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  • José Arturo Sotomayor García

Con denuncias de amenazas, aprobaron compra de terrenos de parientes de Morano y Boric

Por Carolina Ruiz martes 14 de julio del 2015
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Tras una fuerte disputa, con acusaciones de amenazas de parte de un consejero regional, se puso fin a la polémica por la aprobación de la compra de terrenos para viviendas sociales, entre los cuales se encontraba el lote perteneciente a familiares de los diputados Juan Morano y Gabriel Boric.

Luego de varios meses a la espera de su aprobación, finalmente se logró que los terrenos se presentaran por separado, para que sean votados en forma individual por los consejeros.

Fue así que, en primer lugar, se decidió de forma unánime, el pronunciamiento favorable para la adquisición de terrenos correspondientes al Lote A1 – X – 2, por un monto superior a los $70 millones, que irán con cargo a los recursos Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2015.

Tras la aprobación, el consejero Alejandro Kusanovic hizo uso de la palabra, señalando que se iban a votar cuatro compras de terreno e instando a sus pares a avanzar en este punto que beneficiaría a cientos de familias. “Si alguien detecta una irregularidad en éste o cualquier otro proyecto, debe responsablemente denunciarlo ante la Fiscalía o la Contraloría. No podemos hacer una caza de brujas por suposiciones o prejuicios”, señaló.

Después de la intervención, fue el turno de los otros terrenos, uno de ellos ubicado en Puerto Natales, por un monto superior a los $650 millones; y otro en el sector norte de la ciudad, por un monto superior a los $972 millones; ambos aprobados por los consejeros regionales.

Polémica

El punto álgido de la sesión se produjo cuando llegó el turno de sancionar el polémico terreno, ubicado en prolongación José Martínez de Aldunate, Hijuela 36, sector sur poniente, propiedad de Buchner, Boric y López, dos de ellos parientes de los diputados magallánicos, Juan Morano Cornejo (DC) y Gabriel Boric Font (Independiente), por un monto superior a los $1.140 millones.

Previo a la votación, el presidente del Consejo Regional, Ramón Lobos, explicó las causas que lo llevaron a abstenerse del pronunciamiento. “Hoy se nos pide una decisión política en un ámbito en que se nos entregan argumentos técnicos, una decisión compleja por consideraciones que van más allá de las meramente técnicas que la compra implica”, afirmó la autoridad, agregando que, no es sólo la compra la que está en análisis, sino que también se debe considerar a quién se le compra. “¿Por qué? Simplemente porque el ente técnico así lo consideró desde que lo presentó por primera vez”, precisó Lobos.

Por otro lado, indicó que no existe una regulación para tratos del Estado con familiares de personeros relevantes de la política nacional, a diferencia suya en que claramente se les señala que deben inhabilitarse de decisiones en que se involucre a sus familiares. “Faltan reglas claras de cómo proceder y esa es la invitación a nuestros legisladores, para resolver estas situaciones que de seguro se van a producir”, puntualizó.

El discurso realizado no cayó bien en el consejero (DC), Tolentino Soto España, quien señaló que las palabras debían haberse dicho después de la votación. La opinión fue compartida por su par (DC), Miguel Sierpe y el ahora independiente, Antonio Ríspoli, quienes hicieron ver a Lobos que su declaración estaba fuera de lugar.

Llegado el momento de votar, la moción fue aprobada por seis votos a favor, de los consejeros Roberto Sahr, Miguel Sierpe, Antonio Ríspoli, Alejandro Kusanovic, Francisco Ros y Tolentino Soto; y cinco abstenciones, correspondientes al presidente, Ramón Lobos, las consejeras Patricia Vargas y Antonieta Oyarzo, y los consejeros Rodolfo Moncada y Marcelino Aguayo. (Los otros consejeros no asistieron a la sesión).

Amenazas

Fue al momento de explicar sus respectivas votaciones, en que aquellos que se abstuvieron de aprobar o rechazar salieron en apoyo del presidente, Ramón Lobos, al tiempo que la consejeras, Patricia Vargas y Antonieta Oyarzo, denunciaron haber sido víctimas de amenazas.

“Hubo integrantes que, en los dos meses de trabajo, nunca participaron para darle una solución de vivienda a los habitantes de Magallanes. No quiero nombrar para no ahondar en el problema, pero no me parece que porque nosotros decidamos un tema de principios que es personal se nos juzgue de la manera en que se nos está juzgando, porque no hemos querido autorizar un terreno. (…) Los que estuvimos trabajando en comisión durante dos meses no fueron precisamente los que hoy nos están increpando”, precisó Vargas, dando paso a lo ocurrido en una de las comisiones.

“Lamento que esta situación se produzca, pero no le voy a permitir a nadie, porque la semana pasada un consejero regional, que tampoco voy a decir quien fue, nos amenazó a los consejeros que íbamos a tener una postura distinta. Y yo no aguanto que nadie me amenace. Los únicos que me pueden decir algo son los ciudadanos y yo sabré qué responderle a ellos”, agregó.

Por su parte, la consejera (PS) por Ultima Esperanza, Antonieta Oyarzo, también acusó haber sido víctima de amenazas. “Es cierto, y yo no puedo negar, que el ambiente en que se ha desarrollado el análisis de este proyecto, específicamente, de este terreno, no ha sido el más agradable. Yo creo que es importante defender las ideas con convicción, pero siempre con respeto, porque lo más importante cuando uno quiere convencer a alguien de que su opinión es la mejor, es tratándolo con respeto pero no con hostilidad, agresividad e incluso amenazas. A mí ese no me parece el mejor camino, porque con eso lo único que se hace es reafirmar que uno está en lo correcto”, explicó la consejera.

Más tarde, su par Antonio Ríspoli señaló que las amenazas y maltratos hacia las consejeras no habían sido tal. “Creo que acá las cosas hay que decirlas por su nombre y sé que los que se abstienen en este momento es porque los terrenos son de Morano y Boric”, afirmó.

No obstante, Marcelino Aguayo salió en apoyo de las consejeras, señalando que: “es una pena tener que hacerme cargo de esto, pero efectivamente, cuando hay personas que llegan y de una forma matonesca tratan de amenazar a los demás, creo que es una actitud muy cobarde, que uno debe reconocer. Y eso fue, ‘Se van a arrepentir de…’ Y yo estaba ahí, así que no me puedo hacer el tonto. Efectivamente, eso ocurrió”.

Beneficiados

Tras la aprobación, el secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Fernando Haro, destacó la decisión del Consejo Regional. “Acá se ha hecho justicia a la equidad territorial, no solamente radicando todo en el terreno en cuestión, sino también en la diversificación que van a tener la aplicación de los programas habitacionales en la ciudad de Punta Arenas”, precisó el seremi.

Por su parte, la dirigenta de las agrupaciones de vivienda, Roxana Gallardo, señaló que: “la mayoría de las familias a las que representamos están felices, porque hay muchos grupos que están trabajando, pero siempre se encuentran con la piedra de tope de que no hay terrenos urbanos. Así que ahora se puede armar un diseño y el Serviu puede comenzar a trabajar de forma seria en eso e incluir grupos que ya están trabajando desde hace 3 ó 4 años en el tema”.

Según los plazos anunciados por la autoridad de vivienda, se espera que las casas puedan estar entregándose dentro de, aproximadamente, 14 meses.