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Tribunal rechazó limitar datos de computadores incautados

El Juzgado de Garantía rechazó una medida cautelar solicitada por los abogados de Inmobiliaria Cruz de Froward de restringir el acceso a correos electrónicos de computadores incautados a sus ejecutivos. Esto, en el marco de una querella criminal por estafas reiteradas referidas a las tumbas inundadas en el Cementerio Parque Cruz de Froward, ubicado en la salida norte de la ciudad.
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Por La Prensa Austral sábado 17 de marzo del 2012

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El Juzgado de Garantía rechazó una medida cautelar solicitada por los abogados de Inmobiliaria Cruz de Froward de restringir el acceso a correos electrónicos de computadores incautados a sus ejecutivos. Esto, en el marco de una querella criminal por estafas reiteradas referidas a las tumbas inundadas en el Cementerio Parque Cruz de Froward, ubicado en la salida norte de la ciudad.

La fiscal Wendoline Acuña valoró la decisión del juez de garantía Juan Villa, toda vez que “el tema estaba debidamente resuelto y fundado, y que en este caso primaba lo dispuesto en el artículo 220 del Código Procesal Penal. Como los computadores fueron incautados en poder de los imputados, no procedía lo que solicitaba la defensa, ya que para ello debieran haberse incautado en poder de los abogados y no fue así”.

Por ende, se sigue adelante con la incautación y la diligencia como lo pidió la Fiscalía dentro de la investigación de los correos entre los imputados.

En tanto, Javier Opazo, abogado querellante, destacó la importancia de este veredicto tras el intento de los abogados de la empresa de solicitar una medida para que no se hicieran públicos los mails que los abogados habían mantenido a la fecha con sus clientes: “este dictamen es un tanto inédito, porque la ley siempre ha tendido a proteger el secreto profesional, pero el tribunal fue mas allá y esta incautación es legítima y debe analizarse completa, sin distinción, se encuentre lo que se encuentre”.

Añadió que esto también es producto de la incautación de los computadores realizada a ejecutivos de la compañía a fines de enero e inicios de febrero, en una diligencia paralela entre Punta Arenas, Santiago y Concepción.

En esta causa, los querellantes criminales son Javier Opazo Acevedo y Manuel Benítez Gibbons, en conjunto con Jorge Villalobos Arriaza.