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Anuncian próximo cierre de caso Rayen con nuevos imputados y más delitos

Por Elia Simeone domingo 19 de julio del 2015
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Otros delitos y nuevos imputados son las novedades que tiene en carpeta el fiscal regional, Juan Agustín Meléndez, para el caso Rayen.

A más de tres años de iniciada la indagatoria, el persecutor penal anuncia que, dentro de tres meses, cerrará la investigación, que se formalizó el 15 de mayo de 2014 con seis imputados, si bien la denuncia que dio objeto a esta causa data de mayo de 2012.

“No tenemos la menor duda de que acá hay ilícitos y que todas y cada una de las personas que estimamos que tienen participación van a ser formalizadas y acusadas”, aseguró Meléndez aludiendo a lo sucedido con esta empresa y las labores de limpieza encargadas por el gobierno regional tras el desborde del río de las Minas en marzo de 2012.

Pero, no sólo este caso ha ocupado al fiscal regional. Más que Rayen, Meléndez ha estado en la palestra por el desafuero del senador Carlos Bianchi Chelech.

Con fecha definida para la audiencia de preparación de juicio oral, el próximo 6 de agosto, el fiscal Meléndez tiene la convicción de que el parlamentario cometió ilícitos.

Más allá de estos ajetreos judiciales, Meléndez está pensando en su futuro, pues le quedan dos años al frente de la Fiscalía Regional.

Descarta de plano postular a suceder al fiscal nacional, Sabas Chahuán, al menos por el siguiente período y se allana a pensar en ello para ocho años más.

Cree que su impronta en Magallanes ha sido un trabajo en equipo y conseguir fallos inéditos en el actual sistema judicial chileno, como una sentencia por homicidio sin que se haya encontrado el cuerpo de la víctima.

Caso Bianchi

– ¿Cuán importante ha sido el caso Bianchi para usted y el que instancias judiciales, de alguna forma, se hayan pronunciado a favor de sus tesis?

– “Ya se terminó la etapa investigativa y ahora vamos a enfrentar un juicio oral. Este proceso tiene la especial característica que afecta a un senador en ejercicio, razón por la cual debíamos cumplir con un trámite previo que es el desafuero, lo cual nunca había solicitado la Fiscalía aquí en la región. Este paso se enfrentó con todos los argumentos y elementos de la carpeta investigativa reunidos en los últimos ocho meses. Y se cumplió con esa expectativa porque la ley en eso es muy clara: cuando una persona tiene estos cargos goza de un privilegio, vale decir, no puede enfrentar un juicio sin pasar antes por un control previo que lo ejerce el Poder Judicial, los tribunales de Justicia
Y, bueno, la Corte Suprema lo que hace es ratificar la convicción de la Fiscalía en orden a que los antecedentes son suficientes para enfrentar un juicio”.

– Sin embargo, esta etapa lleva a confusión, pues muchos pueden entender que, al conceder el desafuero, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema creen que hay antecedentes suficientes para una condena.

– “No es así y en eso hay que ser categórico: ninguna de las dos cortes ha condenado o absuelto a alguien. Sólo han ratificado lo que yo he señalado: que existen méritos suficientes para ir a juicio y que, por lo tanto, es en el juicio en que los tribunales tendrán que valorar la prueba que se produzca y, en base a ello, adoptar su convicción.

“Ahora viene el juicio y viene, legítimamente, el derecho tanto para la Fiscalía de ejercer la acción penal y producir su prueba como para la Defensa el ejercer sus argumentos y teoría del caso”.

– La defensa de Bianchi esgrime que este proceso se ha dado en un ambiente poco favorable, en medio de los escándalos de los casos Penta, SQM y Caval y que todo esto perjudica la postura del senador.

– “Tengo por principio y por convicción propia como abogado de siempre responder argumentos que son jurídicos. Nosotros, como Fiscalía de Magallanes, hemos investigado un caso en forma independiente a cualquier otra circunstancia o contingencia que exista en cualquier otro lugar. Es un caso que hemos investigado como hemos investigado todos, con mucha seriedad y, respecto de opiniones que no sean jurídicas, no tengo nada que responder”.

– Empero, Bianchi ha insistido en que la clase política, el mundo del poder ha preferido sacrificarlo a él, que no tiene militancia política ni partido que lo apañe.

– “Insisto: en el ámbito político me muevo muy mal, no tengo idea de temas de esa índole ni de conveniencias, de posiciones aquí, de posiciones allá. Yo soy apolítico, nunca he pertenecido a un partido político, me he desempeñado toda mi vida en el servicio público y, por lo tanto, ese tipo de opiniones deben ser manejadas por quienes se mueven en tal esfera.

“Yo me baso en hechos, en cuanto a si un determinado hecho, una determinada conducta es o no un ilícito. Si la Fiscalía llega a la convicción de que determinados hechos son ilícitos, tiene la obligación legal y constitucional de llevar a los tribunales esas situaciones, independientemente quién sea esa persona. Así es nuestro sistema”.

– El senador Bianchi ha planteado que, precisamente, para evitar incurrir en una conducta ilícita consultó en forma previa al Senado si podía o no celebrar el contrato de arrendamiento en cuestión con un familiar y que tiene respuestas de dicha corporación que avalan su posterior actuar. Llama la atención que la Fiscalía no haya considerado esto y que dichos documentos no tengan un carácter exculpatorio.

– “Esos son antecedentes de la Defensa y, seguramente, van a ser presentados y deberán ser valorados por los tres jueces, quienes tendrán que establecer qué valor le dan a tal documento en cuanto a que es en el sentido que le da la Defensa o es en otro sentido. El argumento de fondo nuestro no lo puedo adelantar. Nosotros ya hicimos la aclaración del contenido de esos documentos. En dos palabras, lo que se dijo en las cortes es un principio general y no me refiero al documento porque al documento no me voy a referir: en el Derecho Público se puede hacer solamente aquello que está permitido y eso es lo que hay que buscar, si está permitido o no realizar determinada conducta”.

– ¿Y en este caso no estaba permitido?

– No, yo
eso lo va a ver el tribunal. Voy a ir a las figuras penales como cualquier otro delito y me voy a poner yo como ejemplo: los que estamos en el servicio público no estamos habilitados para ir a comprar especies robadas a otro lado, pero fíjese que no hay ninguna normativa interna que a nosotros, como empleados públicos, nos prohíba ir a comprar especies robadas a otro lado, pero si cualquier empleado público va a comprar cosas robadas comete el delito de receptación. No necesita estar autorizado para hacer eso.

“Por lo tanto, las negociaciones incompatibles están establecidas en el Código Penal, la prohibición está en el Código Penal; el fraude al fisco está establecido en el Código Penal; los delitos de robo están en el Código Penal; todos los ilícitos están en el Código Penal y la prohibición está establecida allí y son para todos”.

– A su juicio, entonces, ¿qué ocurrió con el senador? ¿Hubo una acción consciente de querer burlar la ley?

– “No me puedo pronunciar respecto de lo que él quiso o no quiso hacer. Insisto: los argumentos de fondo sólo los puedo esgrimir en el juicio y no puedo dar una especie de alegato de apertura previo al juicio. Tengo la convicción que es muy necesario mantener un respeto hacia los jueces que van a conocer del caso y nunca me ha parecido conveniente hablar de los temas de fondo previo a un juicio”.

– Respecto de quien presentó la acusación, ¿no cabría perseguirlo como encubridor, toda vez que habría compartido arriendo en su calidad de parlamentario y habría sabido por algún tiempo lo que estaba haciendo el senador?

– “No tenemos antecedentes de esa naturaleza en la investigación; tampoco tenemos denuncia hecha en ese sentido. Tenemos una denuncia que está presentada en otra circunstancia”.

– ¿Tuvo la oportunidad, en algún momento, el senador de plantear devolver lo supuestamente defraudado y poner fin al caso?

– “El sistema procesal que nos rige contempla salidas alternativas que permitan cerrar un proceso no sólo con una sentencia. Puede ser una suspensión condicional, un juicio abreviado, un juicio más corto, que incluye una sentencia, y otras más. Pero, dentro de lo que usted señala, la pregunta sería entendida como una posible suspensión condicional. En ese sentido, la Fiscalía tiene una normativa interna muy estricta que es que, en caso que se pretenda a una salida de suspensión condicional en casos de corrupción en términos genéricos-, debe ser propuesto por el fiscal regional a la Unidad de Corrupción de la Fiscalía Nacional, que debe emitir un informe técnico favorable. Esa sería la única posibilidad que se pudo haber dado”.

– ¿Nunca fue una materia tratada?

– “Nunca fue materia de conversación”.

– Considerando lo que arriesga Bianchi, ¿ahora no se puede hacer?

– “Técnicamente, esa suspensión es viable no en este caso- en cualquier caso hasta la audiencia de preparación de juicio oral. Hasta esa audiencia es viable y, como siempre, sujeto a condiciones”.

– Como fiscal, ¿ve condiciones para aquello?

– “No tengo ningún pronunciamiento sobre el tema, porque nunca ha sido tema”.

– El abogado Mauricio Daza le lanzó una advertencia respecto de que no osara pedir el desafuero porque, si lo hacía, debía atenerse a las consecuencias de un mal paso, de un actuar, a su juicio, irresponsable. ¿Pesó aquello en su posterior actuación? ¿Se sintió amedrentado?

– “Jamás me hago cargo de comentarios que no son jurídicos. Ese comentario que usted me acaba de referir carece de cualquier sustento jurídico. Por lo tanto, no le puedo dar ningún valor. Es un comentario que no es jurídico y, para mí, no es relevante.

“Lo único que le puedo decir es que la solicitud de desafuero fue conocida por 21 ministros (cuatro ministros de la Corte de Apelaciones y 17 de la Corte Suprema), de los cuales 19 estuvieron por el desafuero. O sea, respuesta más contundente que esa no le puedo dar y la gracia que tiene esto es que los ministros de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema sí hacen esto con argumentos jurídicos. Para mí, eso es lo que vale y no otros comentarios que no tienen validez y que son ajurídicos”.

– ¿Usted ha usado este caso para lucimiento personal?

– “No, yo estoy haciendo mi trabajo, el cual estoy obligado a hacer y en el cual uso todas mis competencias”.

– ¿No sopesa la Fiscalía el daño que le puede hacer a la región, en el caso de que Magallanes quede sin un senador?

– “No sabía que ese podría ser un argumento, pero le contesto igual: si un hecho es un delito independiente de quién lo cometa, debe ser perseguido. No existe ninguna norma legal que señale que hay ciertas personas que no pueden ser perseguidas por ese u otro motivo de conveniencia. Las leyes están hechas para todos”.

Caso Rayen:  ampliarán
delitos y formalizados

– ¿Qué pasa con el caso Rayen? Ha pasado mucho tiempo y es este tipo de situaciones que lleva a la ciudadanía a cuestionar por qué la Fiscalía se toma tanto tiempo.

– “Me atrevería a decir que éste es el caso de mayor complejidad que ha tenido la Fiscalía. Es una enormidad de antecedentes (y muestra muchísimos archivadores desplegados por toda su oficina)
Eso que está ahí es parte y abajo en la bóveda hay más. Vamos en el tomo 35. Ha sido de una absoluta complejidad, pero ya estamos en tierra derecha. Estamos haciendo una nueva evaluación de todos los antecedentes, hemos realizado algunas diligencias bien trascendentes, recibimos una nueva querella de parte del Servicio de Impuestos Internos en marzo y ahora se agregó una arista tributaria a los delitos que se están investigando”.

– ¿La querella es contra la empresa?

– “Sí. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos se nos sumó ahora a todos los antecedentes que llegamos a recabar”.

– ¿Evalúan nuevas formalizaciones?

– “Sí, estamos evaluando nuevas formalizaciones por otras figuras delictivas y por otras personas más también. Esta causa se va a cerrar este año. De aquí a tres meses, se cierra sí o sí”.

– ¿Cuál es la convicción que se ha formado la Fiscalía en torno a este caso?

– “Aquí hay ilícitos, ya hemos formalizado algunos y de otras más de acuerdo a cómo nos ha ido llevando la investigación. No puedo revelar nombres”.

– ¿Cuáles son las diligencias tan determinantes que han realizado?

– “No puedo darle indicios. Hemos tenido antecedentes nuevos muy relevantes, que son muy interesantes y que nos permiten definir la investigación”.

– ¿Qué figuras delictuales nuevas surgieron?

– “Delitos tributarios y, por ahí, otras más”.

– Cuando dice que habrá nuevos formalizados, ¿de cuántas personas está hablando?

– “No puedo decir nada”.

– Está muy críptico, pero lo que no fue nada críptico fue la acusación pública del abogado Soler en su contra, cuando en una querella contra Storaker, aseguró que el entonces intendente se ufanaba de que estaba coludido, conversado con usted de que él no iba a ser tocado en el caso Rayen.

– “No sé de qué me está hablando”.

– Más allá de quién lo dice, ¿qué hay respecto del fondo, en cuanto a que, existiendo un gobierno de turno, pueda haber una complicidad para que un intendente no sea tocado? ¿La Fiscalía se deja presionar?

“No, no. ¡Para nada! Este fiscal no se deja presionar. Tratándose de una investigación que está en curso, no puedo emitir ninguna opinión, porque podría ser malinterpretada, sacada de contexto e, incluso, alguien podría pedir mi inhabilitación. Por lo tanto, la investigación de Rayen sigue su curso, muy estricta y muy apegada a lo que nosotros entendemos de los ilícitos que se han cometido. No tenemos la menor duda de que acá hay ilícitos y que todos y cada una de las personas que estimamos que tienen participación van a ser formalizadas y acusadas en su momento”.