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“Los buses amarillos fueron comprados, se ocultó información y hubo presiones”

El funcionario señaló que el gran responsable por el pago excesivo en el flete de la traída de las máquinas es el alcalde Vladimiro Mimica.

Por La Prensa Austral jueves 9 de junio del 2011

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El 4 de diciembre de 2009, a las nueve de la mañana, la jefa de contabilidad del municipio, María Elena Gallardo, le pidió al entonces director subrogante de control, Luis Reinaldo Díaz Díaz, que hiciera un informe con respecto al procedimiento de internar buses desde Estados Unidos. En ese momento todavía no se concretaba el pago de 110 mil dólares por el flete de los diez vehículos para el transporte escolar.

Extrañamente ese mismo día, y sólo tres horas después, el entonces administrador municipal, Mauricio Torres, le daba la orden a María Elena Gallardo de cursar el polémico pago. Y se dio la instrucción de hacerlo sin la autorización del departamento de control.

La funcionaria de contabilidad fue presionada para concretar la cancelación de la factura y el auditor y jefe subrogante de control pasado a llevar en sus funciones. Todo esto es parte del relato de Luis Reinaldo Díaz, quien, al igual que su compañera María Elena Gallardo, fue demandado por la Contraloría de Magallanes para enfrentar un juicio de cuentas por la reparación de 110 mil dólares (50 millones de pesos) pagados en exceso por el flete de los buses amarillos.
“Creo que no había ninguna posibilidad de nada, las instrucciones estaban dadas y si el informe, que era desfavorable, hubiera estado antes también la decisión se iba a tomar, se iba a ocultar información”, sentencia Díaz.

Interrogantes

¿Por qué si existía una fiscalización interna, respecto del procedimiento que se estaba realizando, Mauricio Torres decidió cursar el pago? ¿Por qué no se esperó el informe del departamento de control? ¿Por qué el alcalde personalmente da la instrucción de cursar el pago? ¿El pago del flete fue acelerado para evitar que la fiscalización del departamento de control impidiera la operación?

Según explica Luis Díaz, él comenzó a elaborar el informe solicitado el mismo 4 de diciembre, pero nunca supo que se estaba ejecutando el pago. Por eso el 7 de diciembre entregó sus conclusiones al alcalde esperando que estas fueran tomadas en cuenta, porque eran lapidarias.

Sin embargo desde el municipio se ha señalado que ese documento fue entregado tarde, después que se había hecho el pago.

“Yo hice mi trabajo, hice el informe. Yo no podía adivinar que se estaba cursando el pago”, relata Díaz. El funcionario mantiene la misma opinión que plasmó hace un año y medio por escrito al alcalde. “Lo que sucedió fue una compra. Los buses fueron comprados”, asegura. Y agrega que “hubo una presión para que alguna persona firmara la autorización”.

Y según el informe que él mismo hizo en diciembre de 2009 y en el que señalaba que “aun cuando no se tiene información oficial, un flete de estas características tendría un costo de alrededor de US$60.000, por lo que se desconoce la razón de por qué se pretenden girar US$150.000. Si lo anterior es efectivo, se puede colegir que alguien está recibiendo US$95.000 lo que desvirtúa la característica esencial de la donación que es la transferencia de un bien a título gratuito”. La conclusión final de entonces fue que “se estima que hasta que no se aclaren a lo menos esas dudas, esta dirección no visará ningún tipo de documentación relacionada con el tema”.

Presiones y ocultamiento de información

A juicio del funcionario este informe se trató de ocultar, e incluso plantea dudas con respecto a las intenciones que pudo haber en ese tiempo para sacarlo de sus labores normales y enviarlo en comisión de servicio al Cementerio Municipal. “Yo fui presionado, no les gustó el informe y se trató de ocultar este documento”, denuncia.

Y agrega que dentro del municipio se trató de ocultar información porque “existían cotizaciones por 45 mil dólares por el flete, que demostraban que no costaba 155 mil”. Y cuestiona por qué no se investigó “quién la tenía y por qué no se dio a conocer. Si quien correspondía hubiese actuado con diligencia se habría sabido que el flete costaba menos. Los que ocultaron esa información no fueron ni María Elena Gallardo, ni Luis Díaz”.

Díaz plantea que la Contraloría debiera investigar todo el proceso, incluso evaluando las responsabilidades que pueden existir desde el momento que la internación de los buses fue aprobada en el Concejo Municipal.

El auditor de la municipalidad recordó que el rol de la Unidad de Control “debe representar a los alcaldes los actos municipales que estime ilegales y eso es lo que yo hice”.

“Los funcionarios no
somos responsables”

Pese a tener que enfrentar un juicio de cuentas, Luis Díaz está tranquilo porque sabe que quizás cometió algún error al no enviar una copia del informe a finanzas y que no es responsable porque “advertí oportunamente que algo extraño había, pero alguien se adelantó en el pago”. Y está convencido que ni él ni María Elena Gallardo tienen ninguna responsabilidad en el pago excesivo por el flete. “Es el administrador quien ordena pagar”, puntualizó.

Y agrega que hubo una instrucción de la autoridad superior. “La responsabilidad principal es del alcalde, quien toma la decisión de internar buses diciendo que son donados cuando efectivamente se dan cuenta que son comprados”, indicó.
“¿Cuál es la esencia de una compra? El título oneroso. Y aquí alguien pagó por un flete 45 mil dólares y dijo que le había costado 155 mil dólares. Es algo que para mí los tribunales deberían seguir investigando, porque alguien cobró una cantidad engañando. Puede ser ilícito que se diga que es una donación cuando es una venta”, dijo enfáticamente Luis Díaz.

Por todo esto el funcionario piensa que el alcalde “debería hacer más por nosotros para defendernos, porque no somos culpables”. Por eso valora el apoyo de todos los compañeros de trabajo del municipio y de sus amigos, tanto para él como para la jefa de contabilidad.

“Yo creo que el alcalde no tuvo la asesoría correcta y que actuó apurado. Acá no hay una sola cosa, porque tenía un asunto de amistad con el alcalde de Puerto Montt”, manifestó.

Presión en la Contraloría

Luis Díaz cree que la contralora regional, Verónica Orrego, ha actuado mal, y que existen vicios en el sumario que el órgano de control está llevando a cabo en el municipio. Esto porque se inició el juicio de cuentas antes que finalizara el sumario que determinará las responsabilidades administrativas en el caso de los buses amarillos.

“La contralora está ejerciendo presión para que una subalterna llegue a las mismas conclusiones que llegó ella en la auditoría. Creo que es inaceptable una presión de este tipo”, afirmó Díaz.

Por esto, señaló, pretende iniciar acciones legales en el caso que corresponda. “No sé si corresponda, por eso voy a acudir a una asesoría legal”, recalcó.

Y cree que hay errores en el mencionado sumario, porque la formulación de cargos en su contra sería por hechos ocurridos entre el 4 y el 7 de diciembre de 2009. “Pero lo ocurrido es parte de un proceso largo que partió en el mes de septiembre y que no termina con el pago”, agregó.