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Secretario de la Corporación Municipal: “Acá nadie se ha llevado plata para la casa”

El abogado fue consultado acerca de la querella criminal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado por un presunto delito de malversación de caudales públicos, tras el desvío a otros fines de los fondos destinados a la Subvención Escolar Preferencial.
Aseguró que no tienen responsabilidad administrativa y que cuentan con la documentación que lo comprueba.

Por La Prensa Austral viernes 27 de junio del 2014

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Absolutamente tranquilo afirmó estar el secretario general de la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención al Menor de Punta Arenas, Hermes Hein Bozic, respecto de la querella criminal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de funcionarios de esta entidad, por malversación de fondos de la Ley Sep (Subvención Escolar Preferencial), información dada a conocer en la edición de ayer de La Prensa Austral.
Se trata de $510 millones, destinados por el Estado a pagar la subvención escolar a los niños más pobres, que fueron desviados con otros fines.
Hein señaló que todavía no había sido notificado de la presentación de la querella. Sin embargo, sostuvo que esperará que ello ocurra y se defenderá, en las instancias que correspondan, presentando toda la documentación del caso.
Asimismo, el funcionario hizo un recuento de los hechos ocurridos, y recordó que el cuestionado desvío de dineros fue un problema heredado de autoridades anteriores.
“No he sido notificado formalmente ni requerido de ninguna investigación, por el Ministerio Público. Me enteré por La Prensa (Austral). En su oportunidad, entregamos toda la información disponible a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Educación”, dijo.
“(…) Fui secretario general (de la Cormupa) hasta inicios de 2010. Luego, asesor jurídico. Efectivamente, cuando yo asumí el cargo (de secretario general de la Cormupa), el 8 de enero de 2009, a la semana siguiente o a los pocos días fuimos embargados, en un procedimiento judicial que se había llevado a cabo en la antigua administración, por 823 millones de pesos, que corresponde a un juicio de extensiones horarias, que perdió la Corporación y que nosotros heredamos en ese momento”, recordó Hein.
“Se embargaron todas las cuentas de la Corporación, incluyendo la cuenta única en la que estaban incluidos los recursos Sep. A esa fecha, la ley no establecía la inembargabilidad de los recursos Sep, tampoco establecía la obligación de llevar una cuenta única y separada de estos mismos recursos. Por tanto, es efectivo lo que señala La Prensa Austral, en la parte final del artículo (de ayer), respecto de que se habrían embargado 193 millones de pesos. No me acuerdo la cantidad exacta, pero por el tiempo transcurrido, tiene que haber sido entre 193 y 198 millones de pesos de las cuentas Sep. También se embargaron recursos de la Salud primaria, y en total, se pagaron los 823 millones de pesos”, agregó el abogado.
“Lo primero que hay que destacar es que respecto de esa cantidad de dinero, no hubo ningún acto de disposición, de ninguna autoridad, ni del alcalde ni del secretario general ni de nadie, porque fue un embargo. Respecto de los demás dineros, que son trescientos y tantos millones de pesos, efectivamente, en su momento -yo estaba como secretario general, estaba de alcalde Vladimiro Mimica-, se hizo un informe, hubo una instrucción de disponer de todos los activos existentes en caja para pagar las imposiciones previsionales (de los funcionarios de la Cormupa). O sea, acá, nadie se ha llevado plata para la casa. El juicio transcurre sobre la base de qué ítem se imputa a determinados actos, y esto fue informado al Ministerio de Educación. Transcurrió más de un año sin que este Ministerio nos hiciera una observación respecto de la forma en que se había hecho el gasto”, afirmó, además, Hein.
Investigación del Mineduc
Luego de eso, el Ministerio de Educación (Mineduc) inició una investigación interna, a raíz de un informe que hizo la Contraloría General de la República, en que representa ese gasto como una imputación indebida.
“Nosotros nos defendimos ante la Contraloría General de la República y ante el Ministerio de Educación. Entre otras cosas, alegamos la prescripción de todas las acciones administrativas, porque no las había, por el transcurso del tiempo, excepción que fue acogida. O sea, se estableció que no había ninguna falta administrativa”, sostuvo el funcionario de la Cormupa.
“Lo mismo ocurrió después, ya durante la administración de don Orlando Estefó, y siempre ha sido claro que esas platas se habían gastado y se habían aplicado, y que se había hecho con información oportuna al Ministerio de Educación, con la documentación de respaldo. Por tanto, esos son elementos que, no obstante, cualquier acusación fiscal que se quiera hacer, son determinantes a favor nuestro. Son eximentes de toda responsabilidad, porque en este caso, este tipo de delitos formales (malversación de fondos), tiene como antecedente, básicamente, un cambio de imputación”, añadió.
Corresponsabilidad ministerial
“Acá, también, habrá que representar oportunamente las responsabilidades que tiene el Ministerio de Educación, porque no fue una medida inconsulta, no fue la pura liberalidad u orden del alcalde o secretario general (de la Cormupa), sino que hubo una comunicación expresa al Ministerio de Educación, y por tanto, naturalmente también las correspondientes responsabilidad por no haber representado oportunamente la improcedencia de actos, en circunstancias que ellos son los mandantes de estos dineros”, aseveró el secretario general de la Corporación.
Por lo mismo, para Hein, el Mineduc “pecó” de negligencia.
“Nosotros lo hicimos presente en su momento también, en nuestros informes, tanto en el Ministerio de Educación como en la Contraloría General de la República. Tenemos toda esa documentación de respaldo. Tenemos, además, los fallos que se hicieron, tanto en la sede administrativa como en la Corte de Apelaciones de Santiago, con posterioridad, en que se estableció claramente la prescripción y la falta de responsabilidad administrativa (…)”, dijo, destacando el nexo que existe entre la imputación del gasto (antecedente administrativo) y la responsabilidad penal que se puede hacer por este mismo ítem.
Finalmente, el secretario general afirmó que no existían, en ese momento, otros medios económicos para pagar las imposiciones previsionales, pues de lo contrario, se hubieran vistos obligados a suspender al prestación del servicio.
“Este sistema se encuentra en una situación de crisis terminal, en la medida que no proporcionen los recursos. Porque, de lo contrario, vamos a tener, como servicio, que privilegiar siempre la continuidad de éste, o bien, paralizar la prestación del servicio. Eso significa, simplemente, cerrar escuelas (…)”, aseveró y destacó que hoy en día están agotadas las posibilidades de un financiamiento municipal, ya que sólo existe un compromiso de un aporte futuro, de acuerdo al Padem, “y cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades en esto”, concluyó.