Necrológicas

Refrendan que intendente tiene el deber de supervisar cumplimiento del contrato de ZF

Documento, firmado por Ramiro Mendoza, responde a un requerimiento que remitió dicha autoridad, en que pedía precisiones sobre el concepto de “supervisión activa”. Acota que la intendencia no sólo debe recepcionar informes de la concesionaria, sino que hacer cumplir las normas y aplicar multas y pedir rectificaciones de medidas cuando corresponda.

Por La Prensa Austral miércoles 10 de octubre del 2012

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El Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, emitió un dictamen en el cual refrenda que el intendente debe realizar una “supervisión activa” del cumplimiento del contrato de concesión de Zona Franca, lo cual conlleva que dicha autoridad debe “fiscalizar en forma permanente que la entidad concesionaria cumpla con la normativa que rige sus operaciones, especialmente con los deberes y prohibiciones que ha asumido en relación a la administración y explotación de dicha zona, debiendo aplicar las multas y demás sanciones que esos instrumentos establecen cuando los transgreda, teniendo en cuenta, para ello, la gravedad de las infracciones cometidas”.

En su dictamen, el Contralor es clara en afirmar que la “supervisión activa” que, según la legislación y el contrato, le cabe al intendente no sólo se limita a recibir informes y que esto ya lo había dejado totalmente establecido en el informe final de investigación sobre la ZF que el ente revisor emitió a fines de diciembre del año pasado. En el referido escrito, la Contraloría sentenció que las labores de fiscalización realizadas por la intendencia hasta ese momento “son de carácter parcial, ya que se han limitado a recepcionar antecedentes financieros, contables y económicos sin ejercer una supervisión activa”.

De esta forma, el Contralor Mendoza respondió a una de las consultas que respecto a éste y otros puntos le formuló el intendente, a fin de precisar conceptos, roles y atribuciones, tanto de él como de la concesionaria y de la junta arbitral.
Este dictamen, además, se emite justo cuando parece nuevamente recrudecer el conflicto entre la actual concesionaria de Zona Franca, Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda., y la entidad gremial que reúne a la mayoría de los usuarios del recinto, Cámara Franca, y cuando el presidente de esta última está cuestionando públicamente al intendente por haber aprobado la modificación del plan de inversiones de la administradora.

Consultas

En el dictamen emitido el miércoles de la pasada pasada, el Contralor Mendoza recuerda que el intendente consultó sobre el significado que debe darse al concepto “supervisión activa” empleado en el referido informe final sobre ZF, de diciembre del año pasado.

También le pide que dilucide si la intendencia cuenta con atribuciones para pronunciarse sobre la definición de los montos de las tarifas o la pertinencia de su cobro y sobre la vigencia de la junta arbitral.

Supervisión activa

Sobre el concepto de “supervisión activa”, Mendoza recuerda que se delegó en el intendente regional las atribuciones relativas a la concesión, administración y supervigilancia de la ZF y la potestad de señalar los procedimientos internos de control y fiscalización que estime convenientes para cautelar el fiel cumplimiento de las reglas que le fueren aplicables.

Refuerza que el intendente tiene el deber de no sólo recepcionar informes de la concesionaria, sino de fiscalizar en forma permanente que ésta cumpla con el contrato y las normas que rigen la ZF. Esto, conlleva aplicar las multas y demás sanciones que estos instrumentos establecen cuando éstos se transgredan.

Tarifas

Otro aspecto que aclara es que la concesionaria tiene el deber de actualizar su reglamento interno de operación previa información a la intendencia y fijar, cobrar y percibir tanto tarifas, precios o remuneraciones en relación con los contratos que celebre con los usuarios y estableciendo el método de reajustabilidad por el período restante de la concesión.

Reitera el principio de que tales tarifas tienen que aplicarse sin discriminación ante iguales servicios y distintos usuarios y que el reglamento interno regirá por un período mínimo de cuatro años y que la administradora determinará si mantiene o modifica el tarifario.

“Es dable consignar que las bases y el contrato de concesión -en armonía con aquellas- contemplan la posibilidad de que la mencionada Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda. pueda variar la estructura y/o niveles tarifarios de los servicios que preste con la periodicidad señalada, por lo cual el reglamento interno de operación se encuentra ajustado a derecho en lo referente a este aspecto de la consulta”, precisa el Contralor.

Sin embargo, puntualiza que, sin perjuicio de lo antes señalado, la concesionaria debe comunicar esas acciones anticipadamente a la intendencia regional y que ésta, en cumplimiento de su función de supervigilancia, debe comprobar que tales cobros se realicen conforme a la normativa vigente y en los plazos que sean procedentes.

El Contralor expone que el intendente tiene la facultad y el deber de “supervisar que la concesionaria cumpla con el marco jurídico que regla el contrato de concesión, control que se extiende al hecho de representar cualquier contravención a la regulación de que se trata para efectos tarifarios, debiendo agregarse que si ello ocurre serán aplicables las sanciones y multas que dicha reglamentación contempla”.

Junta arbitral

Sobre la junta arbitral, se recuerda que ésta estará compuesta por el intendente o su representante, quien la presidirá, el administrador de Aduanas, un representante de la concesionaria y otro de los usuarios. Se precisa que ésta resolverá las dificultades que se susciten entre estos últimos sin ulterior recurso.

Refuerza que la junta arbitral fue creada para resolver las divergencias que se susciten entre los particulares y la concesionaria respecto de los contratos celebrados por las partes y que la intendencia debe adoptar las medidas atingentes para que la entidad administradora ajuste las disposiciones del reglamento interno de operaciones si éstas contravienen la legalidad vigente.