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Por falta grave a la probidad destituyen a fiscalizador de la Inspección del Trabajo

Sumario administrativo castigó drásticamente actuación de funcionario, a quien se le formularon nueve cargos
por cuestionadas conductas ejercidas durante el período 2006-2009.

Por La Prensa Austral jueves 29 de septiembre del 2011

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Los 42 años de servicio de un fiscalizador de terreno de la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes están en vías de terminar abruptamente a causa de un sumario administrativo que resolvió la destitución del funcionario por haber incurrido en graves faltas a la probidad. El 22 de septiembre el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, desestimó las alegaciones del sancionado y mantuvo la sanción impuesta.

Fue la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile, Anfuntch, en representación del afectado, la que se dirigió a la Contraloría General para solicitar que se abstenga de tomar razón de la medida de destitución respecto de funcionario Pedro Orlando González, por cuanto -en su opinión- se estimó desproporcionado el castigo impuesto, en relación a las faltas que se le atribuye al inculpado, las cuales, por lo demás, a su juicio, no se encontrarían acreditadas.
En el proceso disciplinario se le formularon a González nueve cargos, todos los cuales contravenían el principio de la probidad administrativa.

Durante el sumario administrativo se estableció que durante los años 2006 a 2009, en su calidad de fiscalizador de la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes, avisó en forma anticipada a los propietarios y representantes de un restaurante de la ciudad de Punta Arenas (local no es identificado en el dictamen de Contraloría), fiscalizaciones que realizarían funcionarios del mencionado servicio, así como también comunicó al pertinente empleador, las denuncias efectuadas por trabajadores de la empresa ante el indicado organismo de fiscalización laboral, situación que era de conocimiento de quienes prestaban servicios al interior de dicho establecimiento, perjudicando con ello la imagen de la Inspección del Trabajo.

Igualmente, se le objetó el hecho de que el citado funcionario concurrió en varias ocasiones en el período comprendido entre los años 2006 a 2009, al mismo restaurante a almorzar y cenar, acompañado de terceros, en ocasiones con familiares, sin pagar por los consumos realizados en ese lugar. Este restaurante había sido fiscalizado por el mismo González desde el 2007 al 2009, el cual, por otra parte, se abstuvo de tramitar las visitas de fiscalización realizadas a dicha empresa, sin informar de ello a su superior jerárquico, en circunstancias que se mantenía una vinculación de proximidad con el dueño del local.

Asimismo, al mencionado funcionario se le imputó hacer valer su posición funcionaria frente a un empleador del rubro hotelero, toda vez que se trasladó hasta el respectivo establecimiento para requerir a la contadora el pago de lo adeudado a un ex trabajador de dicho recinto, y que en esa época prestaba servicios contractuales para González como tallador de madera, sin que existiera una denuncia laboral por parte del afectado de la respectiva deuda.

Se acreditaron infracciones

Del examen de los antecedentes sumariales, la Contraloría General resolvió que durante la tramitación del respectivo procedimiento se cauteló plenamente el derecho fundamental del recurrido a tener un debido proceso, quien hizo uso de todas las instancias de defensa que contempla la normativa, pudiendo constatarse, asimismo, que las faltas imputadas se encuentran acreditadas en el ámbito administrativo. En cuanto a la sanción de expulsión del funcionario, el organismo fiscalizador concluyó que el número y entidad de las infracciones que se le imputaron y se acreditaron, todas ellas importan un incumplimiento por parte del sumariado y una contravención grave al principio de probidad administrativa, “la que, por cierto, acorde con lo ordenado en el inciso segundo del artículo 125 del Estatuto Administrativo, amerita ser sancionada con la destitución del cargo”, señala el informe.

Entre otras disposiciones, el funcionario transgredió el artículo 52 de la Ley Nº 18.575, que señala que “las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa”. Este principio de probidad consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Asimismo, infringió los artículos 1, 2, 5 y 6 de la Ley Nº18.575, referidos al uso en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviera acceso en razón de la función pública que se desempeña; hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza; intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o de algún familiar; y participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

Un segundo sancionado

Según el informe emitido por Contraloría, en esta causa también fue sancionado el funcionario Roberto Marcelo Aguila, con una multa de un veinte por ciento de su remuneración mensual.

El cargo formulado a Aguila se fundamenta en que en su calidad de funcionario de la Inspección Provincial del Trabajo, concurrió a las dependencias de una empresa, sin que dicha visita se relacionara con el ejercicio de sus labores, para ubicar al gerente de esa entidad particular, debido a que éste había sido citado como testigo en el sumario iniciado contra González, obteniendo su número de teléfono celular, para llamarlo posteriormente y solicitarle que declarara a favor de Pedro Orlando González ante el fiscal instructor, en términos de desconocer cualquier circunstancia que pudiere perjudicar al principal inculpado.

En atención a la gravedad de los hechos investigados, en la actualidad González se encuentra separado de sus funciones a la espera de que concluya en todas sus fases el proceso disciplinario.

Consultado el director regional del Trabajo, Giovanni Torteroglio, dijo desconocer los alcances del sumario por ser un proceso que se instruyó en la anterior administración y que cualquier pronunciamiento de Contraloría debe ser notificado directamente a nivel de la dirección nacional del servicio.