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El derecho de vivir en paz

Por Gabriel Boric domingo 12 de agosto del 2018

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La desigualdad tiene múltiples maneras de manifestar su presencia. Así lo dice el informe del PNUD, Desiguales, y es lo que vemos a diario en nuestro país y en nuestra región. La escasa oportunidad de acceder a una vivienda, de arrendar a precios justos o de optar a un subsidio del Estado, es el reflejo de una sociedad que necesita con urgencia intervenirse a sí misma para combatir estas injusticias y acortar la brecha social.

Cuando el “libre mercado” ahoga a familias que no tienen acceso a vivienda, impidiendo el libre tránsito de los bienes, eso se transforma en desigualdad. Eso lo saben muy bien cientos de magallánicas y magallánicos. Porque hoy la “clase media” no puede optar a una solución definitiva pues los bancos les dicen que son muy pobres para acceder a un crédito y el Estado les dice a su vez que tienen muchas lucas para obtener un subsidio para una vivienda social, obligándolos a arrendar a precios inflados, arrebatando cualquier capacidad de ahorro.

En Magallanes se muestran claros indicios de concentración de la propiedad urbana. Una gran cantidad de terrenos está en manos de un grupo pequeño de familias, provocando el alza de precios de terrenos y viviendas, lo que es muy preocupante. Ese monopolio inmobiliario, con el aumento de arriendo y ventas, innegablemente produce desigualdad mermando el desarrollo económico de la población, pero también afectando otros aspectos de la vida como la convivencia en comunidad.

El Estado debe generar ciertos mecanismos que permitan en estos casos bajar los precios para que sectores medios que hoy no pueden obtener una vivienda tengan la oportunidad de arrendar y comprar a precios justos. Esto acompañado de proyectos que contemplen viviendas sociales de calidad. No nos hace bien como sociedad imitar el modelo que se viene gestando desde los años ‘80, cuando las viviendas sociales comenzaron a construirse en la periferia de la ciudad para dar privilegio a los sistemas de producción empresarial, bajando los estándares de calidad de vida de quienes accedieron a estas “soluciones”, manteniendo las brechas de desigualdad que hasta hoy nos descomponen.

Debemos garantizar a su vez que la distribución de nuestras ciudades esté planificada adecuadamente, pensando no sólo en solucionar la adquisición de la vivienda, sino que todos los servicios asociados de cualquier familia estén pensados cuidadosamente en esa planificación: locomoción, cercanía a lugares de trabajo, acceso a colegios y jardines infantiles, centros de salud, áreas verdes, entre otros. No podemos hipotecar la calidad de vida por el fin último de construir casas. Sin ir más lejos: el barrio Archipiélago de Chiloé fue creado en la periferia de la ciudad, alejado de los servicios, con una escasa locomoción, pocos espacios de esparcimiento comunitario; ejemplo de segregación que finaliza con un estigma de delincuencia que no ayuda a la integración de vecinas y vecinos.

Tenemos la misión de mejorar los estándares para que el Estado a su vez deje de “priorizar” entre ricos y pobres para entregar sus beneficios, pudiendo acceder todos a servicios que son un derecho y no un bien de consumo como vivienda, salud o educación. La antigua Ficha de Protección Social y el nuevo Registro Social de Hogares sólo contribuyen a categorizar entre vulnerables y no vulnerables, pero no es un reflejo objetivo de la situación de los chilenos y chilenas.

Desde el Frente Amplio y Movimiento Autonomista trabajamos para que el acceso a la vivienda no sea un privilegio reservado para unos pocos, sino un derecho de todas y todos. Y para lograr ese objetivo que se ve un tanto lejano, tenemos que trabajar en conjunto con instituciones del Estado, autoridades, profesionales expertos, sociedad civil y por sobre todo con las vecinas y vecinos, y así lograr el tan anhelado “sueño de la casa propia”. Por cierto, a vivir en paz.