Necrológicas
  • José Ramón Ampuero Guzmán

Un dilema necesario y urgente

Por Juan Francisco Miranda jueves 16 de mayo del 2019

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Construir consensos no es tarea fácil, y menos cuando hay visiones contrapuestas frente a un tema o proyecto, y mucho menos si se trata de una visión de sociedad o de un modelo de desarrollo. Es más fácil atrincherarse, marcarse, y cerrarse a escuchar a quien piensa distinto, y querer imponer nuestra propia verdad. Lo cierto es que las verdades muchas veces son relativas cuando los supuestos no son objetivos o no son imparciales.

Pero hay certezas que deberían ser comunes. Una de ellas es que el territorio magallánico, tanto terrestre como marino nos pertenece a todos en igual proporción y derecho en cuanto en su mayoría se trata de bienes fiscales (más del 60%). Los parques nacionales no son de Conaf, ni el territorio marítimo es de Directemar, no hay terrenos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, ni las reservas mineras ni petroleras son de propiedad de una empresa o particular. Se trata en algunos casos de simples administradores o de concesionarios que usufructúan las pertenencias del Estado. Insisto en que gran parte de Magallanes y de Chile pertenece al fisco y con ello a todos los chilenos.

El tema es que frente al dilema “más desarrollo económico o más medio ambiente” debiesen buscarse más certezas, pues nadie duda que para vivir en Magallanes se deben generar empleos de calidad y sostenidos en el tiempo, y también que por ser una región con importantes reservas ecosistémicas del mundo se debe cuidar para el futuro no sólo de nosotros sino que de la especie humana. Entonces, el desafío es encontrar un punto donde el desarrollo de una industria sea compatible con el cuidado del medio ambiente, ya que la simple consigna de generar empleo no basta cuando se trata de hipotecar o generar una zona de sacrificio, o un área sujeta a riesgos de contaminación ambiental.

Se trata de buscar consensos, para lo cual, los organismos o instituciones que administran o que deben según la ley cuidar el patrimonio estatal, deberían actualizar su información, ahondar en el conocimiento de sus territorios y definir las áreas frágiles o seguras para desarrollar cualquier actividad humana según escala y magnitud, pues nadie cuida lo que no conoce, y un privado no está obligado a hacerlo si el área es una macro zona donde los efectos se pueden observar o detectar más allá del área definida como influencia por el titular o sus efectos son atemporales.

La falta de conocimiento integral y multidisciplinario nos hace estar en un gran problema que aumenta el dilema, pues por ejemplo se ha escuchado que el Parque Torres del Paine tiene una capacidad de carga límite con cerca de 200.000 visitantes, y existe una industria que necesita seguir proyectándose y consolidándose si queremos dejar de ser una región explotadora de recursos no renovables. Pero si revisamos cómo en la actualidad se administra el principal parque de la región, veremos que lo que se ha hecho por abrir otras áreas es poco o reducido ya que los principales recursos van destinados a los planes de manejos de incendios, control de portería y mantención de senderos. Investigación pura y seguimiento ambiental parece una utopía con el puñado de funcionarios que el Estado tiene contratado.

Similar situación ocurre con los funcionarios ligados a administrar el recurso pesquero, que no cuentan ni con la infraestructura, ni con la tecnología para monitorear o fiscalizar el cumplimiento de la ley. En materia ambiental, suponemos que la institucionalidad funciona, pero no consideramos que la Superintendencia de Medio Ambiente la constituyen una jefatura y quizás un ayudante (¡dos personas!).

Entonces, cuando se trata de abrir nuevas áreas para el desarrollo económico y con ello generar más empleo y poblamiento, a esta presión legítima le hace falta considerar una presión similar que permita aumentar el conocimiento del territorio con un adecuado y mejor sistema de monitoreo y fiscalización sobre todo en áreas prístinas cuya recuperación en caso de contaminación o desbalance ecológico sería imposible.

Para seguir avanzando como sociedad es necesario el debate, el diálogo, y el consenso, pero por sobre todo la precaución, pues en los grandes desastres ambientales generados por el ser humano nunca hubo dolo, casi siempre imprudencia y negligencia acompañada de una “justificada” disminución de costos.