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Marcela Labraña Santana, directora nacional del Sename, planteó su preocupación por la cifra negra en este ámbito

“En materia de pericias forenses por abuso sexual infantil la región está en el cuarto lugar”

Por Nicolás Ulloa martes 9 de junio del 2015
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Diversas actividades realizó recientemente en Magallanes, Marcela Labraña Santana, directora nacional del Servicio de Menores (Sename). En Punta Arenas firmó un convenio con la Universidad de Magallanes para la ejecución del Observatorio de Delitos Sexuales Infantiles, sumado al “salvavidas” que entregó al Hogar de Lactante Ignazio Sibillo, el que pese a las amenazas de cierre, podrá seguir funcionando por un tiempo determinado.

En su paso por la zona, la jefa nacional del Sename aprovechó de hacer una radiografía sobre la vulneración de los derechos de la infancia en la región, destacando la importancia de abrir nuevas opciones para enfrentar problemáticas que han ido evolucionado.

– ¿En qué consiste este observatorio de abuso sexual infantil que vino a promover a la región?

– “Hemos derribado hartos mitos con el lanzamiento de esta iniciativa. El abuso nada tiene que ver con el ingreso socio económico de la región, cosa que de alguna manera se sabía, pero todavía hay gente que esto lo cuestiona, por lo que la firma del convenio con la Universidad de Magallanes consiste en entregar nuestra base de datos al estudio, permitiendo la evaluación de la realidad local y la búsqueda de medidas acordes”.

– ¿Por qué se temió el cierre del Hogar Ignazio Sibillo?

– “Lo que ocurrió acá está pasando en otras partes, ya que como país no hay financiamiento para mantener una institución. Tú lo que haces como ONG es mantener una política pública licitada, y el Sename tiene algunas características como la Ley de Menores y la Ley de Subvenciones a las que debe regirse, por lo que la mayoría de los recursos se licitan. Además, y esto es una buena noticia, en Magallanes cada día son menos los niños que ingresan al sistema residencial, y eso es una tendencia nacional”.

– Entonces… ¿ya no se necesitan las residencias?

– “Como siempre lo he dicho, los niños no deben adaptarse al sistema, sino que el sistema a los niños, por lo que no podemos caer en el riesgo de que, al haber pocos niños, no haya una residencia. Entonces, estamos abriendo el abanico de alternativas para los niños que sufren vulneraciones y que llegan al Juzgado de Familia, tengan la posibilidad de una residencia, o bien puedan ingresar a un programa transitorio, como Familia Acogida por ejemplo”.

– ¿En qué consiste dicho programa?

– “Para 2016 se espera que el programa esté instalado en Magallanes, y busca que un menor que ha visto vulnerado sus derechos pueda seguir su desarrollo con una familia y no en una residencia, respetando su derecho a tener un núcleo familiar que lo estimule. Es una tendencia mundial que se está implementando, que no ha sido fácil lograr, pero que es donde queremos apuntar”.

– Vuelvo a lo anterior, ¿cuál será el futuro del Hogar Ignazio Sibillo?

– “En este caso, lo que hicimos fue ver cómo podíamos mantener la residencia sin pasar a llevar la Ley de Menores, Ley de Subvenciones o la Contraloría General de la República, ya que no nos podemos salir de ese ‘rayado de cancha’, mucho menos en tiempos donde la gente está mucho más pendiente de la fiscalización. Entonces, adecuamos y dimos prórroga a la residencia (Ignazio Sibillo), pero también los invitamos a abrir la posibilidad que de aquí a dos años, van a poder continuar, pero de otra forma, en otro formato”.

– Frente a lo acontecido con este hogar ¿se han planteado la necesidad de un cambio respecto de la “subcontratación” de fundaciones para la atención de los menores que ingresan a la red de protección?

– “Hay algo que es necesario tener presente, y es que no siempre se debe trabajar para el futuro, sino que también se debe hacerlo para el ahora. Trabajar con niños es bien distinto, ya que un mes de ellos significa variaciones como de cinco años en un adulto. Entonces, tiene que entenderse el sentido de urgencia que existe cuando se trabaja con menores. Producto de eso es que se han creado mesas técnicas de evaluación que han concluido en diferente opciones de mejoras que se están implementando en el sistema, y en eso se ha evaluado lo que usted plantea”.

– ¿Qué cambios podrían ser los más evidentes?

– “Partiendo por los tiempos de licitaciones, de 3 a 5 años, para evitar la rotación de profesionales que intervienen con un menor. Además, crear nuevos formatos de licitación que nos permitan tener mayor control sobre lo que están ejecutando las instituciones colaboradoras, instaurando normas técnicas, que constituyan un estándar que se deba cumplir”.

Adolescentes

– En el plano judicial, ¿cómo evalúa la realidad de los adolescentes en hechos punibles?

– “Es lamentable, pero aquí hay una materia que quedó pendiente cuando se creó la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que es la falta de fiscales especializados, sí existen defensores especializados, y algunos fiscales que de manera individual se han interiorizado más, pero no hay una Fiscalía especializada”.

– Hace algunas semanas usted señaló que los jóvenes no se rehabilitan con más cárceles, entonces ¿cómo se rehabilitan?

– “Con reinserción educativa, social y laboral. Cuando un joven infractor ingresa a los centros de internación, primero se les hace un plan individual, y el primer esfuerzo lo centramos en la educación, ya que muchos de ellos están desvinculados del sistema educativo. A ello se suma los tratamientos de adicciones, e intentar la revinculación familiar”.

– Indudablemente eso requiere de presupuesto, ¿cómo se le responde a quienes reclaman que estos gastos estatales son una pérdida de recursos?

– “En esos términos económicos, la reinserción es por lejos mucho más barata que mantener a una persona mucho tiempo privada de libertad. Eso no lo digo yo, lo dicen diversos estudios. Hoy tenemos que tomar las prácticas que funcionan y en esas insistir, y evitar el derroche de recursos intentando implementar nuevos programas”.

Casos en Magallanes

– Hace poco más de un año, un sujeto que “apadrinaba” a una menor de la red Sename fue llevado a juicio por abusar de ella, ¿cómo puede evitarse esto, más si uno de los programas que se intenta impulsar es Familia Acogida?

– “Como le comenté, la decisión del gobierno es mantener las residencias, pero la idea es poder llegar a tener también tres tipos de familias de acogida, la de urgencia especializada, que tenga mayor compromiso y conocimiento profesional respecto de ciertas circunstancias; familias de acogidas transitorias, y algunas dirigidas a niños de mayor edad. Y además, cambiamos el diseño del trabajo con la familia, ya que antes se hacía un trabajo de supervisión de parte del servicio, y hoy se incorporó la familia al equipo técnico, y así de paso logramos que nunca se pierda la perspectiva que es una medida transitoria. También, queremos tener toda una campaña comunicacional que nos permita tener a muchas familias interesadas para poder optar entre ellas, y finalmente, tenemos una muy cercana presencia de supervisores técnicos”.

– En otro dramático caso, una menor integrante de la red Sename se vio involucrada en una vulneración sexual por parte de dos hermanos, choferes de la locomoción colectiva, ¿cómo se explica que, siendo usuaria del servicio, vuelva a ser víctima de vejámenes?

– “No puede, eso no se puede tolerar, y he sido tajante en aquello, esto no puede pasar. Un niño no puede ser vulnerado en sus derechos dos veces, por eso son tan importantes los cambios que le he comentado, e indudablemente esto generará roces con las instituciones colaboradoras, pero cuando uno tiene foco en los niños, se tiene que tomar decisiones drásticas, y quienes desempeñen bien su trabajo podrán continuar, pero eso deben demostrarlo”.

– Finalmente, ¿cómo están las cifras de abusos sexuales en Magallanes, son tan preocupantes como se perciben en los tribunales de justicia?

– “Un dato nacional: existen casi 26 mil denuncias de abusos, y sólo 2.300 terminan en condenas, y además existe una cifra que nos mantiene preocupados, que en Magallanes, en comparación con otras regiones, está ranqueada en el Nº14, es decir penúltimo. Pero, en las pericias forenses que se hacen en el Servicio Médico Legal, esta región está Nº4, un fenómeno que es preocupante, principalmente ante un eventual abuso de dichas diligencias, o bien, deja ver una abismante cifra negra. Dudas que esperamos poder dilucidar con el observatorio de abuso sexual infantil”.