregular, sobre todo la incongruencia de los equipos instalados con el detalle de la factura que fue expuesta en la comisión fiscalizadora, por lo que también se adjuntará dicho antecedente al Ministerio Público, donde es el fiscal Felipe Aguirre quien lleva la investigación.
A las 11 horas de este lunes se interpondría la acción judicial y no se descartó anoche que a lo menos dos concejales (Danilo Villegas y Sergio Aguilante) se sumaran al escrito.
Intervención de la
Superintendencia
Esta acción legal fue ratificada anoche por el concejal Karelovic, quien también informó que la mayoría del Concejo Municipal acordó pedir formalmente mañana lunes a la Superintendencia de Educación que intervenga la Corporación Municipal. Ello, luego de que fuera desechada su solicitud de que se creara una comisión ad hoc al interior del municipio.
Inicialmente, se habría tenido como respuesta negativa de tal entidad que, en los últimos seis meses, la Cormupa no exhibiría falta alguna y figura con el pago de las imposiciones al día.
“Para la Superintendencia no habría mérito, pero hay decenas de cosas e irregularidades y nosotros tenemos cómo demostrar varios casos y todo esto requiere que haya una intervención”, sostuvo Karelovic.