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Corte Suprema no dio lugar a la extradición a Argentina de dueños de cabaret Tentación

Por Poly Raín miércoles 24 de mayo del 2017
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A contar de este martes fueron dejadas sin efecto las medidas cautelares que desde el 7 de diciembre de 2016 pesaban en contra del matrimonio conformado por Jorge Patricio Latorre Barrientos y Gladys Rosana Benites, detenidos de manera preventiva en Punta Arenas por una orden emanada desde la Corte Suprema con fines de extradición, tras ser requeridos por la justicia argentina como resultado de una investigación por trata de personas.
En la jornada de ayer, la ministra de la Corte Suprema, María Eugenia Sandoval, se pronunció sobre la solicitud de extradición formulada por el Juzgado Federal Nº1 de la ciudad de Mendoza, República de Argentina, rechazando dicho requerimiento, por considerar que ambos detenidos habían sido sentenciados previamente en un Juzgado de Punta Arenas por los mismos hechos que venían siendo reclamados por la justicia del vecino país.
“Este Tribunal ha llegado a la convicción que, no obstante estimar cumplidos todos los requisitos exigidos por el derecho nacional e internacional aplicable, es procedente la causal denegatoria del artículo III letra c) de la Convención de Montevideo, toda vez que los requeridos, fueron juzgados en nuestro país, por los mismos hechos en que se funda el pedido de extradición, existiendo una sentencia condenatoria en su contra, que se encuentra ejecutoriada, por lo que produce el efecto de cosa juzgada”, establece el fallo redactado por la magistrada Sandoval.
Este resultado judicial, es visto como un triunfo para las defensas de los requeridos, a cargo de los abogados Francisco Cárdenas Mansilla y Juan Carlos Leva Henríquez. Y, es que la estrategia adoptada para sortear la extradición de sus representados, fue sin duda clave en este proceso. La maniobra consistió en apurar que sus clientes fueran condenados por un Tribunal de Punta Arenas, evitando de este modo ser juzgados por los mismos hechos en suelo argentino.
Historia
Fue el 19 de octubre de 2016, cuando el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitió una nota diplomática de la Embajada de la República Argentina, por la que se solicitó la detención preventiva con fines de extradición de Gladys Rosana Benites, de nacionalidad argentina, y de Jorge Latorre Barrientos, chileno.
Dicho matrimonio, dueño del cabaret Tentación de Avenida Colón, de la ciudad de Punta Arenas, era requerido por el Juzgado Federal Nº1, de Mendoza, República de Argentina, por su participación en una presunta red de trata de personas que funcionaría en el mencionado local nocturno y donde operaría una explotación sexual de víctimas de distintas nacionalidades, en su mayoría argentina. En particular, se les imputaba el hecho ocurrido el 1 de octubre de 2014, en el Aeropuerto de Mendoza El Plumerillo, donde dos jóvenes de nacionalidad argentina, de iniciales F.M.B. y R.A.B. habían sido captadas para ser conducidas a la ciudad de Punta Arenas, con una oferta laboral engañosa, siendo primeramente trasladadas en un vuelo comercial con destino a Santiago de Chile.
El 4 de noviembre de 2016, luego de que el Estado requirente remitiera declaración de que formalizaría oportunamente el pedido de extradición de los reclamados, la Corte Suprema de Justicia de Chile dio lugar a la detención previa y se despacharon las órdenes respectivas en contra del matrimonio, lográndose su captura el 7 de diciembre en la ciudad de Punta Arenas. Desde entonces, ambos se encontraban en prisión.
Si bien, en este caso, la captación de las dos jóvenes mujeres ocurrió en Argentina por los otros coimputados de dicha nacionalidad condenados en dicho país, el matrimonio reclamado desplegó sus actividades en Chile, en donde ocurrieron los hechos relativos a la comunicación y financiamiento de las personas que captaban, como asimismo el pago de los pasajes para el traslado y explotación de las víctimas, razón por la cual ambos Estados tienen jurisdicción para perseguir la responsabilidad penal que origina el hecho delictuoso imputado.
Al respecto, el fallo de ayer cita el artículo III de la Convención de Montevideo, el cual fija algunas situaciones que le permiten al Estado requerido no conceder la extradición. Entre ellas, se plantea que el Estado requerido no estará obligado a conceder la extradición cuando el individuo haya sido o esté siendo juzgado en el Estado requerido por el hecho que se le imputa y en cual se funda el pedido de extradición, situación que además hizo presente el Ministerio Público en razón del principio de objetividad.
Condenados
En efecto, el pasado 21 de abril, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, condenó a los requeridos en calidad de autores de dos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, perpetrados en los meses de septiembre y octubre de 2014, y de un delito de favorecimiento para ejercer la prostitución en Chile, durante los años 2014 y 2015, respecto de 26 ciudadanas extranjeras, a la pena de 5 años de cárcel, más multa de 50 UTM ($2.300.000).
La sentencia condenatoria sustituyó el cumplimiento de las penas privativas de libertad por la pena de libertad vigilada intensiva, durante todo el término de las penas sustituidas.
En conocimiento de este fallo, el próximo paso de la ministra María Eugenia Sandoval correspondía analizar si los hechos por los cuales el matrimonio fue condenado en nuestro país, coinciden con aquellos que dieron origen al pedido de extradición. En efecto, “al comparar estos hechos con aquellos que fundan la solicitud de extradición, queda de manifiesto que se trata de los mismos, existiendo identidad de personas y de la calificación jurídica del delito imputado, lo que además ha sido reconocido por el Ministerio Público, en su calidad de representante de los intereses del Estado requirente”, concluye la resolución.
Ayer mismo, la ministra ofició a la jefatura del complejo penitenciario de Punta Arenas, a fin de disponer la inmediata libertad del matrimonio Latorre Benites.
Cabe recordar que con ocasión de este proceso de extradición, ambos detenidos cumplieron reclusión incluso en cárceles de la capital. Latorre, incluso, fue víctima de una golpiza por parte de internos del Penal Santiago Uno.