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El día en que Babarovic defendió la libertad de expresión en plena dictadura

Por La Prensa Austral domingo 31 de julio del 2016

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– El periodista Jorge Babarovic participó en el Primer Congreso Nacional de la Libertad de Expresión, realizado entre el 21 y 23 de agosto de 1987, en el cual encaró los intentos del régimen militar de limitar aún más este derecho fundamental.

En la semana del arrojado discurso de Babarovic, cuatro directores de medios impresos fueron encargados reos y se había requisado la edición completa de una revista antes de que comenzara a circular por simple disposición de un fiscal militar

1986

Sólo casi un año antes del discurso de Babarovic, muere el periodista José “Pepe” Carrasco. Su asesinato ocurrió el 8 de septiembre de 1986. El periodista y redactor internacional de la entonces revista Análisis fue sacado violentamente de su casa por agentes de la CNI y su cuerpo apareció frente a un solitario murallón  en las afueras del parque del Recuerdo, en la hoy autopista Américo Vespucio Norte

“Estoy cierto que la corporación anfitriona, por el sólo hecho de haber elegido este candente tema, comparte nuestra concepción de que la libertad de expresión y, como inmediata consecuencia, las libertades de información y de opinión, constituyen un derecho de todos”.

Así lo expuso, en plena dictadura, el magallánico Jorge Babarovic, en su calidad de presidente del Comité de Diarios Regionales de la Asociación Nacional de la Prensa, al aceptar participar en el Primer Congreso Nacional de la Libertad de Expresión, en agosto de 1987.

Su pronunciamiento –que hoy puede parecer trivial y nada osado- resultó ser valiente y oportuno: durante la semana de citado congreso (que se realizó entre el 21 y el 23 de agosto de 1987) fueron encargado reos cuatro destacados directores de medios escritos, en base a normas constitucionalmente inaplicables según distinguidos juristas y aberrantes, desde el putno de vista de la libertad de expresión y de prensa.

Semana en que también una edición completa de una revista fue requisada policialmente en talleres, antes de comenzar a circular, por la simple disposición de un fiscal militar.

Los tiempos no estaban a favor de la libertad de expresión y de prensa y el gobierno de la época estudiaba una nueva legislación más restrictiva. “Como si la densa maraña legislativa que involucra a la prensa, conduciéndola frecuentemente a la autocensura o a los tribunales, no fuera por sí asfixiante –hay informes de carácter jurídico que hacen llegar a cerca de veinte los cuerpos legales sobre esta materia, todos limitativos-, un nuevo frente de mal tiempo, una masa de aire enrarecido, avanza amenazantemente hacia el continente y el contenido del periodismo chileno”, advirtió.

Ante las modificaciones de la ley llamada de Abusos de Publicidad que se aplicaron en la época, esgrimió una comunicación de la ANP: “Sería absurda la pretensión de impedir que se informe sobre la vida política del país por el sólo hecho de que algunos de sus actores no hubieran cumplido con la exigencia de constituirse como partidos políticos… Una iniciativa legal en esta materia acarrearía una verdadera suspensión del derecho a la información, lo que resulta claramente inconstitucional”.