Necrológicas

Declaración de colombiana enjuiciada: “Es falso que las chicas trabajaran para mí”

Por La Prensa Austral martes 8 de mayo del 2018
Noticias relacionadas

Compartir esta noticia
264
Visitas

Me pidieron una ayuda igual como cuando yo la recibí cuando vine a Chile, gracias a Dios me prestaron una ayuda. No pensé que el ayudarlas a ellas me iba a causar tanto problema como en el que estoy en este momento”, fue la declaración de la mujer de origen colombiano, Luz Deisy Córdoba Correa, quien desde ayer y por seis días más enfrenta un juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas tras ser acusada por el Ministerio Público por su autoría por el delito de promover o facilitar la entrada al país de personas para ejercer la prostitución, causa en la cual aparecen como coimputadas las chilenas Daniela Vega Uribe y Katherine Sepúlveda Carrasco, como cómplices del ilícito.

En el estrado, la extranjera dio a conocer su testimonio y fue interrogada por al menos una hora y 40 minutos, enfatizando que las otras mujeres acusadas no conocían a las víctimas.

“Es totalmente falso que las chicas trabajaban para mí, porque en el libro aparecemos todas (…) Al final del mes, de ahí pagábamos todos los servicios de la casa más la comida, entonces se llevaba un control en el libro de todo lo que se pagaba. Ninguna de ellas fue obligada a absolutamente nada. Mis hermanas les prestaron la colaboración para que pudieran viajar, pero en ningún momento se trajeron engañadas para otra cosa. Yo nunca golpeé a L.D.M.C., nunca la zamarreé, ellas mismas tuvieron una pelea donde se agarraron en Santiago y tuvo que llegar la persona que les alquiló para sacarlas del departamento”, agregó.

Según los antecedentes de la acusación, los hechos ocurrieron durante 2016, cuando Córdoba Correa contactó a tres compatriotas, les envió dinero y financió sus pasajes y pasaporte para ingresar a Chile facilitando su traslado a Punta Arenas hacia el domicilio de calle Boliviana N°405 con la única finalidad de ejercer la prostitución bajo su subordinación para así poder pagar la deuda que mantenían con ella, acciones ilícitas que habría ejecutado con la colaboración de las chilenas.

Bajo este contexto, la fiscal Wendoline Acuña le solicitó a los magistrados imponerle a la colombiana la pena de 5 años de cárcel por el delito antes mencionado, y 540 días por lesiones menos graves, al acusarla de haber agredido a una de las víctimas. Asimismo, 3 años para Vega y Sepúlveda.

Por otra parte, el abogado Juan Carlos Rebolledo apeló a la absolución de sus representadas, argumentando que “originariamente esta causa partió como una trata de personas para fines de explotación sexual. Esa acusación decayó y se derivó en una simple colaboración o ayuda para que personas extranjeras vinieran a ejercer el comercio sexual. Estimamos que es insuficiente acusar a una de las chilenas como cómplice, ya que el cómplice es el que colabora pero no siempre es el que sepa. Respecto de la autora, sostenemos que la figura de promoción o facilitación no incorpora la de financiamiento, que es aquello que la acusa la fiscal”.