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Aportes electorales reservados

El financiamiento de las campañas políticas se efectúa de distintas formas, de acuerdo a nuestra legislación puede ser público o privado. El público es el que otorga el Estado con cargo a los dineros que se pagan en proporción a los votos que cada candidato obtiene en la campaña respectiva y que en la actualidad asciende aproximadamente a $690 pesos por cada voto obtenido. El privado es todo financiamiento, en dinero o estimable en dinero, destinado al financiamiento de gastos electorales y que tiene diversas formas de concretarse: como aportes propios, aportes anónimos, aportes reservados y aportes privados de carácter público.
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Por Carlos Contreras martes 30 de junio del 2015

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El financiamiento de las campañas políticas se efectúa de distintas formas, de acuerdo a nuestra legislación puede ser público o privado. El público es el que otorga el Estado con cargo a los dineros que se pagan en proporción a los votos que cada candidato obtiene en la campaña respectiva y que en la actualidad asciende aproximadamente a $690 pesos por cada voto obtenido. El privado es todo financiamiento, en dinero o estimable en dinero, destinado al financiamiento de gastos electorales y que tiene diversas formas de concretarse: como aportes propios, aportes anónimos, aportes reservados y aportes privados de carácter público.
Los aportes reservados son aportes en dinero superiores a 20 UF e inferiores al 10 por ciento del gasto electoral del candidato o del Partido Político al cual pertenece y que se realiza en período de campaña, no puede exceder cada aporte de estos de la suma equivalente a 800 UF, y se debe mantener absoluta reserva de la identidad del donante y de su aporte.
La ley de financiamiento que estableció este tipo de aporte se aprobó el año 2003 y en esa época ya se produjo mucha polémica. Aquellos que lo defendían indicaban que con ello se aseguraba que la persona que aportara a un candidato no se iba a exponer a represalias, por otra parte si el voto es secreto, dar cuenta de los donantes, en mayor medida, significa dar a conocer su preferencia; según los senadores gremialistas, de la Udi, se buscaba impedir la mala influencia del dinero en la autonomía de los parlamentarios.
El año 2001 el ministro del Interior de la época, José Miguel Insulza, señalaba que la finalidad del proyecto de ley de financiamiento electoral era la transparencia y hacía una comparación: si un funcionario público compra una casa tiene que justificar ante el Servicio de Impuestos Internos de dónde salió el dinero, pero si una persona gasta millones de pesos en una campaña no tenía que indicar de donde había salido el dinero.
El proyecto de ley se presentó como un “paquete” que se tomaba o dejaba y por ello ni siquiera existió debate acerca de estos aportes que a la postre han sido más significativos tratándose de los candidatos gremialistas, como indica un medio de información electrónico.
No obstante lo indicado y lo establecido en cuanto a la imposición de no revelar la identidad del aportante reservado, parece que estamos nuevamente en presencia de una norma que no está a la altura de los tiempos, pues mientras la ciudadanía clama por transparencia, para no tener dudas respecto a la honestidad y valía de sus representantes, nos encontramos con estas normas que generan una opacidad, un misterio en zonas que pueden comprometer sensiblemente la voluntad de cualquier persona, pues si bien es cierto los parlamentarios tiene el trato de Honorables, no debemos olvidar que sólo es un trato consagrado por la ley, distinto es la calidad de honorable, calidad que, como cualquier otra y respecto de cualquier persona, debe probarse permanentemente, máxime si estamos en el mundo público. Por lo demás, nadie está impedido de indicar, sin violar la ley, de donde vienen sus principales aportes, si lo sabe, sólo por un gesto de transparencia.