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Los hechos además fueron puestos en conocimiento de la Contraloría y del gobernador de la provincia Antártica

Denuncian ante la Fiscalía afectación de patrimonio arqueológico en construcción de camino Vicuña-Yendegaia

Por La Prensa Austral lunes 30 de noviembre del -0001

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Lo anterior, corresponde a la etapa décima del convenio entre el Cuerpo Militar del Trabajo y el Ministerio de Obras Públicas, cuyos hallazgos no fueron informados al Consejo de Monumentos Nacionales.

En julio de 2006, hace 12 años, La Prensa Austral daba cuenta del estancamiento del camino de penetración Vicuña-Yendegaia, en Tierra del Fuego, obra que no estaría lista para el bicentenario de la República de Chile, para el año 2010. Esto inquietaba al sector turismo. De lo anterior, ya han transcurrido 8 años y el titánico proyecto está lejos de alcanzar su meta. Recién, en 2026, se estima que el camino podría estar finalizado, uniendo el norte de Tierra del Fuego con el canal Beagle.

Empero, a los tropiezos que ha debido enfrentar el proyecto por la misma conformación de la geografía hostil que caracteriza el terreno, se suma los cambios que ha debido experimentar el trazado por razones de cuidados ambientales.

Sobre esto último, el 7 de mayo de este año, Roberto Retamal Cárdenas, ingeniero en Medio Ambiente y biólogo marino, ingresó una denuncia por infracción a la Ley 17.288 en relación a esta obra ante el gobernador de Magallanes, Nicolás Cogler, quien a su vez, por incompetencia, derivó dicha presentación al gobernador de la provincia Antártica, Juan José Arcos.

En concreto este profesional que en su oportunidad formó parte del proyecto, denunció hechos de “carácter grave” referidos a la afectación del patrimonio cultural de la nación constatadas al interior del Parque Nacional Yendegaia, como consecuencia de las obras de construcción del camino Estancia Vicuña-Yendegaia, calificado ambientalmente por resolución de Calificación Ambiental Nº155/2008.

Lo anterior, corresponde a la etapa décima del convenio entre el Cuerpo Militar del Trabajo y el Ministerio de Obras Públicas denominado construcción del camino Vicuña-Yendegaia, ello no fue informado al Consejo de Monumentos Nacionales, sector Caleta 2 de Mayo – Cordillera Darwin, km 139,6 – km 108,6.

Sin embargo, según la denuncia del profesional, aún cuando dicho patrimonio cultural fue afectado durante el período comprendido entre los meses de enero a marzo de 2017 producto de las mismas obras de construcción, ello no fue informado al Consejo de Monumentos Nacionales. En este tenor, se advierte que tanto la inspección fiscal de obras, así como los profesionales arqueólogos de asesoría de inspección fiscal y los asesores en arqueología contratados por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, en pleno conocimiento de las afectaciones de sitios arqueológicos no comunicaron de aquello a la autoridad pertinente.

Tales hechos, constituirían una vulneración en forma flagrante a lo indicado en el Reglamento sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas. “Las personas naturales o jurídicas que al hacer prospecciones y/o excavaciones en cualquier punto del territorio nacional y con cualquier finalidad encontraran ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter arqueológico, antropológico o paleontológico, están obligadas a denunciar de inmediato el descubrimiento al gobernador provincial, quien ordenará a Carabineros que se haga responsable de su vigilancia hasta que el Consejo de Monumentos Nacional se haga cargo de él”.

Ya, en marzo de 2017, se denunció la afectación de cuatro yacimientos arqueológicos y a pesar que esto fue puesto en conocimiento del Consejo de Monumentos Nacionales, las obras han continuado su curso, sin que la autoridad haya concurrido al lugar de los hechos, señala el profesional que trabajó en el proyecto.

Según la denuncia, el punto 10.1.22 de la citada Resolución de Calificación Ambiental Nº155/2008, establece que “si durante la etapa de construcción se encontraren elementos o lugares pertenecientes al patrimonio cultural, se aplicará un Plan de Contingencia, que incluye la paralización de las obras y el titular procederá a dar aviso al Consejo de Monumentos Nacionales y a Carabineros”. Enseguida, se añade que los sitios detectados serán demarcados para su protección. La delimitación deberá efectuarla un arqueólogo quien deberá solicitar el permiso correspondiente al Consejo según estipula la Ley 17.288 y su Reglamento. La señalética dará cuenta de que cualquier intervención no autorizada está penada por ley.

Frente a lo anterior, se hace presente que tanto en la faja de implementación del camino como en la faja fiscal, en donde se desarrolla la obra de construcción, han sido delimitados con malla caminera por profesionales arqueólogos que no cuentan con el permiso correspondiente del Consejo de Monumentos. Asimismo, se cuestiona que la delimitación de sitios arqueológicos ha sido efectuada superficialmente en base a la distribución de vestigios arqueológicos, sin la realización de pozos de sondeo, tal cual como fue exigido en la evaluación ambiental del proyecto.

“Ello constituye una falta de la mayor gravedad ya que se han realizado las obras de construcción del camino sin el conocimiento de la real extensión de los yacimientos arqueológicos. Tampoco se han llevado a cabo reales medidas de protección de los yacimientos arqueológicos emplazados directamente bajo el área de influencia directa del camino de construcción”, según la denuncia.

Otra de las normas invocadas como vulneradas, está contenida en el párrafo 3 del artículo 1 de la Ley 19.253/93. “Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada protección, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación”.

Afectaciones

Uno de los sitios arqueológicos comprometidos se encuentra entre los kms. 134,050 – 134,090, afectados por rocas, provenientes de proyecciones de tronaduras, trabajos de conformación de la plataforma del camino y tránsito de maquinaria pesada.

Otro de los yacimientos arqueológicos, cuyo denunciante acusa haber sido destruido de manera dolosa por movimientos de tierra con maquinaria pesada y tronaduras con explosivos, se ubica en el kilómetro 133,910.

También se menciona un conchal en el kilómetro 133,840, afectado por movimientos de tierra con maquinaria pesada y voladuras de rocas mediante el empleo de explosivos. Ese mismo punto, pero hacia la costa de la bahía Yendegaia, igualmente fue perjudicado por rocas provenientes de voladuras mediante el empleo de explosivos. Asimismo, se da cuenta de la afectación de un sitio del kilómetro 131,940, destruido por movimientos de tierra con maquinaria pesada. Posterior a su destrucción se cubre con material de roca, de forma de continuar con las obras de construcción del camino. Afectado por tránsito de máquina pesada, también se vio un paño de conchales a la altura del kilómetro 131,840, sobre el cual se depositó material de terraplén.

El ingeniero ambiental Roberto Retamal fue desvinculado de la obra al cabo de tres años y medio, invocando la causal de “necesidades de la empresa”, aunque las razones de fondo estarían ligadas a las constantes denuncias por transgresión a la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto

Fiscalía

Los mismos hechos, fueron denunciados en el mes de mayo pasado por el ingeniero en prevención de riesgo, Roberto Aguila Oyarzo, ante el Ministerio Público en Punta Arenas, acusando que las obras de la senda de penetración se ejecuta directamente sobre áreas de ocupación milenaria de la etnia indígena Yagán. Se trata de un área de “alta sensibilidad arqueológica de las cuales los organismos públicos correspondientes al Mop (Ministerio de Obras Públicas) y CMT (Cuerpo Militar del Trabajo) no han respetado destruyendo y afectando sitios arqueológicos dentro de un área declarada como reserva de la Biósfera declara por la Unesco, además de un área en la que se emplaza el Parque Nacional Yendegaia, en la que además forma parte del patrimonio cultural protegido por la Ley Indígena”.

También Aguila, quien prestó servicios durante cuatro años para el proyecto de construcción de la senda de penetración Vicuña-Yendegaia, denunció la destrucción de castoreras empleando material explosivo, en un área fuera de la zona de trabajo y en dirección al límite fronterizo con Argentina.

El mismo profesional puso estos antecedentes a disposición de la Contraloría Regional, el 6 de noviembre de 2017.

Gobernador Arcos

Consultado el gobernador de la provincia Antártica, Juan José Arcos, por la denuncia conocida en mayo pasado, respondió que se declaró incompetente para conocer los hechos, al mezclarse -entre los antecedentes- materias administrativa y judicial.

Según explicó a este medio, las obras de construcción del camino se encuentra en pleno desarrollo, aunque fue necesario rediseñar el trazado original, acordonando y resguardando los sitios arqueológicos. “Yo no tengo facultades ni atribuciones para paralizar una obra, siendo lo anterior competencia exclusiva del estamento judicial”, sentenció Arcos.

La semana pasada, el ingeniero ambiental Roberto Retamal, prestó declaraciones en el cuartel de la PDI en razón de la denuncia que investiga el Ministerio Público.