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Empleada civil del Ejército pide inhabilitación de la justicia militar para conocer su caso

Por La Prensa Austral miércoles 29 de julio del 2015

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“Estoy tranquila, en mi casa con licencia y a la espera de que este asunto se resuelva lo antes posible. Sólo quiero salir ya de esta situación”, aseguró ayer Sandra Isabel de la Fuente, empleada civil del Departamento Antártico del Ejército en Magallanes, quien permaneció 12 días detenida en el Regimiento Pudeto, sometida a proceso por un delito de malversación de caudales públicos. La periodista de profesión, solicitó en el Juzgado de Garantía que su causa sea llevada por la justicia ordinaria y no por la justicia militar, donde podría arriesgar 3 años y un día de cárcel.

El abogado Juan José Arcos, quien representa a la profesional, estima que hay mérito suficiente para que de la Fuente enfrente un proceso penal como todos aquellos que no son uniformados, instancia en la cual, al haber resarcido los eventuales perjuicios económicos, y al no mantener antecedente penal alguno, podría optar a una suspensión condicional del procedimiento.

“Estamos frente a un hecho que no ocurre en un cuartel, que no ocurre en un acto determinado de servicio y lo que le estamos solicitando al Juzgado de Garantía que se declare la competencia de este Tribunal y que por vía inhibitoria se formule una cuestión de competencia y sea finalmente la Corte Suprema la que decida cuál de los dos tribunales es el competente”, explicó Arcos.

En adelante, si el juez presidente del Juzgado de Garantía, en este caso, el magistrado Pablo Miño, accede a la solicitud de la periodista, el paso a seguir es comunicarle a la Fiscalía Militar lo resuelto, y de mantener su potestad sobre la causa, el procesamiento se remitirá al máximo tribunal ordinario del país, el que distribuiría la causa a quien le corresponda resolver el proceso.

Ante un eventual proceso ordinario, el abogado se mostró tranquilo al respecto, ya que existe la posibilidad de llegar a un juicio oral, pero también de una suspensión del procedimiento u otras salidas alternativas que son propias de este proceso y no del procesamiento militar, sobre todo si se considera que se ha reparado la totalidad del perjuicio.