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Cambia, todo cambia

Por Carlos Contreras martes 7 de enero del 2020
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Chile cambió”…”hasta que la dignidad se haga costumbre” y tantas otras frases han ocupado los espacios comunicacionales a propósito de diversas manifestaciones ciudadanas. Por otra parte, el Poder Ejecutivo anuncia reformas y modificaciones a los sistemas públicos con el objeto de dar cuenta que se ha escuchado el clamor ciudadano, no obstante, la existencia de algunos opinólogos y políticos que minimizan el movimiento ciudadano y defienden la idea de mantener todo tal y cual está.

Lo cierto es que las acciones ejecutadas por la ciudadanía, algunas espontáneas y otras acordadas previamente, han obligado a adoptar decisiones a la clase política, decisiones que pueden o no dirigirse en la dirección que la ciudadanía ha planteado.

Así las cosas, existen peticiones de modificaciones o cambios profundos respecto de diversas instituciones y prestaciones en nuestro sistema social que se refieren, sin el ánimo de agotar las posibilidades, en las siguientes: sistema previsional, de salud, educacional, régimen político, recursos naturales y servicios estratégicos.

Como cuestión básica es necesario comprender que muchas de estas pretensiones requieren una intervención urgente, en efecto, las pensiones, cualquiera sea la denominación que se le dé, deben considerar un monto que habilite a una persona para vivir de manera modesta, pero digna, cualquiera sea la circunstancia en la cual se encuentre el país y esto lleva a la necesaria correspondencia entre valor del ingreso mínimo y el de la pensión mínima. Al respecto pareciera que el monto de sueldo mínimo propuesto por el empresario Andrónico Luksic Craig es el adecuado, considerando que emana de un empresario que debe valorar adecuadamente el trabajo de sus dependientes. En el mismo orden, el sistema previsional, más que por razones ideológicas trasnochadas, sino que por razones prácticas (el sistema ha demostrado ser un fracaso a la luz de las propias promesas incumplidas de su creador), de justicia (que permitan establecer un mínimo adecuado para la subsistencia de una persona) y de ética (no es posible que de una prestación social se genere un lucro inconmensurable para los dueños de las administradoras de fondos, que parecen los dueños de los fondos en sí mismos.). Pero existen muchas otras cuestiones que deben abordarse y requieren, al igual que las anteriores mucha meditación, cálculos y, sobre todo, buena fe y tolerancia de todos los actores.   

En rigor creo que nuestra clase política ha fracasado rotundamente y salvo un par de preclaros dirigentes, de uno y otro lado del espectro político, ha dado muestras de una pobreza e ineptitud casi tan grande como el nivel de inequidad de nuestro país; por su parte el Poder Ejecutivo no parece tener las ideas claras, lo que implica no tener carta de navegación para avanzar; pero lo más grave de todo es que no veo confianza desde la ciudadanía hacia la clase política, llamada a solucionar el conflicto, y cuando no existe confianza, cualquier error se considera una acción de mala fe. En razón de lo anterior me parece fundamental que se proceda a ejecutar actos que acrediten la buena fe, cambiando efectivamente lo que es perjudicial y no dando un maquillaje que se sabe ineficaz, así como también es urgente modificar el lenguaje y accionar que violenta y predispone al conflicto, ya no es necesario seguir interpelando o acusando constitucionalmente para dar cuenta de un gobierno que ha fallado, así como tampoco es necesario actuar como si lo peor ya hubiere pasado porque eso no es más que una manifestación de control del cual se carece.

Nuestro país no tolera más acciones que no se traduzcan en cambios efectivos cuestión que, por lo demás, es necesaria. Sabemos que no se puede cambiar todo, pero empecemos por lo más necesario y espero que los gobernantes den prueba de buena fe, de unidad de propósitos y de conmiseración por aquellos que sufren día a día la incertidumbre de la sobrevivencia.