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Intendente tiene facultades y debe supervigilar modificaciones a reglamento interno de Zona Franca

Dictamen de Ramiro Mendoza despeja las dudas respecto de las reales atribuciones y rol de la máxima autoridad regional. A la luz de este pronunciamiento, a Arturo Storaker le hubiera tocado dirimir las serias discrepancias surgidas entre Rentas Inmobiliarias Ltda. y la Cámara Franca por la ampliación del horario de atención

Por La Prensa Austral viernes 4 de noviembre del 2011
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“… Al intendente le asiste tanto la facultad como el deber de supervisar que la concesionaria a que se refiere la consulta (de la Zona Franca) cumpla con la normativa que la rige, control que se extiende, por cierto, al reglamento interno de operaciones”.
Este es el dictamen que emitió el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, y que despeja así las dudas que existían sobre las reales atribuciones y rol que tiene y debe asumir el intendente cuando surgen conflictos entre el concesionario de la Zona Franca y los usuarios.

Este pronunciamiento significa que, de haber persistido la fuerte discrepancia entre ZonAustral y la Cámara Franca por el cambio de horario, el intendente Arturo Storaker debía intervenir y zanjar la diferencia velando porque la administradora cumpliera en todo los términos del contrato de concesión.

En este sentido, el máximo ente contralor dictaminó que es deber de la Junta Arbitral dirimir las dificultades que se susciten entre la sociedad administradora y los usuarios del recinto.

Al respecto, la Contraloría es clara en plantear que, si persiste una diferencia o si el reglamento interno contraviene el contrato de concesión, “la intendencia debe adoptar las medidas pertinentes para que la entidad administradora las ajuste a la legalidad vigente”.

De esta forma, Mendoza zanjó las dudas existentes respecto de las competencias de la máxima autoridad en torno a la administración de la ZF. Tanto el intendente como Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda. consultaron a la Contraloría Regional si al jefe del gobierno regional le asistía o no la atribución de objetar las modificaciones que efectúe el concesionario a su reglamento interno de operaciones.

También se consultó si las serias discrepancias que surgieron por el intento de ZonAustral de imponer a los usuarios un horario de atención al público debían ser dirimidas al interior de la Junta Arbitral.

El pronunciamiento final de Ramiro Mendoza fue emitido el 17 de octubre pasado y fue remitido a la intendencia, para aclarar el rol fiscalizador que tiene la máxima autoridad regional respecto del funcionamiento de la Zona Franca.

Horarios

Frente al intento de Rentas Inmobiliarias Ltda. de imponer un horario más estricto a los locatarios, la Cámara Franca planteó que ello era una medida unilateral que contravenía el reglamento y los términos del contrato de concesión.

Por eso, quiso que el intendente asumiera su rol de fiscalizador del cumplimiento tanto del contrato de concesión como del reglamento interno, lo que motivó que la máxima autoridad regional elevara la consulta pertinente a Contraloría. Lo propio hizo Rentas Inmobiliarias Ltda..

Habría sido el tenor de este pronunciamiento el que habría llegado a la concesionaria a allanarse a otra fórmula y a ofrecer estímulos -como la rebaja de un porcentaje de sus arriendos por un año- para los usuarios que libremente accedan a abrir sus locales en los horarios propuestos por la administradora.

En su dictamen, el contralor hace ver que la concesionaria no sólo debe informar de las actualizaciones del reglamento interno de operaciones, sino que corresponderá a la intendencia “fiscalizar el estricto cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones del contrato de concesión”.

“Como puede advertirse, al intendente le asiste tanto la facultad como el deber de supervisar que la concesionaria a que se refiere la consulta cumpla con la normativa que la rige, control que se extiende, por cierto, al reglamento interno de operaciones.

“En este contexto -prosigue el contralor-, las disposiciones que obligan a poner en conocimiento de esa autoridad las modificaciones a este último texto, no pueden entenderse limitadas a una mera comunicación, sino que comprenden el deber de aquélla de velar por el cumplimiento de su regulación y de representar cualquier contravención a esa preceptiva”.
Esto se funda -según Mendoza- en el interés público comprometido en la correcta administración y explotación de la ZF. “…La intendencia, en representación del Estado, debe resguardar la integridad de su patrimonio y el respeto al ordenamiento jurídico por parte de la concesionaria”, acota la sentencia.

Finalmente, la Contraloría General de la República ratifica su facultad de velar porque la intendencia cumpla con las facultades y deberes que le impone la ley y el contrato de concesión de la ZF, a fin de que sus actos se ajusten a derecho y que desempeñe efectivamente las funciones que le ha encomendado el ordenamiento jurídico.

“Precisado lo anterior, y en lo que atañe al segundo aspecto por el cual se consulta (la Junta Arbitral), corresponde consignar que el artículo 17 del mencionado decreto con fuerza de ley Nº 2 (sobre Zonas Francas), establece que una Junta Arbitral dirimirá las dificultades que se susciten entre la sociedad y los usuarios bancarios de la Zona Franca, de manera que si alguna de las disposiciones del reglamento interno de operaciones contraviene dicho precepto, la intendencia debe adoptar las medidas pertinentes para que la entidad administradora las ajuste a la legalidad vigente”, remarca Mendoza.