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Colusión… igual cárcel

Por Carolina Goic domingo 17 de julio del 2016

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Hace un par de semanas, aprobamos en el Congreso Nacional una ley que sanciona penalmente la colusión y aumenta significativamente las multas a quienes cometan ese delito, una iniciativa legal que es necesaria para nuestro país, pensando en los casos de connotación nacional que hemos conocido durante los últimos años.

Fue en el año 2008, en ese entonces ejercía mi labor en el Congreso Nacional como diputada, cuando denuncié públicamente un caso que se conoció como la colusión de las farmacias, hecho que causó un impacto nacional y que en un principio fue desestimado por algunos sectores, señalando incluso que el hecho no era tal y que sólo se buscaba figuración pública.

El paso del tiempo nos dio la razón, pues una vez iniciada la investigación se fueron conociendo detalles y hechos que reflejaban las evidencias de una colusión entre distintas cadenas de farmacias del país, lo que por cierto había provocado enormes daños a los ciudadanos y ciudadanas del país, sobre todo a las personas de menores recursos.

Pero la historia no terminó allí, pues con el transcurso de los años los chilenos y chilenas conocimos de otros casos de colusión, como fueron: el papel higiénico; caso de los pollos; supermercados, entre otros. Las investigaciones en los diferentes episodios han encontrado responsables y se han dictado penas compensatorias para los consumidores afectados y medidas cautelares no privativas de libertad, para los responsables, lo que sin duda ha generado un malestar en las personas.

Importante destacar que la ley que aprobamos tiene varios avances con medidas ejemplares para quienes cometan este delito. En lo fundamental, el proyecto define lo que se entiende por delito de colusión, establece penas de cárcel de hasta 10 años y señala que las investigaciones de los hechos constitutivos del delito de colusión sólo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, la que podrá interponerla una vez que la existencia del acuerdo haya sido establecida por sentencia definitiva ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Incorpora, además, una regla que establece la necesidad de la persecución penal para aquellos casos que comprometan gravemente la competencia en el mercado, obligando al Fiscal Nacional Económico a interponer querella. La decisión de no hacerlo deberá ser justificada. Todo ello deberá realizarse a más tardar en el plazo de seis meses.

Asimismo, establece multas del doble del beneficio económico reportado por la infracción o hasta por el 30% de las ventas del infractor correspondientes a la línea de productos y/o servicios asociadas a la infracción durante el período por el cual ésta se haya extendido.

Por lo mismo, estamos frente a un proyecto que avanza en la lucha contra los carteles y la colusión, pues no sólo va sancionar desde el punto de vista económico, sino que también con penas de cárcel. Sin lugar a duda, tenemos un avance, no obstante, seguiremos ejerciendo nuestro derecho de denunciar actos como los que hemos conocidos durante los últimos años.