Allende, Boric y el PC
Diego Benavente M.
Ingeniero Civil
Regionalista
En una columna anterior se hizo algunos paralelos entre Allende y Boric, que por cierto puede que existan, más aun cuando el segundo ha resaltado el asemejarse incorporando lentes a su indumentaria. Ambos, buenos oradores y con facilidad para entusiasmar a su gente, así como también los dos han sido rehenes de sus coaliciones políticas y muy complicados a la hora de dominar a sus partidos políticos, demostrando en esto la falta de voluntad política para ejercer, el liderazgo presidencial en propiedad, para materializar las medidas y procesos para una gestión gubernamental eficiente.
Allende otorgó una amnistía a los dirigentes del Mir buscados por la justicia definiéndolos como “jóvenes idealistas“, Boric por su parte indultó a los violentistas de la primera línea del estallido social, entre los amnistiados por Allende había un grupo de la Vop (Vanguardia Organizada del Pueblo) que posteriormente asesinarían al ex ministro Pérez Zujovic.
Ambos gobiernos, el de Allende y el de Boric, contaron al inicio con el beneplácito de la ciudadanía, con su apoyo y simpatía de algún modo, superior al porcentaje de votación que obtuvieron electoralmente, que fue inferior al 35% en su origen, el segundo bajo Kast en la primera vuelta y el primero con una votación levemente superior a Alessandri en 1970.
Cuando Allende no llevaba ni un mes en el poder, como lo recuerda en su reciente libro el ex Presidente Patricio Aylwin, el 2 de diciembre de 1970, el estudiante de periodismo mirista Arnoldo Ríos, de la Universidad de Concepción murió en un enfrentamiento entre militantes del Mir y de las brigadas comunistas Ramona Parra que disputaban el control de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción Fec. Pese al profundo impacto en el país, “en vez de investigarlo para establecer la verdad y sancionar a los culpables, comunistas, miristas y otros personeros del oficialismo se movilizaron ágilmente para acallar lo ocurrido y, según informó el secretario general del PC, el senador Corbalán, “buscar un arreglo político al diferendo“. El diputado PC Jorge Insunza por su parte declaró que la muerte del mirista Ríos “no era un problema policial, sino un problema político”. Allende incluso intervino personalmente, “invocando la “autonomía universitaria”, paralizó toda la investigación en el lugar de los sucesos. Los afectados se negaron a testimoniar y se echó tierra al asunto. En tales condiciones el proceso judicial nada pudo esclarecer y el asesinato quedó impune”.
En estos días es posible apreciar cómo en la recientemente aprobada por el Congreso, Ley de Usurpaciones, el gobierno cedería ante el PC y así eliminar las penas de cárcel por “tomas no violentas”, utilizando el veto que se estudia imponer frente a esta nueva ley. Pese a que la usurpación es un delito que está tipificado en el Código Penal, esta antiquísima legislación, entre otros por sus bajas penas, ha sido ampliamente ineficaz para poder castigar y desincentivar las múltiples usurpaciones que ocurren a lo largo y ancho del país, en especial en la macrozona sur con la toma de predios para presionar la entrega de tierras.
Cuando la política e ideología partidaria buscan imponerse sobre la justicia y las leyes, acomodándolas a su amaño, el país y sus instituciones son los que pierden.
