Necrológicas
  • José Cárcamo Galindo

Duro y doloroso informe

Por Abraham Santibáñez sábado 30 de noviembre del 2019

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En diez recomendaciones resumió Human Rights Watch el resultado de su investigación sobre los derechos humanos en Chile. El estudio fue demoledor: “Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos”.

Al revés de lo ocurrido con un informe similar de Amnistía Internacional, el gobierno y Carabineros optaron por tomarlo en serio. Nada garantiza, sin embargo, que habrá soluciones mágicas a las deficiencias. Además, prácticamente mientras HRW está en Chile, se confirmaron dos casos muy serios: la pérdida de visión del joven Gustavo Gatica, herido por balines policiales, y de Fabiola Campillai, golpeada por una bomba lacrimógena.

En una serie de recomendaciones, el organismo de Derechos Humanos propuso medidas de control “para investigar y sancionar abusos y el uso indebido de armas menos letales por parte de Carabineros”. Adicionalmente, pidió “hacer cumplir la prohibición vigente sobre desnudamiento de detenidos en protestas y sancionar a aquellos que continúen con esta práctica”.

Aunque también incluyó entre sus recomendaciones “que los carabineros cuenten con equipos de protección adecuados, tiempo de descanso y remuneración de horas extra”, HRW fue muy dura en la falta de entrenamiento de los carabineros en el uso correcto de las armas.

En buenas cuentas, los chilenos hemos sabido recién que la herramienta fundamental del Estado para controlar el orden público no es eficiente. Y no es un fenómeno nuevo. Desde el retorno a la democracia, la policía uniformada no se ha preparado como debía: no se preocupó de verificar el cumplimiento de sus protocolos básicos, no hizo cursos adecuados sobre derechos humanos y compró y usó armas letales sin comprobar si eran o no compatibles con el derecho a manifestarse de los ciudadanos.

Lo más grave es que, detectado el problema, no se vislumbra un mecanismo efectivo para solucionarlo. Es decir, no tenemos capacidad para garantizar el respeto de los derechos humanos, la principal exigencia de nuestra democracia.

En rigor, no es un tema nuevo.

Larga es la historia de los derechos humanos. El abogado Máximo Pacheco sostenía que para los creyentes el relato de la creación, en la Biblia, no dejaba dudas: “la dignidad del hombre y el conocimiento de sus derechos fundamentales, tienen en el cristianismo, su más trascendental afirmación”.

Otros comentaristas prefieren fechas menos remotas. Los hitos más notables son la Carta Magna (1215) y la “Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano” (1789). Pero, y así lo recordaba el propio Máximo Pacheco, fueron los horrores revelados después de la II Guerra Mundial los que motivaron la actualización de los principios básicos. En París, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Afirma, en su primer párrafo, que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Hubo un tiempo en Chile en que esta verdad pareció ni importar.

Se suponía que esa cruel visión había quedado atrás después de los muchos informes sobre la materia, empezando por el de la Comisión Rettig.

Ahora sabemos que más bien hemos retrocedido.