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Días oscuros en Brasilia

Por Abraham Santibáñez sábado 10 de marzo del 2018

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Es una paradoja difícil de comprender: el político más popular de Brasil y que podría ser reelecto presidente este año, ha perdido todas sus apelaciones para no ir a la cárcel. La última posibilidad que le queda a Luis Inacio Lula da Silva es una apelación ante el Tribunal Superior Federal.

Este capítulo de la agitada historia sindical y política de Lula, empezó el año pasado cuando el juez Sergio Moro lo condenó por haber recibido un lujoso departamento “triplex” en Guarujá (Sao Paulo) a cambio de garantizar a la constructora OAS contratos con Petrobras.

El juez Moro, que se ha hecho conocido por su duro combate contra la corrupción, condenó a Lula en primera instancia a nueve años y medio de cárcel.

El ex Presidente y líder del Partido de los Trabajadores negó ser dueño de la propiedad. Su defensor aseguró que Moro no tenía pruebas concretas. Pero Leo Pinheiro, ex presidente de la empresa, dijo que Lula le había pedido destruir todos los documentos del inmueble y ocultarlos.

El complejo está ubicado en Av. General Monteiro de Barros 638, frente a la Playa de las Asturias. Los propietarios pueden disfrutar de lugares de uso común, como solariums, garaje para dos autos y seguridad privada. Durante el proceso se conoció una imagen en que Lula y Pinheiro aparecen en el edificio en el momento en que le estarían entregando las llaves. Actualmente, Pinheiro está condenado a 16 años de prisión por el caso Lava Jato.

Según Mark Weisbrot, presidente de la organización Just Foreign Policy, en un comentario publicado por The New York Times, “las pruebas contra Lula da Silva están muy por debajo de los estándares que habrían sido tomados en serio, por ejemplo, en el sistema judicial norteamericano”.

Ya antes, escribió este comentarista, con la destitución de Dilma Rousseff, “el imperio de la ley sufrió un golpe demoledor”. Su alegato es que la mayoría de las personas, tanto dentro como fuera de Brasil, cree que la Presidenta fue defenestrada por corrupción. Pero la verdad, insiste, es que en su gobierno se hizo aparecer el déficit en el presupuesto como menor de lo que era. “Es algo que otros gobernantes han hecho sin consecuencias”.

A estas alturas, es evidente que Da Silva, con una larga historia de luchas sindicales durante los años de la dictadura militar, nunca gozó del favor de los “poderes fácticos” de Brasil. De origen humilde, fue obrero y sindicalista y a mediados de la década de 1980 ocupó la presidencia del sindicato de los obreros metalúrgicos. Fue uno de los principales organizadores de las mayores huelgas durante la dictadura militar, que finalmente forzaron su término.

Después de tres intentos frustrados, en 2002 llegó a la presidencia. En su gobierno hizo reformas y cambios que transformaron social y económicamente a Brasil. El país triplicó su Pib per cápita según el Banco Mundial. Un punto clave fue la reducción de la pobreza. Al término de sus ocho años en el poder 52 millones de personas (el 27% de la población) se beneficiaban de Bolsa Familia. Tenía más del 80 por ciento de popularidad.

Sin embargo, las acusaciones de corrupción terminaron por llevarlo a su situación actual, asediado por la justicia y siempre con gran popularidad y mucha incertidumbre.