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Cogler: “Dentro de la gobernación existen protocolos internos y no había existido ningún reclamo para la activación de éstos”

Por La Prensa Austral jueves 9 de agosto del 2018

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La autoridad provincial manifestó que esperaba que la investigación continuara de la mejor forma posible y que eran los más interesados en prestar todos los antecedentes.

La Contraloría Regional dispuso que la intendenta María Teresa Castañón deberá iniciar un procedimiento disciplinario en contra del gobernador Nicolás Cogler Galindo, luego de una denuncia formulada en abril pasado por la ex funcionaria de dicha repartición, la trabajadora social Adriana Garay Penna, contratada a honorarios.

La desvinculada empleada pública denunció ante el órgano contralor a la autoridad provincial por acoso laboral. Cabe hacer mención que dicha conducta se encuentra regulada por diversos dictámenes, y dice relación con todo acto o conducta que afecte la dignidad de la persona ejercida por el empleador en contra del trabajador.

Cogler añadió que respecto de lo que expresa Contraloría respecto de la denuncia formulada por Adriana Garay en su minuto, es que no hubo nunca un vínculo laboral entre la gobernación provincial de Magallanes y la persona. “De todas maneras nosotros pagamos lo que correspondía a los días trabajados y luego de eso se le notificó la no continuidad de sus servicios. En relación a la investigación, el informe señala que deriva la investigación al superior jerárquico, vale decir la intendenta, para que ésta continúe con el proceso. Nosotros vamos a esperar que esto continúe de la mejor manera posible, somos los más interesados en prestar todos los antecedentes que correspondan ante estos hechos”, aseguró.

La autoridad precisó que dentro de la gobernación había protocolos internos y añadió que no había existido ningún reclamo para la activación de éstos. “Lo que sí hubo fue una presentación a Contraloría en donde se manifestaban tres cosas: primero, que se le había llamado la atención en un comité, llamada de atención que corresponde a cualquier persona que está realizando su trabajo y espero que esté concentrado; segundo, que se le exigía un acta respecto de la sesión, 48 horas después de que se haya efectuado la reunión, y tercero, la presentación que hace la persona que trabajaba dentro de la gobernación a través de un programa, es el control del ingreso después del horario de colación y eso tiene una pertinencia de cada jefe de servicio, controlar el horario de ingreso, si es que se demora dos horas”, puntualizó.

Trabajadores sociales

Sobre el tema, el Colegio de Trabajadores Sociales de Magallanes AG. junto al Colegio de Trabajadores Sociales de Chile AG., emitieron una declaración publica donde enfatizan acerca de la precariedad laboral en el sector público, tanto a nivel nacional como en Magallanes, atendido a los despidos desmedidos que han denunciado sus miembros, así como a las malas prácticas al interior de los servicios públicos como el acoso laboral, situación que rechazan rotundamente.

Por tal motivo, frente a la actuación de Contraloría de recomendar el inicio de una investigación disciplinaria a la primera autoridad provincial, dada la situación vivida por una profesional del Colegio de la Orden, la entidad gremial solicita que esta investigación se lleve adelante con toda la rigurosidad administrativa que ello conlleve y se respete ante todo la dignidad de la persona afectada, procurando que al interior de los organismos públicos prevalezcan el buen trato, se sancione y se elimine cualquier tipo de violencia contra los y las trabajadoras del Estado, estableciendo acciones preventivas y de apoyo para las víctimas.

Finalmente, repudiaron los despidos injustificados salidos a la luz pública en los últimos días en diversos servicios públicos como la secretaría regional ministerial del Deporte, Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), donde se han visto afectados profesionales y técnicos con gran trayectoria en la gestión y promoción de los programas sociales que contribuyen en el bienestar de las personas y familias más vulnerables.