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Tribunal de la Contratación Pública deberá resolver legalidad del proceder del municipio

A la espera de lo que resuelvan los jueces del Tribunal de Compra y Contratación Pública, respecto de la ilegalidad o legalidad con que actuó últimamente la Municipalidad de Punta Arenas -representada por su alcalde Emilio Boccazzi-, al acoger el reclamo de la empresa de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios Servitrans, se encuentra el caso sobre el fallo dictado hace cuatro años por dicho Tribunal, que ordena retrotraer el contrato, y que, hasta ahora, no se ha cumplido.
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Por La Prensa Austral miércoles 27 de agosto del 2014

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A la espera de lo que resuelvan los jueces del Tribunal de Compra y Contratación Pública, respecto de la ilegalidad o legalidad con que actuó últimamente la Municipalidad de Punta Arenas -representada por su alcalde Emilio Boccazzi-, al acoger el reclamo de la empresa de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios Servitrans, se encuentra el caso sobre el fallo dictado hace cuatro años por dicho Tribunal, que ordena retrotraer el contrato, y que, hasta ahora, no se ha cumplido.
Los jueces deberán resolver, en un plazo indefinido, si con esta acción del municipio, se está evadiendo o no el cumplimiento de la sentencia de la causa Rol Nº15-2010, dictada el 24 de septiembre de 2010 (bajo la administración del alcalde Vladimiro Mimica), que acogió la impugnación al contrato de dicho servicio de Aseo, Recolección y Transporte de Residuos Román Haro Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (Recotrans E.I.R.L), una de las participantes en el llamado a licitación.
En ella se ordena a la municipalidad dejar sin efecto tanto la licitación como la adjudicación y el contrato celebrado entre la municipalidad y Servitrans, y volver a realizar el llamado a licitación, respetando las bases.
Sin embargo, el alcalde Emilio Boccazzi, informó (en julio pasado) que en mayo, a través de la dictación de los decretos alcaldicios 1563 y 1631, procedió a dar cumplimiento a la mencionada sentencia.
Una vez en conocimiento, Servitrans presentó un reclamo de ilegalidad al municipio, donde solicitó que se dejara sin efecto ambos decretos. Ello fue acogido por el jefe comunal, a través de la Resolución Nº1, con fecha 1 de julio pasado.
Felipe Olmos Carrasco, secretario del Tribunal de Compra y Contratación Pública, explicó a La Prensa Austral que “el estado en que está esto es que el tribunal, precisamente, tiene que resolver si lo que hizo la municipalidad (de Punta Arenas) está de acuerdo a derecho o no; en el fondo, si ha cumplido la sentencia o no”.
Asimismo, la empresa demandante pidió que se diera cumplimiento y se hiciera efectivo algunos apercibimientos del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. El tribunal, por su parte, previo a resolver, pidió, a principios de mes, un informe a la municipalidad sobre el cumplimiento de la sentencia del tribunal, acompañado de la documentación respectiva, entre ellas los decretos dictados por Boccazzi, el reclamo de ilegalidad de Servitrans y la Resolución Nº1, que ya se encuentran en poder del Tribunal.
Dicha documentación se encuentra a disposición de la empresa Recontrans, en caso de que desee hacer observaciones.
Actuación sin precedentes
La razón por la cual este caso ha tardado tanto en concluir es porque la municipalidad ha hecho ejercicio de una serie de recursos, en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, que han dilatado el cumplimiento del fallo del tribunal. Sin embargo, cuando hasta hace poco parecía llegar a su fin este caso, apareció una nueva acción legal, esta vez, por parte de Servitrans, como fue el reclamo de ilegalidad (contemplado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades), situación inédita para el Tribunal de la Contratación Pública.
“El Tribunal ha hecho todo lo posible por cumplir su fallo, pero en este caso, se ha visto abocado a situaciones que no le habían sucedido”, indicó el secretario del Tribunal de Compras, Felipe Olmos.
Para los adversarios políticos del alcalde Boccazzi, su actuar obedece a una estrategia dilatoria para no tener que cumplir el fallo, por cuanto el municipio se expondría a una millonaria demanda, como indemnización, por parte de Servitrans al poner término anticipado al contrato.
Sobre las acciones que podrían recaer sobre el alcalde Boccazzi, en caso de que el Tribunal de Compra y Contratación Pública resolviera que con su actuar está dilatando el cumplimiento del fallo, se encuentra desde la imposición de una multa hasta el arresto por desacato. Así lo establece el Código de Procedimiento Civil, que faculta al juez civil para sancionar a través de estos mecanismos.
Los jueces titulares del Tribunal son Alvaro Arévalo Adasme (presidente), Tulio Triviño Quiroz y María Figueroa Jiménez. Los jueces suplentes son Francisco Alsina Urzúa, Luisa Larson Briceño y Fernando Ortiz Alvarado.