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Corte Suprema o Tribunal Constitucional

Por Carlos Contreras martes 15 de octubre del 2019
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A propósito de la controversia generada entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional a raíz de un fallo reciente en el cual, resolviendo una acción constitucional de protección, el Tribunal Supremo precisa que por esta vía puede revisar los alcances de una sentencia del TC, es oportuno realizar algunas reflexiones.

En primer lugar, las disputas jurídico-políticas entre  estos dos tribunales no se generan en este fallo, sino que vienen desde antiguo. Sólo por precisar algunos conflictos: a) el año 2016 la Corte Suprema explicitó en uno de sus fallos que su potestad comprende la de derogar tácitamente normas inconstitucionales en una sentencia de protección a propósito de un matrimonio entre chileno y extranjero con orden de expulsión; b) en otra ocasión se sostuvo en una prevención de un fallo de la Corte Suprema que las sentencias de dicho tribunal no deben contener citas a sentencias del Tribunal Constitucional pues un tribunal político no puede generar jurisprudencia a considerar por la Suprema; c) a propósito de un fallo de la Corte Suprema que, en contra de lo establecido por Contraloría, autorizó la migración de fondos de los funcionarios públicos de aeronáutica a Capredena, el Tribunal Constitucional señalo que la Corte Suprema no tiene competencias para autorizar esta situación; d) en causas de derechos humanos se han generado diversas situaciones en que también estos tribunales se han enfrentado. 

El punto es que es evidente que existan situaciones de competencias entre estos tribunales, pues ambos están legitimados constitucionalmente para actuar dentro de sus competencias y defender sus atribuciones constitucionales y reserva legal.

El problema real es la legitimidad real, efectiva o concreta de ambos tribunales. En efecto, así como no es posible argumentar en favor del silencio cómplice de los tribunales de Justicia en los tiempos de la dictadura en Chile, silencio que se ha enmendado, en alguna medida con las resoluciones avaladas por las normas internacionales que han permitido el encausamiento y condena en nuestros días, tampoco es posible dar el carácter de un órgano de prestigio jurídico al Tribunal Constitucional pues, más allá del mérito de muchos de sus integrantes en el ámbito judicial y jurídico, se trata de un órgano que se genera de manera política, entendiendo por tal decisiones de orden extrajurídicas, pues su integración se genera a propósito de acuerdos entre los dos grandes bloques políticos, de modo tal que en una ocasión elige un sector político y al siguiente el otro, de manera eficientemente alternada.

Al respecto la discusión acerca de la legitimidad o, si se quiere, la  mayor o menor juridicidad de los tribunales constitucionales, no es sólo en nuestro país, pero me parece que es del todo necesario, por la importancia del órgano, por el prestigio de muchos de los abogados y juristas (no todos) que forman y han formado parte en su integración, así como también por la necesaria confianza que debe existir en un órgano que tiene en su competencia la decisión de aspectos tan relevantes, que en lo inmediato se establezcan requisitos mínimos de méritos académicos, profesionales y jurídicos para que una persona lo integre y con ello me refiero a docencia universitaria, investigación, años de ejercicio profesional y no solamente titulación e, incluso, la necesidad de inhabilitar a ex parlamentarios, Presidentes y ministros de Estado, así como cualquier otro que haya representado cargos de origen popular o políticos, para que puedan acceder a tan alta magistratura y honor.