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Ex presos políticos magallánicos coinciden en que el mismo Estado que los encarceló debe reparar el daño

Por Andrea Coñuecar lunes 29 de junio del 2015

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El próximo 13 de julio se cumplen 45 días desde que se conformó la Mesa de Alto Nivel que -en la Región Metropolitana- pretende analizar el petitorio de reparación económica y esclarecimiento de casos judiciales demandados por más de cien presos políticos chilenos, quienes desde mediados de abril, se habían declarado en huelga de hambre líquida en diversas regiones del país.

Aunque, por motivos de avanzada de edad, muchos ex prisioneros de la dictadura fueron deponiendo esta medida de fuerza, lo que se mantiene en el espíritu de todos es el descontento general, por no ver cumplido el compromiso de los derechos humanos, en la agenda gubernamental.

Para Manuel Aguilante Barrientos, ex preso político y único ayunante magallánico, existen demasiados trascendidos que no han dado luces reales acerca del estado de avance o estancamiento en la llamada Mesa de Alto Nivel, razón por la cual -junto a un grupo de ex presos políticos de la región- decidieron autoconvocarse ayer domingo en la Casa de los Derechos Humanos de Avenida Colón, para analizar cuáles serán las medidas a seguir, a fin de lograr ser escuchados.

“Sabemos que la Mesa de Alto Nivel está sesionando por dos horas a las semana. La información oficial nos da cuenta que podría levantarse una nueva huelga de hambre en Concepción. Queremos decir que el preso político fue la persona que sobrevivió en los campos de concentración, pero detrás de él también tenía que sobrevivir una familia. Desde el primer día de la detención, las personas que estaban detrás del ex preso tuvieron que idear diversas maneras de ‘cómo parar la olla”, alimentar a  los hijos y vestirlos. Esa reparación no ha sido considerada por ningún gobierno y es lo que estamos demandando hoy”, asevera Aguilante.

La exigencia de los ex presos políticos es común y se refleja en diversos testimonios recabados por La Prensa Austral.

Para Eduardo Ojeda Alvarez, quien al momento de producirse el Golpe de Estado de 1973, ejercía el cargo de secretario regional del ex Mapu (Movimiento de Acción Popular Unitaria) en Magallanes, “todas las pensiones fueron arrebatadas al momento de ser sometidos a prisión política. Nunca se hizo justicia por eso y lo que se intentó reparar fueron más bien, pensiones mínimas. Por eso planteamos que si el Estado chileno es quien nos tuvo presos, el mismo Estado es el que debe reparar ese daño. Tuvieron que pasar más de 40 años para empezar a hablar de este tema, porque antes se hablaba de ello, prácticamente a escondidas”, asevera Ojeda.

Augusto Vera Velásquez, por su parte, era dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores el año 1973. Actualmente está ad portas de ser sometido a una operación al corazón, producto de las secuelas a las que tuvo que hacer frente, por la experiencia de tortura política. Cirugía que le implicará un gasto que no sabe si podrá costear en su totalidad. “Tengo 70 años -al igual que mi señora- y estamos todos con achaques terribles. En mi caso, voy a tener que ser operado al corazón y otras enfermedades que de acuerdo a la edad, me han ido perjudicando. Todas relacionadas al proceso que tuvimos que pasar como ex presos, tales como aplicación de electricidad y severas torturas. Eramos metidos dentro de pozos con excremento humano, que nos hacían tragar”, testimonia Vera, quien hasta hoy milita en el Partido Socialista.

Alega marginación

“Pensábamos que -de acuerdo al programa que la Presidenta Bachelet presentó al país- se podría avanzar en la reparación económica a los ex presos políticos. Sin embargo, lo que refiere a los derechos humanos no ha sido tomado en cuenta y eso es lo que nos está perjudicando”, acota.

Mario Muñoz Pardón, quien era funcionario público, cuando fue detenido justo el 11 de septiembre de 1973, afirma que la solución al petitorio que hoy representa Manuel Aguilante en Punta Arenas, no será de fácil acogida.

“En estos momentos hay hartas demandas sectoriales. Por ello, creo que esto va a costar, porque realmente es mucha gente que está solicitando este petitorio. Tengo entendido que sólo en Santiago hay alrededor de 600 personas que pasaron por Dawson. Por lo tanto, una reparación justa y que la compartimos, no será un proceso de fácil solución”.

Para Muñoz Pardón -quien sufre diabetes e hipertensión a sus 69 años- las razones base que explican que el petitorio de los ex presos políticos no sea escuchado, están basadas en que “desde que el capitalismo se instaló en la década de los 80’ y 90’, los privilegios sólo fueron recibidos por un sector, donde no estábamos incluidos”, sostiene.

Para Baldovino Vidal Ojeda, otro ex preso político detenido por su participación en el Frente de Estudiantes Revolucionarios (Fer) del Departamento del Mir (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), hoy se mantienen vigentes las diferencias entre quiénes fueron víctimas y victimarios de la dictadura. “Sólo si comparamos las cárceles donde estuvimos nosotros, con la cárcel cinco estrellas entregada por el ex Presidente Piñera, a quienes fueron responsables de las torturas sufridas por muchos ex presos políticos, ya podemos graficar la deuda enorme que todos los gobiernos democráticos, tienen con nosotros. No sólo se trata de reparación económica, sino también de que se haga justicia”, concluye.