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Demandan al municipio por impedir que persona sorda pudiera rendir con intérprete el examen para conducir

Por R Martinez viernes 8 de diciembre del 2017

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En julio de este año, cuatro jóvenes pertenecientes al Club Cultural de Sordos de Puerto Montt recibieron sus licencias de conducir de manos del alcalde y de la directora de Tránsito de dicha comuna, habiendo rendido sus exámenes por medio de un intérprete de lengua de señas, lo que fue considerado como un hito en términos inclusivos al ser las primeras personas en dicha condición en ser certificadas por parte de aquel municipio.
Un panorama totalmente opuesto se vive por estos días en la capital regional de Magallanes, y que afecta esencialmente a una persona con discapacidad auditiva desde los 5 años, de iniciales J.V.V., quien a fines del año pasado inició sus trámites para obtener su licencia de conducir clase B, rindiendo el examen psicosensométrico sin inconveniente alguno, pero al momento de dar la prueba teórica reprobó en dos oportunidades. Al querer rendirla por tercera vez, éste solicitó a la Dirección de Tránsito Municipal que se le autorizara hacerlo junto a un intérprete de señas, recibiendo a fines de septiembre un oficio firmado por el alcalde Claudio Radonich en el cual se le negaba esta petición.
Debido a esto, a las 9 horas de ayer el afectado concurrió hasta las instalaciones del Primer Juzgado de Policía Local de Punta Arenas, en compañía del abogado Rodrigo Henríquez, con el propósito de interponer una demanda con el fin de que se le permita acceder a esta solicitud.
“Lo que hicimos fue presentar una demanda en virtud del artículo 57 de la Ley 20.422, que es la Ley de Inclusión que está vigente desde 2010, la cual establece que en el caso de que exista una discriminación en contra de una persona con discapacidad, ésta pueda recurrir a los Juzgados de Policía Local para interponer su acción judicial. Es importante tener presente que esta misma ley en su artículo 26 dice que el medio de comunicación natural de las personas sordas es la lengua de señas. Entonces si eventualmente el director de Tránsito tiene alguna duda, lo que debería hacer la municipalidad es disponer de una persona que sea intérprete de lengua de señas”, manifestó el defensor.
Según prosiguió Henríquez, la explicación que fue proporcionada por los entes municipales apunta a que “con la presencia de este intérprete ellos no tienen cómo asegurar o cómo saber de que le va a ‘soplar’ eventualmente las respuestas a quien está dando el examen. Esa explicación el alcalde la entregó por escrito y nos parece que hay una discriminación arbitraria porque se da una eventual mala fe de una persona sorda y en segundo lugar le atribuye además a los intérpretes, que son personas que profesionalmente se dedican a esto, una disposición de que estarían coludidos”.
Bajo este contexto, Henríquez puntualizó que la intención que tiene este recurso es que básicamente se le permita a esta persona poder rendir su examen con un intérprete de señas y que este escenario “abra la puerta para que se parta de la base de que si alguien recurre a algún servicio público, éste tiene que facilitar que la persona acceda y no colocar barreras”, sentenció.