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Corte de Apelaciones paraliza expulsión de ciudadana colombiana a la espera de resolver recurso de amparo

Por Poly Raín viernes 23 de junio del 2017
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La Corte de Apelaciones de Punta Arenas paralizó temporalmente un decreto de expulsión del país que afecta a una mujer de nacionalidad colombiana, condenada en mayo de 2014 a una pena de 3 años y un día de cárcel por un delito de lesiones graves gravísimas.
Este miércoles, la Primera Sala del máximo tribunal regional -integrada por los ministros Marta Jimena Pinto, Marcos Kusanovic y Víctor Stenger- se pronunció favorablemente acerca de una orden de no innovar contenida en un recurso de amparo que la abogada de la Defensoría Penal Pública, Anaís Araneda Labra, interpuso a favor de Nayibe Asprilla Montoya, ciudadana colombiana.
En razón de lo anterior, fue suspendida la ejecución del decreto de expulsión Nº287/2015, de fecha 5 de marzo de 2015, emanado del Ministerio del Interior, específicamente de su departamento de Extranjería y Migración, pero sólo mientras se encuentre pendiente la resolución del recurso de amparo.
La abogada defensora aboga porque en este caso se restablezca el imperio del derecho, dejando sin efecto tal resolución por estimar que afecta el derecho a la libertad personal de la ciudadana extranjera.
De acuerdo a los antecedentes judiciales, el 28 de mayo de 2014, en juicio oral, Nayibe Asprilla fue condenada a 3 años y un día de presidio por delito de lesiones graves gravísimas, siendo beneficiada con la libertad vigilada por el mismo período que dure la condena. El 30 de marzo de 2015, la mujer fue notificada del decreto de expulsión del país.
La Ley de Extranjería vigente, establece que cada vez que un extranjero sea condenado en Chile por crímenes cualquiera que éste sea, puede procederse a su expulsión si es que éste no se encuentra en forma legal en el país.
Cuestiona medida
administrativa
En lo esencial, se cuestiona la causal invocada por la autoridad administrativa para expulsar a Nayibe Asprilla, que corresponde a la número 2 del artículo 15 del decreto Ley Nº1094, que reza así: Los que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, al contrabando, al tráfico ilegal de migrantes y trata de personas y, en general, los que ejecuten actos contrarios a la moral o a las buenas costumbres”.
Al respecto, la defensa plantea que difícilmente puede considerarse que una persona que aisladamente se vio envuelta en un episodio que la hizo merecedora de una condena, se dedique habitualmente o que ejecute en reiteradas oportunidades dicha conducta u otra conducta típica. Lo anterior, se corrobora con el hecho de que la pena sustitutiva de libertad vigilada no le fue revocada.
En su argumentación, la abogada recurrente sostiene que cuando la persona se encuentra legalmente residiendo en Chile, únicamente cabe la expulsión cuando se incurre en tres conductas, que son: la alteración al orden social; tráfico ilícito de drogas o armas, al contrabando, al tráfico de migrantes y trata de personas, y quienes no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio.
Se hace presente que la ciudadana colombiana Nayibe Asprilla cuenta con residencia legal en Chile desde julio de 2009, y desde octubre de 2010 dispone de permanencia definitiva.
Frente a los antecedentes esgrimidos por la recurrente, es que en opinión de la Defensoría Penal Pública, en este caso no se configura causal de expulsión alguna, y la decisión de expulsarla es, por consiguiente, ilegal de acuerdo a las normas aludidas, además que la resolución administrativa “resulta arbitraria en atención a la falta de racionalidad que debe tener un acto administrativo”.
Sobre la situación actual de esta mujer extranjera en la ciudad de Punta Arenas, se menciona que tiene un fuerte arraigo social y familiar que no puede ser ignorado, y que no sólo involucra los intereses de Nayibe Asprilla, sino que también los de su familia, que “merecen protección de acuerdo a nuestra Carta Magna y, especialmente, el interés superior de sus hijos”.
La familia de esta ciudadana colombiana está compuesta por cuatro personas, dos hijos, ambos con discapacidad intelectual moderada, y un sobrino de 33 años, quien se desempeña como bodeguero.
Para resolver este amparo, la Corte de Apelaciones solicitó informes al Ministerio del Interior, a su departamento de Extranjería y Migración, a través de su titular Rodrigo Sandoval Ducoing, a quien se le otorgó un plazo de 24 horas para acompañar todos los antecedentes que digan relación con el recurso.