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Mina invierno y la transición energética en Magallanes

Por Gabriel Boric domingo 14 de julio del 2019

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Para comprender la actual crisis de Mina Invierno, es necesario tener clara la cronología del (o los) proyectos que Copec y Ultramar que han sometido a evaluación de impacto ambiental para desarrollar en isla Riesco. En 2010 Copec y Ultramar presentaron el proyecto Mina invierno, sin embargo, dos años antes habían ingresado el proyecto del puerto de la mina por separado, y aunque la empresa negó en reiteradas ocasiones que utilizaría tronaduras, en 2014 cambió de opinión y comenzó el proceso ante el Servicio de Evaluación Ambiental para utilizarlas. El no haber incluido las tronaduras en el proyecto original puede deberse a un tremendo error de planificación por parte de la empresa, o porque, actuando de mala fe, optaron por presentar los proyectos por separado y así eludir que el impacto ambiental del proyecto fuera evaluado en su totalidad. Más allá de la opinión de cada uno, lo cierto es que debido a este grueso error o el actuar de mala fe de la empresa, 230 personas han sido desvinculadas en lo que va de 2019. Esto es lo urgente y para lo que tenemos que encontrar soluciones en lo inmediato, pero este caso también nos debe hacer reflexionar a mediano y largo plazo.

Para analizar esta crisis en perspectiva, tenemos que tener claro que el mundo ha cambiado, que hoy ya no son aceptables los proyectos de inversión a cualquier costo sino que las empresas deben respetar el medioambiente y al mismo tiempo ofrecer condiciones de trabajo dignas a sus trabajadores. 

También sabemos que tanto por cuestiones económicas como medioambientales, las energías fósiles están llegando a su fin. Por una parte las energías renovables, especialmente la solar y eólica, hoy son más competitivas que el carbón, el gas y el petróleo, y por otra parte, la gran amenaza que significa el cambio climático para la humanidad hace urgente apurar el tranco hacia una transición energética que nos permita abandonar las energías contaminantes que son las responsables de más del 70% de los gases efecto invernadero. Pero debemos tener claro que una transición energética debe considerar tres dimensiones, la social, la ambiental y la económica. Por lo tanto, en su dimensión social, necesariamente deben existir políticas públicas que permitan la reconversión laboral efectiva de los trabajadores del sector de las energías fósiles que vayan perdiendo su empleo para que mediante un proceso ordenado sean capacitados y reubicados en el sector de las energías renovables u otros sectores. Esta reconversión laboral debe ser planificada y escalonada, es decir, comenzar mucho antes que la vida útil de los proyectos se cumpla y no cuando el fin del proyecto ya es una realidad. No fue el caso con Mina Invierno, y por esta razón no es posible hablar de “reconversión laboral” propiamente tal si se concreta su cierre en noviembre de este año, sino más bien tendríamos que hablar de planes de emergencia para al menos atenuar el conflicto social que significaría en la región que más de 500 personas queden sin empleo durante este año.

Este conflicto nos debe hacer reflexionar y actuar en dos dimensiones. Una es sobre las soluciones para la crisis que origina una desvinculación masiva como la que está ocurriendo en Mina Invierno sin un plan previo coordinado entre la empresa y el gobierno. La otra es sobre cómo evitamos que casos como este se vuelvan a repetir hacia el futuro. Para esto, resulta de vital importancia que la inevitable transición energética regional considere las variables sociales, ambientales y económicas antes mencionadas. En particular en la variable social, las empresas en coordinación con los gobiernos debieran ser responsables de la reconversión laboral de sus trabajadores por el cierre de los proyectos, ya sea por el cumplimiento de su vida útil o debido a la acción dolosa de la empresa.

Si Mina Invierno cierra en noviembre, la responsabilidad del cierre no será ni del Tribunal Ambiental ni de los grupos ambientalistas que se han opuesto al proyecto, la responsabilidad es absolutamente de la empresa que sea por error o por mala fe no incluyó en la planificación original del proyecto un elemento como las tronaduras que resultaron ser parte esencial para la viabilidad del negocio. Sin embargo, la responsabilidad de otorgar una solución a los más afectados de este conflicto, los trabajadores, es de la empresa, el gobierno y las autoridades regionales. Para esto último, y para planificar una transición energética regional en serio, estoy completamente a disposición.