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Alcalde Radonich restó valor a los 2.200 millones de pesos que liberará el Ministerio de Educación

Por La Prensa Austral jueves 21 de junio del 2018
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El 8 de junio la Corporación Municipal fue notificada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas del embargo de la suma de $627 millones 989 mil 703, más intereses, reajustes, recargos y costas por la deuda de créditos sociales con la Caja de Compensación La Araucana. Ayer durante la sesión del Concejo Municipal el jefe de gabinete de la Cormupa, Luis Almonacid, indicó que los embargos bordeaban los $1.000 millones.

En la oportunidad, la concejala Daniela Panicucci insistió que los problemas de la Corporación Municipal iban más allá de la falta de liquidez. Estos también se deben a  una gestión deficiente. “Espero que de aquí a que tengamos que pronunciarnos respecto del leaseback, tengamos claridad en relación a la deuda de la Cormupa, un documento serio con información porque si ustedes me preguntan a mí, yo hoy desconfío de lo que dice la Corporación. No hay leaseback ni inversión profunda que aguante cuando tenemos problemas de gestión”, precisó.

Panicucci dijo que la Caja de Compensasión La Araucana había solicitado el embargo de recursos por el no pago de asignaciones familiares. “Muchos preguntan y por qué se movilizaron ahora los profesores, se los digo acá, desde mayo de 2017 no se paga ningún peso. Las cargas de los trabajadores que pueden ser por cónyuges o por hijos no están. Dónde están los recursos, dónde está esta plata de los trabajadores, adónde se fue, se ha seguido aumentando la planilla, se ha contratado más gente no lo sé, porque no ha habido claridad. La deuda nominal ha aumentado en un 300% en el último tiempo”, subrayó. 

Leaseback la alternativa

El alcalde Claudio Radonich recalcó que el leaseback era la alternativa más viable para poner fin al desangramiento de la Corporación Municipal ya que la liberación de los recursos retenidos por la aplicación del artículo 54 de la Ley de Subvenciones sólo permitía el pago de la deuda nominal de las cotizaciones, vale decir no considera los intereses, reajuste ni gastos de cobranza.

La autoridad comunal añadió que para aplicar el artículo 54 tenía que repetirse básicamente las mismas condiciones que se produjeron en San Fernando acreditarse que hay un riesgo para la continuidad del servicio educativo. “Esto tiene que determinarlo la Contraloría General de la República, no es prerrogativa del ministerio disponer de estos recursos. Qué pasó finalmente que una de las partes se cumplió, es decir tener el informe favorable de la Superintendencia de Educación que indica que hay un riesgo, ahora se tiene que hacer un convenio de mandato de la Corporación con el Mineduc porque la idea es que esa plata liberada se utilice en el pago de esta deuda y esto debe ser revisado por Contraloría. De autorizarse estos fondos sólo se podrían utilizar para el pago nominal de la deuda previsional”, expresó.

El jefe comunal añadió que hoy el 45% de la deuda previsional corresponde a intereses, reajustes, multas y gastos de cobranza. “Con el leaseback tenemos el dinero para pagar toda la deuda, con intereses incluidos, esta acción que se está generando y que aún no tiene respuesta oficial por parte de la Contraloría respecto de la autorización para usar estos dineros retenidos está condicionado a justamente el pago nominal. Si alguien me hubiera dicho que los $2.300 millones son para pagar deuda, hubiera aplaudido, pero sólo hubiésemos pagado el 55%. El leaseback es lo estructural, lo otro es una colaboración”, recalcó.