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  • Julio Sebastián Calderón Maclean

Con molestia y extrañeza reaccionaron concejales ante medida de retención de bienes

Edil José Aguilante confesó sentirse desamparado porque no hay una defensa de parte del municipio

Por La Prensa Austral jueves 19 de mayo del 2011
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A ningún concejal de la Municipalidad de Punta Arenas dejó indiferente el embargo preventivo de bienes decretado respecto de los concejales Mario Pascual y Emilio Boccazzi, a quienes les afecta la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos de tres inmuebles de su propiedad. La resolución fue firmada el martes por la jueza del Primer Juzgado de Letras, Claudia Arenas González, con miras a garantizar el éxito de la demanda por indemnización de perjuicios que en breve repondrá la empresa de Mario Mancilla Oyarzún, por la suma de 850 millones de pesos.

El departamento jurídico de la municipalidad tomó conocimiento de la drástica medida en la mañana del martes por parte de uno de los abogados, quien fue visto esa mañana en el Tribunal requiriendo mayores antecedentes sobre la acción precautoria interpuesta por el empresario Mario Mancilla.

De acuerdo a lo decretado por el Juzgado, frente a un peligro de mora y atendida la envergadura de los perjuicios que se demandarán, que constituyen los presupuestos de la medida cautelar solicitada, es que en primer lugar se dispuso inscribir la medida de prohibición de celebrar actos y contratos de los bienes inmuebles de los concejales Boccazzi y Pascual ante el Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas, tras lo cual recién se procederá a notificar a los demandados. En este caso se decretó la medida “sin previa notificación de los demandados”, de la forma que lo solicitó la parte demandante.

Alcalde: “Los Tribunales tienen que funcionar”

El alcalde Vladimiro Mimica reconoció que hasta ayer no eran notificados oficialmente, aunque aquello puede ocurrir en cualquier momento. “Yo dije que los Tribunales tienen que funcionar, y nosotros vamos a responder de la manera que tenemos que responder, dando cumplimiento los tribunales de justicia”, se limitó a indicar.
Uno de los directamente afectados, el concejal Emilio Boccazzi expresó: “Ustedes tienen más información que los propios lugares donde he podido encontrarla, por lo que mal puedo señalar opiniones”. Indicó que aquí lo que se ordenó fue una caución por un juicio que aún no se celebra.

Mientras tanto la concejala Claudia Barrientos confesó no tener otra información acerca de la decisión judicial que lo aparecido en este medio, que también informaba de una solicitud denegada a la retención de las dietas de los concejales. “No hay hoy día una querella o una demanda presentada, lo que hay es un recurso que tampoco ha sido informado a ninguno de nosotros, y yo por lo menos no he sido notificada de nada. Entiendo que mis colegas tampoco”, expresó.

Lo único que queda es esperar si efectivamente se presenta una demanda, agregó, la cual deberá ser notificada a cada demandado, “y una vez que cada uno conozca de qué se trata se deberán ver los recursos a utilizar”.

Molestia

“Es una situación harto incómoda la que le está pasando a los colegas referente a este problema de las licitaciones de la basura”, expresó a su vez el concejal Antonio Ríspoli, quien se mostró bastante confundido respecto a sus atribuciones como concejal.

Asimismo, espera que el departamento jurídico de la municipalidad con el alcalde tomen las medidas que correspondan para poder zanjar este problema, ya que “la verdad, no es nada grato para uno”. Confesó sentirse bastante mal, incluso con ganas de tirar todo esto por la borda y renunciar, al no valorizarse a la luz de esto su trabajo muchas veces anónimo por la ciudad y los adultos mayores.

A Ríspoli le impactó mucho saber lo que le pasa a sus colegas Boccazzi y a Pascual. “Hace 15 días mi abogado ya me había comentado lo que venía y por eso tuve la oportunidad de poder traspasar el único bien que tenía (su casa), a mi señora para no verme involucrado en esto, porque yo considero que eso no es responsabilidad nuestra”.

Extrañeza

Por su parte el concejal José Aguilante se mostró extrañado con la medida precautoria prejudicial, ya que hace días se había mencionado el retiro de la demanda por parte de Mario Mancilla.

Lamentó que, más allá de consideraciones legales, hay aspectos particulares familiares y sociales que afectan la vida a quienes asumieron la tarea de representar a la comunidad, sacrificando gran parte de su tiempo y de sus familias al servicio público. Remarcó que aquí legalmente se les está castigando por dicho compromiso y por tomar una decisión que la ley establece desde otra perspectiva, “y desde luego uno se cuestiona si la ley es un fin o un medio para alcanzar el común de la gente”.
Ante ello, le representó al alcalde que esta situación debiera también ser asumida por la Asociación Chilena de Municipalidades, al estar sentando un precedente, aparte de que no hay una defensa de parte del municipio, me siento absolutamente desamparado”.

Ayer no fue posible ubicar al concejal Mario Pascual para conocer su opinión sobre esta materia. No obstante, a través de Radio Polar señaló que si el haber votado a favor de los trabajadores de la ex empresa Mercurio pueda significarle perder su único bien raíz de 49 metros cuadrados, bienvenido sea.