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Envían a la cárcel a ex ejecutivo del BCI acusado de apropiarse de $865 millones de al menos 50 clientes

Por R Martinez miércoles 13 de septiembre del 2017

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Pese a que el Ministerio Público solicitó en primera instancia las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, la parte querellante apeló a la privación de libertad para Gerardo Menéndez Torres, al considerar que éste constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Una extensa audiencia de formalización de cargos se llevó a cabo durante la jornada de ayer en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, instancia en la que la fiscal Wendoline Acuña formalizó a Gerardo Menéndez Torres, ex ejecutivo del Banco de Crédito e Inversiones (BCI) sucursal Punta Arenas, acusado de cometer el delito de apropiación indebida en reiteradas ocasiones, en perjuicio de al menos cincuenta clientes de la entidad financiera de calle Errázuriz.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los hechos transcurrieron entre los años 2010 y 2015, donde el imputado realizó rescates y liquidaciones de inversiones, que no habrían sido autorizadas por los titulares de cuentas, obteniendo con documentos falsificados, la autorización de la filial para la emisión de un vale vista nominativo a nombre de sus cuentacorrentistas, legajos que, a pesar de figurar pagados en los registros contables, presentaban ausencia de la firma de cancelación del titular; que era diferente a la legítima y real del beneficiario del documento, con lo que se materializaba la entrega de dineros a Menéndez Torres.

A raíz de aquello, el banco debió abonar a los clientes afectados la suma global de $865.775.991 y de 22.345 dólares americanos, dinero con cargo a su patrimonio, producto de las continuadas infidelidades cometidas tanto en el proceso de administración de los fondos mutuos y de las acciones como a la hora de liquidar y rescatar aquellas inversiones.

Fiscalía no pidió la prisión

Pese a que el Ministerio Público solicitó en primera instancia las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, el abogado querellante del banco, Francisco Cox, pidió a la magistrada Paula Stange imponer la privación de libertad en contra del imputado, al considerar la cantidad de veces que fue perpetrado el delito y el gran número de afectados, asegurando que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad, lo cual fue decretada por la jueza.

“Nosotros creíamos que la prisión preventiva es la resolución que corresponde dada la cantidad de delitos, de personas afectadas y el daño que se produce en términos de confianza de la gente en la entidad bancaria. Afortunadamente, el banco le respondió a todos sus clientes y era importante que de esa forma se decretara esa medida porque considerábamos, junto con el Tribunal, que la libertad del señor Menéndez es un peligro para la sociedad”, aseveró.

Por otra parte, el ente querellante hizo presente que ya hay bienes del imputado que están sujetos a la medida de embargo, precisando que los tres objetivos de esta causa apuntan a “dejar en claro que aquí se había cometido un delito. Segundo, a que los clientes no sufrieran daños; y tercero, recuperar todo el perjuicio que ha sufrido el banco, por lo que se buscarán bienes y el paradero de todo el dinero del cual se apropió el señor Menéndez”.

Por otra parte, la fiscal Acuña explicó que en cuanto a lo que está pendiente por investigar, se deben llevar a cabo las pericias que permiten hacer la triangulación de toda la información de las cuentas bancarias del imputado y de las sociedades en las que él tiene participación.

“Hay que hacer un análisis de esto por parte del personal experto que efectúe esta profunda revisión de una cuenta y de la otra, para luego determinar si existen estas transferencias y si éstas coinciden con los rescates que aparecen realizados de los clientes. También se debe hacer un análisis en relación al sueldo que ganaba el empleado del banco, en relación con los dineros que manejaba en su cuenta y en la de la sociedad en la que tiene participación. A su vez es necesario realizar peritajes caligráficos a los documentos, que son los rescates de dinero en los fondos mutuos y las acciones, para determinar que las firmas que ahí constan corresponden a los clientes o son falsificadas”, detalló.

En este aspecto, la defensa del ex ejecutivo del BCI no solicitó un plazo de investigación, por lo que el tiempo máximo que puede pasar en la cárcel una vez ya formalizado es de dos años.

Finalmente, el imputado arriesga una pena que va desde los tres años y un día a los cinco años de cárcel. No obstante, el carácter de reiterado del delito podría subir un grado la condena hasta los diez años, como a su vez, podría ser reducida si el Tribunal acoge las circunstancias atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial con la investigación.

Menéndez es defendido por el abogado Jorge Plaza Oviedo.