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Corte de Apelaciones anula sumario sanitario en contra de farmacia Cruz Verde

La sala de la Corte de Apelaciones anuló un sumario sanitario que la secretaría regional ministerial del ramo había instruido en contra de la farmacia Cruz Verde, de calle Sarmiento, de propiedad de la Sociedad Waissbluth y Hayne Limitada. El sumario se inició el pasado 5 de septiembre por el supuesto incumplimiento a los artículos 100 y transitorio de la Ley de Fármacos Nº20.724, por mantener incentivos económicos en la venta de los medicamentos.
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Por La Prensa Austral lunes 10 de noviembre del 2014

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La sala de la Corte de Apelaciones anuló un sumario sanitario que la secretaría regional ministerial del ramo había instruido en contra de la farmacia Cruz Verde, de calle Sarmiento, de propiedad de la Sociedad Waissbluth y Hayne Limitada. El sumario se inició el pasado 5 de septiembre por el supuesto incumplimiento a los artículos 100 y transitorio de la Ley de Fármacos Nº20.724, por mantener incentivos económicos en la venta de los medicamentos.
En razón de lo anterior, el abogado Guillermo Soto Aguilera, en representación de la Sociedad Waissbluth y Hayne, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, alegando que dicho sumario representa un acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de la República, esto es, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, “toda vez, que los funcionarios de la seremi de Salud de Magallanes se han transformado en una comisión especial sin atribuciones para el control sanitario de los productos farmacéuticos, de los establecimientos del área y de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que sobre esta materia se contienen en el Código Sanitario y sus reglamentos, atribución que le compete al Instituto de Salud Pública”. Luego agrega que en este caso en particular, el Instituto de Salud Pública no ha dictado resolución alguna que instruya el inicio de sumario sanitario, por lo que los funcionarios de la seremi no están facultados para arrogarse dichas atribuciones, no habiéndose aplicado el procedimiento de fiscalización que la propia ley contempla.
El recurso de protección fue interpuesto en contra de Norma Altamirano y Eduardo Castillo, ambos funcionarios de la seremi de Salud.
La sociedad comercial recurrente invoca el artículo 96 de la nueva Ley de Fármacos, que establece expresamente: “El Instituto de Salud Pública de Chile será la autoridad encargada en todo el territorio nacional del control sanitario de los productos farmacéuticos, de los establecimientos del área y de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que sobre esta materia se contienen en este Código”.
Interpretación arbitraria
En la presentación legal se sostiene que los funcionarios de la seremi realizaron una interpretación arbitraria y errada de la ley a la luz de los contratos de trabajo del personal de la Farmacia Cruz Verde, ya que tiene con sus auxiliares de farmacia estipulado en sus contratos de trabajo (desde el año 1979) el derecho a percibir una comisión equivalente al 1 por ciento de su venta neta, del total de productos que vendan, sean estos farmacéuticos o de perfumería, sin privilegiar a un determinado producto. Enseguida el abogado aclara que su representada no tiene ningún beneficio económico de ninguna especie para vender o incentivar el uso de determinados productos farmacéuticos.
A contestar el recurso de protección el secretario regional ministerial de Salud, Oscar Vargas Zec, corroboró el inicio de un sumario sanitario a la Farmacia Cruz Verde de calle Sarmiento Nº722, al mantener los incentivos económicos en la venta de los medicamentos sin haber procedido a adecuar los contratos de su personal dentro de los 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley, que fue promulgada el 30 de enero pasado y publicada el 14 de febrero de 2014.
Añade que en el evento de determinarse una sanción por parte de la autoridad sanitaria, la parte afectada puede reclamar ante la justicia ordinaria.
Sobre la supuesta incompetencia de la seremi de Salud para ejercer el control sanitario de los productos farmacéuticos, sostiene que no es tal, por cuanto por medio del Decreto Nº14 de fecha 11 de febrero pasado del Ministerio de Salud, se aprobaron los convenios de encomendación de funciones del Instituto de Salud Pública para ser asumidas por las seremis, en el ámbito de autorización, control y fiscalización sanitaria de establecimientos y productos farmacéuticos.
En conformidad a los elementos aportados por las partes, la Corte de Apelaciones resolvió: legitimar el recurso de protección en este caso puntual; calificar de ilegal la imputación hecha por los funcionarios de la seremi de Salud a la farmacia afectada, que motivó la infracción que dio origen al sumario sanitario en su contra, “sustentados en una interpretación de cláusula de contratos de trabajo, sin tener atribuciones para realizar tal interpretación”.
Por tal razón, se acogió el recurso de protección, dejando sin efecto el Acta Nº11.803 de 5 de septiembre de 2014, y que da inicio al sumario sanitario.
El fallo fue adoptado con el voto de minoría del fiscal judicial Fabio Jordan, quien estuvo por denegar el recurso judicial en base a sus propios fundamentos.