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Constructora Alcarraz acusa de incumplimiento a Comando de Bienestar del Ejército y lo demanda en 5.417 millones de pesos

Por La Prensa Austral miércoles 27 de febrero del 2019

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Otros tres proyectos habitacionales, por más de 23 mil millones de pesos, quedaron sin ejecutar en Punta Arenas, sumado a la villa Pudeto II, cuyas obras se encuentran inconclusas.

Convulsionados días viven tanto la empresa Alcarraz como sus ex trabajadores y las familias militares mandantes del proyecto habitacional villa Pudeto II, cuyas obras se encuentran abandonadas en la prolongación Enrique Abello, luego de que las partes denuncian una serie de incumplimientos.

En medio de este conflicto, la Constructora Alcarraz demandó al Ejército, específicamente a su Comando de Bienestar, con asiento en Santiago, a quien acusa de ser directamente responsable de la debacle financiera que lo tiene al borde de la bancarrota.

Jaime Patricio Alcarraz Ulloa, representante legal de la empresa, interpuso el pasado 17 de enero una demanda de indemnización de perjuicios ante el Duodécimo Juzgado Civil de Santiago.

En lo medular, la constructora aspira a que el Comando de Bienestar del Ejército, representado por el Consejo de Defensa del Estado, sea condenado por su responsabilidad extracontractual por falta de servicio, a pagar una indemnización por la suma de 5.417 millones de pesos, que corresponde a los perjuicios reclamados.

La constructora Alcarraz nace en febrero de 2012, en la Región de Los Ríos, aunque antes de ello había ejecutado obras de gran envergadura en la ciudad de Valdivia. Su prestigio en el negocio inmobiliario la llevaron a posicionarse ante el Ejército como una empresa seria y confiable, asumiendo la responsabilidad de proyectar y edificar una serie de conjuntos habitacionales destinados al uso y goce de su personal. Así, de este modo, en 2014, se dio el puntapié a la ejecución de una población militar en la ciudad de Porvenir.

Los requerimientos en materia habitacional al interior del Ejército, llevó a las partes a celebrar una serie de contratos de construcción a suma alzada, los cuales se desarrollaron en diversas ciudades del país, en la que el Comando de Bienestar tenía la calidad de financista y coordinador.

En la práctica, el Ejército, por intermedio de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda, se encargaba de financiar las obras cuyo diseño, proyección y propiedad correspondía a las agrupaciones que conformaban los funcionarios del Ejército que a la postre se convertirían en los propietarios de dichas viviendas.

Los contratos suscritos

Al alero de las relaciones contractuales entre ambas, el 29 de julio de 2014 se firmó el contrato de construcción de la agrupación habitacional Altos del Estrecho, para la construcción de 60 viviendas en la ciudad de Porvenir.

Luego, el 11 de noviembre de 2015, vendría la construcción de la población Pioneros de Natales, con 60 viviendas.

El 29 de noviembre de 2015, se suscribió el contrato para la creación de la villa Pudeto Uno, en calle Enrique Abello, Punta Arenas, para la construcción de 112 viviendas.

El 8 de enero de 2016 se acordó construir un conjunto de 200 viviendas y un Strip Center, ambos en la ciudad de Arica. El 16 de diciembre vendría la edificación de otras 170 casas también en Arica. Los dos proyectos habitacionales correspondieron a la agrupación “Sol del Norte, etapas 1 y 2”.

También la empresa figura construyendo soluciones habitacionales en la ciudad de Coyhaique, contrato suscrito el 24 de enero de 2017 y que corresponde al proyecto “Los Torreones”, con 230 viviendas.

Y, por último, el 5 de septiembre de 2017, Alcarraz firma sus dos últimos contratos en Punta Arenas: la ejecución de obras de urbanización de la villa Pudeto II, lo que daría paso a la construcción de 136 viviendas.

La empresa hace presente que en cada uno de estos contratos, asumía la calidad de ejecutor del diseño y construcción de diversos conjuntos habitacionales y sus respectivas obras de urbanización para las agrupaciones, quienes jurídicamente asumían la calidad de mandantes.

Sobre el pago de los contratos, la demandante acusó incumplimiento del Comando de Bienestar, que fue cancelando las facturas con retrasos de hasta 40, 50, 60 o más días, generando con ello una larga cadena de perjuicios. Sólo un porcentaje mínimo fue pagado en el plazo que correspondía.

Proyectos comprometidos

Pero a juicio de la constructora, no es el único incumplimiento cometido por el Ejército, pues como consecuencia de su falta de servicio ha generado severos perjuicios a la constructora en lo que dice relación con la no ejecución de proyección previstos, comprometidos y algunos de ellos adjudicados a la demandante.

Dentro de los compromisos adquiridos, Alcarraz se encontraba ejecutando al menos tres obras, proyectos que, en total bordean los 23 mil millones de pesos, los que hasta el día de hoy no tienen fecha cierta de inicio, ni menos una época razonablemente predecible en la que comenzarán.

En el corto y mediano plazo, la empresa tenía proyectado construir un estimado de 1.450 viviendas en la ciudad de Punta Arenas, en virtud de los compromisos adquiridos con el Comando de Bienestar del Ejército, pues a la villa Pudeto, etapa II (obras actualmente paralizadas), se sumaba la construcción de la villa Pudeto etapa III, Glaciares de la Patagonia I y Glaciares de la Patagonia II.

Sólo la etapa III de villa Pudeto tenía asignado un valor de 8.100 millones de pesos.

“La demandada (Ejército) no puede negar que a la hora de negociar los contratos de construcción, fue ella misma quien, en conjunto con las agrupaciones habitacionales, para efecto de obtener un menor valor por vivienda, comprometió la ejecución de los contratos ya suscritos, sumado a los de Glaciares de la Patagonia I, Glaciares de la Patagonia II y villa Pudeto III. Existen múltiples probanzas que darán fe de que dichas etapas fueron comprometidas en su oportunidad, dejando hoy en día la sensación de haber sido defraudados en las negociaciones de la ejecución de los diversos proyectos, puesto que la demandada se niega a dar el visto bueno a los mismos para su partida”, se argumenta en el escrito.

En atención a los serios problemas financieros que arrastra la empresa Alcarraz, ésta hoy figura en Dicom, sumado ello a la nula posibilidad de operar en instituciones bancarias. Este escenario generó retrasos en los pagos de las leyes sociales a la que está obligada para con cada uno de sus trabajadores.

Hasta 500 trabajadores tuvo contratados la empresa para sus diferentes obras. Esta aduce que debido a los retrasos históricos de pagos en que cayó el Ejército, debió asumir con su propio patrimonio un costo que alcanza la suma de 371 millones de pesos.

El pasado 7 de febrero, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Comando de Bienestar del Ejército, fue notificado del contenido íntegro de la demanda.

Ejército: “Pago de finiquitos de trabajadores es de responsabilidad de la constructora”

Frente a la paralización de labores y movilizaciones de los trabajadores contratados por la empresa Alcarraz Ltda. para la construcción del proyecto habitacional “Pudeto II”, en razón de los atrasos en el pago de sus finiquitos, el Comando de Bienestar del Ejército, a través de una declaración oficial, reiteró la obligación que le asiste a esta constructora de cumplir con los acuerdos adquiridos con sus trabajadores.

“Es necesario precisar que las obligaciones de pago de finiquitos laborales de los trabajadores reclamantes, no es responsabilidad de los mandantes (comunidad Pudeto II), como tampoco de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército, sino que, es de directa responsabilidad de la empresa Alcarraz”, señala la versión castrense.

Sobre la génesis de este proyecto habitacional, este nace de la organización de un grupo de integrantes del Ejército reunido voluntariamente y que dio lugar a la creación de una sociedad de carácter privado, con personalidad jurídica. Es así como esta comunidad contrató los servicios de la empresa Alcarraz, a través de la cual, ponen en marcha el proyecto inmobiliario “Pudeto II”, en calidad de mandantes y empleando como plataforma de financiamiento a la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército.

El comunicado añade que los integrantes de la comunidad Pudeto II, asesorados por la seremi del Trabajo, han cumplido con el régimen de subcontratación como lo regula el Código del Trabajo. “Se ha hecho efectivo el derecho de información y pago por subrogación a los trabajadores de la constructora Alcarraz, cumpliendo la normativa vigente, lo que permitió la regularización previsional y de remuneraciones que afectaba a los trabajadores”, cuya obligación recae directamente en la empresa Alcarraz.