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Cuando la pega en el Congreso tiene sentido

Por Gabriel Boric domingo 23 de septiembre del 2018

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En temas de infancia tenemos tremendos desafíos. Ante las críticas de muchos, aceptamos trabajar a inicio de año en conjunto con diferentes sectores políticos, incluido el gobierno que extendió la invitación, en el Acuerdo Nacional por la Infancia. Creo que en esto, donde el bienestar de miles de niñas, niños y adolescentes está en juego, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo.

En este trabajo, donde han participado también actores de la sociedad civil, el Acuerdo va tomando forma y concretando las medidas en donde hemos sido parte. De las 8 iniciativas comprometidas por el Ejecutivo, entre proyectos de ley e indicaciones sustitutivas, 6 han sido ingresadas al Congreso para su tramitación. Respecto a la Protección Universal se han presentado medidas como mejorar Oficinas Locales de Infancia y fortalecer trabajo con las familias. En Protección se ha trabajado para transformar las residencias en hogares familiares y en Prevención en el diseño de un Sistema de Alerta Temprana.

Hace un par de semanas se presentó en la Comisión de Constitución el proyecto de ley que crea el Servicio de Protección de la Niñez que reemplazará al actual Sename en el área de protección, prevención y promoción de derechos de la infancia y adolescencia. Por eso el Acuerdo Nacional por la Infancia es tan relevante, porque se va concretando en este tipo de acciones.

Este nuevo Servicio busca entregar una protección integral a todos los niños, niñas y adolescentes. Entre algunas medidas concretas pretende aumentar los recursos, cambia la estructura de financiamiento, se parte de una lógica de derechos y no de sanción, mejora la oferta programática en función de las necesidades de los menores y no de la burocracia, se descentraliza el servicio, se exigen responsabilidades a quienes trabajen con los niños y niñas y se asegura su capacitación permanente, se establecen motivos y procedimientos de cierre para las instituciones que no cumplen sus obligaciones, la institucionalización queda como última alternativa y se fortalecen las familias de acogida especializadas, entre otras medidas. En el absurdo en que a veces tiende a transformarse el Congreso, todo esto me hace pensar que esta pega tiene sentido.

Todo esto me pone contento, porque de a poco se ven los frutos de un trabajo responsable. La crisis de la infancia en Chile debemos abordarla transversalmente y dejar de lado nuestras diferencias para dar prioridad a la calidad de vida de todos los menores.

Nuestra región no está fuera de esta crisis. Luego del cierre del Hogar Miraflores que tuvo como consecuencia el traslado de menores de Punta Arenas a Natales o incluso Santiago, hace unas semanas éramos testigos de la incertidumbre que se vivía por el cierre de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) en Punta Arenas. Finalmente se anunció que la oficina no cerrará y seguirá funcionando, esta vez en administración de la Gobernación Provincial de Magallanes. Más allá de que esto -por suerte no ocurrió- nos debemos poner en alerta. Si esto se hubiese concretado, ¿cómo nos haríamos cargo de esa demanda? El tema aquí es cómo el Estado, desde todas sus instituciones, puede garantizar la protección de los derechos de todos los niños, niñas y jóvenes, más allá de sus falencias. Creemos que con medidas de alerta temprana y descentralizando las decisiones esto puede mejorar.

Tenemos mucho por hacer, pero estamos avanzando para trabajar en que el Estado cumpla con el deber de proteger a todos los menores, especialmente los más vulnerables. Y nosotros estaremos para fiscalizar y aportar para que todos los compromisos que hemos adquiridos se cumplan.