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A casi tres años de desastroso incendio en el barrio Prat

Corte de Apelaciones revoca fallo y eleva de 40 a 130 millones de pesos indemnización para familia por explosión de gas

Por Poly Raín viernes 23 de marzo del 2018

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Sentencia acogió pagar una indemnización por daño emergente tras la pérdida total de la vivienda de calle General del Canto.

Este miércoles 21 de marzo, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas revocó un fallo de primera instancia y dio lugar a la demanda indemnizatoria de perjuicios, por daño emergente, con ocasión de la explosión por gas que sacudió y destruyó por la acción del fuego una vivienda de calle General Nº0672, en el barrio Prat, en agosto de 2015. En consecuencia, los 40 millones de pesos que había acogido la jueza de primera instancia, a título de daño moral, se elevaron en esta segunda instancia a 130 millones de pesos, luego de los otros 90 millones que deberá pagar la compañía Gasco a la familia afectada, por la pérdida total de la vivienda.

A dicha conclusión arribaron los ministros titulares María Isabel San Martín y Marcos Kusanovic y la fiscal judicial (s) Connie Fuentealba.

Cabe consignar, que por sentencia de fecha 20 de junio de 2017, la titular del Tercer Juzgado de Letras, Margarita Zúñiga, sólo condenó a la empresa Gasco a pagar la suma de 40 millones de pesos, por concepto de daño moral, al no dar por acreditado los otros perjuicios demandados. La pretensión de los demandantes giraba en torno a los 320 millones de pesos.

Originalmente, la demanda fue interpuesta por María Cárcamo Hermida, propietaria de la casa habitación, quien falleció el año pasado esperando el resultado judicial, por lo que la batalla ante tribunales quedó en manos de su hija María Silvia Bórquez Cárcamo, y de su abogado Claudio Morán.

La Corte de Apelaciones al revisar los antecedentes, revocó la sentencia apelada, en la parte que rechaza otorgar una indemnización por daño emergente y en su lugar se acoge la demanda, “por las pérdidas que sufrieron los demandantes por la destrucción de su vivienda, muebles y otras instalaciones”, todo lo cual fue avaluado en 90 millones 328 mil pesos. Lo anterior corresponde al presupuesto de reconstrucción del inmueble elaborado por una empresa constructora. No obstante, se deberán descontar de la indemnización fijada los 47 millones de pesos que pagó la compañía de seguros a la propietaria, a fin de evitar un enriquecimiento injusto.

Fundamentos

En su fallo de primera instancia, la jueza Margarita Zúñiga estableció que la empresa distribuidora de gas no cumplió con la obligación de fiscalizar las instalaciones, ni contó con personal capacitado para atender una emergencia de este tipo. “Mientras personal de Gasco Magallanes atendía un llamado de emergencia, se produjo una explosión y principio de incendio en el inmueble (
) según se desprende y se lee del informe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Cuando llegó bomberos al lugar, la propietaria junto a su hija e hijo estaban al interior y se les ordenó salir conforme a las mediciones que se efectuaron. El operador d
e Gasco informa que no puede realizar el trabajo solo y solicita personal a la empresa, quienes se demoran de 30 a 40 minutos en llegar al lugar”, consigna la parte resolutiva.

Enseguida, se señala que “al lugar acudió una cuadrilla de trabajadores mandatados por la empresa provistos de chuzos, palas y picotas, con las que comenzaron a trabajar, siendo en esos instantes en que se produce una primera explosión con fuego a la vista en el exterior e interior del domicilio, siendo aplacada dicha llama por personal de Gasco con un extintor, lo que provocó la acumulación de gas en el domicilio que detonó minutos más tarde una segunda y mayor explosión”.

Para la sentenciadora, lo anterior “se ve refrendado no sólo por el informe de Bomberos, sino por la investigación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que contiene documentos y relatos de peritos que otorgan plena prueba para dar por acreditado que la empresa efectivamente fue motivo de investigación y luego sancionada por no cumplir con sus obligaciones de mantener las instalaciones en estado adecuado de conservación e intervenir con personal no calificado en el día del accidente”, aludiendo a la multa de 45 millones de pesos que en enero de 2016 le fue cursada a la compañía Gasco.

Sobre las responsabilidades de la empresa distribuidora de gas, el fallo de la Corte de Apelaciones complementa que son hechos indiscutidos los que acaecieron el día 16 de agosto de 2015, y que dicen relación con el hecho de no haber mantenido en buen estado de conservación y en condiciones de correcto funcionamiento, para evitar peligro para las personas y cosas, la tubería de arranque correspondiente al empalme del inmueble de calle General del Canto Nº0672, de la ciudad de Punta Arenas.

Luego agrega que independiente de si las instalaciones fueron intervenidas y quien lo realizó, o si éstas se encontraban o no energizadas, lo relevante es que la concesionaria no acreditó haber realizado las revisiones periódicas ni el mantenimiento pertinente. Del mismo modo, se añade, Gasco no probó que contaba con empleados con la expertise respectiva, tanto es así que no pudieron controlar la avería desatada, que se transformó en incendio.

Por último, plantea que en consecuencia, la responsabilidad de la demandada ha resultado claramente establecida en este caso.

Gasco podría hacer uso de la última instancia judicial para revertir la decisión condenatoria, en este caso recurrir de casación (nulidad) ante la Corte Suprema.