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Contraloría detectó falta de fiscalización de Conaf en sectores concesionados de Torres del Paine

Por La Prensa Austral martes 26 de diciembre del 2017

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A través de una auditoría se advirtieron múltiples irregularidades por parte de la Corporación Nacional Forestal regional en la Octava Maravilla del Mundo, relacionadas con pagos inoportunos de empresas que ahí operan, como también que
la oficina del organismo no cuenta con información referida a fiscalizaciones por parte de organismos públicos.

Roberto Martínez Arriaza

rmartinez@laprensaaustral.cl

La Contraloría Regional de Magallanes dio a conocer los resultados de una auditoría efectuada a la dirección regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la cual se revisaron los convenios celebrados con los operadores de los refugios existentes en el Parque Nacional Torres del Paine, de acuerdo a las cláusulas contractuales, con el objetivo de que la entidad fiscalizadora ejerza las facultades sobre administración y funcionamiento que le competen sobre la Octava Maravilla del Mundo.

En el documento, que es público, se constató una falta de fiscalización durante el año 2017, por parte de aquel organismo gubernamental, al sector donde se localiza la concesión con la empresa Vértice S.A., por el servicio de alojamiento en albergue y área de acampar, para caminantes de la zona primitiva, ubicado en la zona de Paine Grande, infringiendo lo consignado en la cláusula 39, del título IX, sobre el control e inspecciones, del contrato de concesión por dicho servicio.

Asimismo, se verificó la falta de documentación respecto al cambio de uso del sector de pastoreo, respecto a dicha empresa turística en las cabalgatas con ejemplares de alta calidad, servicio que es provisto por la empresa Explora S.A. que, según señaló la Corporación, correspondió a una autorización de la administración anterior. Sin embargo, no fue posible encontrar registro escrito de esto, en la cual los puestos de jefatura y encargados de área se encontraban a cargo de otros funcionarios.

Por otra parte, la auditoría advirtió pagos inoportunos de parte de los concesionarios Vértice S.A. y Explora S.A. a Conaf Magallanes, de hasta 220 días corridos, desde el compromiso de pago estipulado por convenio, hasta la percepción efectiva de los fondos. Lo anterior, contribuyó a que este último concesionario solicitara autorización a la entidad inspeccionada, mediante una carta, para pagar en cuotas, lo que fue autorizado por esa dirección regional mediante misiva N° 261, de 17 de abril de 2017, lo cual no se ajusta a lo convenido inicialmente.

“Los hechos descritos precedentemente se encuentran consolidados, toda vez que no son susceptibles de ser regularizados en el período fiscalizado, por lo que la entidad, deberá, en lo sucesivo, adoptar las medidas que corresponda para ajustarse a la normativa aplicable sobre la materia”, se extrae.

Al mismo tiempo, se comprobó que la oficina regional de la Corporación Nacional Forestal no cuenta con información referida a las fiscalizaciones que se habrían ejecutado por parte de organismos públicos, si es que éstas efectivamente ocurrieron. Por lo cual, “resulta necesario señalar que la coordinación constituye un deber jurídico -y no una mera recomendación- que el legislador impone a los entes que conforman el sector público, con independencia del carácter autónomo, personificado o centralizado de que estén revestidos, para que estos la ejecuten en el estricto marco de la competencia que a cada uno le corresponde y que, en consecuencia, es un principio general que informa la organización administrativa”, se consigna.

Cobro de entradas

No obstante, en el proceso de revisión se constató que el personal externalizado de la empresa Sermac realiza el cobro de entradas en los pórticos que se emplazan al interior del Parque Nacional Torres del Paine, y al preparar las rendiciones diarias para el sistema Transbank, únicamente especifica los montos totales de lo vendido, y no así el detalle del valor unitario de las entradas o tickets por segmento, situación que contraviene los numerales 46 y 57 al 59 de la resolución exenta N°1.485, de 1996, de este origen.

Es por esto que debido a que la entidad no acompaña en su respuesta antecedentes que logren subsanar lo objetado, la Contraloría mantuvo ambas observaciones, por lo que se deberá remitir la documentación señalada en su respuesta, e informar sobre el particular en un plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del informe, lo que, según aseguraron, será verificado en la próxima etapa de seguimiento.