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Estudiante de derecho de la Umag denunció irregularidades administrativas en su examen de grado

Por R Martinez miércoles 9 de enero del 2019

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-“Al rector le manifesté que estaba desilusionado de la universidad, llevo más de un año tratando de resolver esto y tengo como la sensación de que a ellos no les importa”, sostuvo Darío Rivera Flores, quien precisó que un sumario determinó la existencia de alteraciones en su evaluación.

Roberto Martínez Arriaza
rmartinez@laprensaaustral.cl

Una verdadera pesadilla aseguró estar viviendo un estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de Magallanes (Umag), quien egresó en 2015 para luego rendir el 8 de septiembre del año pasado su examen de grado. Sin embargo, los resultados del mismo no fueron como los que él esperaba, y no porque sus capacidades resultaran ser insuficientes para aprobar tan crucial prueba, sino que sospechaba que no había sido evaluado como correspondía.

Es el caso de Darío Maximiliano Rivera Flores, quien tras conocer que había reprobado, dio cuenta que eventualmente hubo irregularidades administrativas en dicho test, por lo cual comunicó los reclamos pertinentes a menor escala con la jefa y la directora de carrera, sin embargo no hubo ninguna solución.

Para entender, dicho examen de grado constaba de tres evaluaciones, de las cuales Darío asegura que no tuvo ningún problema en dos de ellas, pero en la tercera presume que existió una falta de objetividad. No obstante, el joven logró pasar la tercera etapa, lo cual –explicó- no suele ocurrir a menudo, puesto que “los profesores tienen la facultad, si es que no te ven preparado o no respondes, de suspender el examen y calificar con la nota correspondiente, pero yo llegué hasta el final”

Bajo ese contexto, la casa de estudios abrió un sumario que terminó su etapa investigativa el 19 de octubre del año pasado, y donde el joven aseveró que “efectivamente todas las irregularidades denunciadas por mí se acreditaron por parte de la fiscal interna designada por el propio rector, todas las vulneraciones que yo señalé, y desde la fecha he tenido tres a cuatro reuniones con rectoría en las cuales en primera instancia me pidieron disculpas, que esto se iba a arreglar, una semana después me llamaron para decirme que no, después me informaron que otro ente administrativo se tenía que hacer cargo, dos semanas después dijeron que rectoría se debía hacer cargo. Llevo así desde la finalización de la investigación sumaria y de los resultados y preposiciones realizadas por la fiscal no ha habido respuesta, pareciera que no me quieren responder y nadie se hace cargo. Por eso yo tomé la decisión de judicializar esto”.

Pese a que la investigación interna finalizó en su etapa indagatoria, ésta todavía no se encuentra concluida ya que una de las partes apeló. No obstante, se establecieron daños, irregularidades y que debían haber medidas reparatorias, de las cuales la Umag hasta el día de hoy no se habría hecho cargo.

“En el ámbito personal me ha afectado bastante, he pasado por harta pena y frustración. En la oportunidad que yo tuve para hablar con el rector le manifesté que estaba desilusionado de la universidad, llevo más de un año tratando de resolver esto y tengo como la sensación de que a ellos no les importa. Yo podría actualmente ser abogado. Este es un golpe duro para mi familia, para mi pareja, para quienes me rodean, lo he pasado muy mal, he llorado todo lo que he tenido que llorar y ahora estamos luchando no más”, criticó Rivera.

Con lo anterior, el futuro abogado interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, con el cual pretende que la universidad respete las medidas reparatorias establecidas en el sumario administrativo, donde sancionaron a quienes resultaron responsables. “Yo busco que se respete el debido proceso. Yo necesito terminar ese examen de grado para hacer mi práctica y titularme como abogado”, puntualizó el alumno aquejado.

De parte de la Universidad han solicitado dos prórrogas para entregar un informe con los antecedentes requeridos por el tribunal de alzada, pidiendo el pasado viernes 4 de enero un plazo de 8 días hábiles.