Necrológicas
  • José Arturo Sotomayor García

Por una carrera docente que no excluya al profesorado

Esta semana se aprobó la idea de legislar el proyecto de Carrera Docente que proponía el gobierno. Nosotros estuvimos en contra. ¿Por qué?
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Por Gabriel Boric domingo 26 de julio del 2015

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Esta semana se aprobó la idea de legislar el proyecto de Carrera Docente que proponía el gobierno. Nosotros estuvimos en contra. ¿Por qué?

Desde nuestra visión hay dos problemas fundamentales con la propuesta. Por un lado se llevó adelante sin la participación real de los profesores y, por otro, mantiene una visión de mercado en el sistema educacional.

Al proyecto original se le hicieron modificaciones, que son valorables. A pesar de estos elementos que “considerados de manera aislada” son un avance, el marco general de la propuesta profundiza la lógica de mercado en educación, impone la competencia entre pares por sobre la colaboración y genera una sobrecarga de trabajo en formato de evaluaciones permanentes que no inciden en mejor capacitación ni calidad, ni tampoco se hacen cargo de lo que sucede en el aula. Por eso el rechazo.

El problema es que el proyecto concibe el rol del docente como el producto del trabajo individual. Es decir, orienta la labor del profesor a la competencia entre pares y a la evaluación estandarizada y le da poca importancia al contexto educativo de su trabajo. En el proyecto permanece intacta la idea del desempeño individual, donde la labor pedagógica no aparece como acción colectiva, ignorando la naturaleza misma de la profesión docente. Ésta, como muchos otros trabajos, se trata de equipos que logran objetivos en conjunto y no de individuos excepcionales que alcanzan metas individuales.

Por sobre estos problemas de fondo, en esta reforma a la Carrera Docente la tramitación ha sido torpe y errática. Nunca hubo real participación de los/as docentes en la elaboración del proyecto, por lo tanto, carecía de legitimidad social a la hora de legislarse. Y eso es grave; viene siendo sintomático en cada avance o reforma que propone la Nueva Mayoría: la producción de políticas públicas de espaldas a la ciudadanía. El protocolo firmado con la derecha el día antes de la votación “que, dicho sea de paso, no beneficiaba en nada a Punta Arenas, ya que aplicaba solo a establecimientos de educación básica con un 80% de niños prioritarios” fue el más claro ejemplo de este proceder. Una vez más se impuso la lógica tradicional partidista de acuerdos de cúpula entre cuatro paredes. Una vez más se ignoró el clamor de la ciudadanía. Esta no es la manera de hacer una reforma en educación.

La disposición a dialogar con las fuerzas sociales que apoyan los cambios es la única alternativa viable para el avance de la reforma. No podemos seguir en la lógica de que más vale un proyecto de mala calidad que se ajuste en el Congreso, frente a la posibilidad real de convocar seriamente a los actores a discutir transformaciones reales para una educación como derecho social. Aún estamos a tiempo de enmendar el rumbo.