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Familias de víctimas se harán parte del proceso contra conductor ebrio que provocó dos muertes

Por La Prensa Austral lunes 9 de mayo del 2016

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través de la abogada Natacha Oyarzún, coordinadora regional del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos del Ministerio del Interior, los padres de las jóvenes universitarias Estefany Arias Painén y Camila Vásquez Fernández, iniciaron las primeras acciones para hacerse parte del proceso judicial contra Aleandro Tarumán Guinao, conductor que aún permanece internado en el quinto piso del Hospital Clínico de Magallanes luego de que fuera formalizado judicialmente por su responsabilidad en la muerte de dos jóvenes universitarias. El chofer permanece con guardia permanente de Gendarmería, tras ser afectado con medida de prisión preventiva.

El pasado 4 de mayo ingresaron al Juzgado de Garantía de Punta Arenas las solicitudes de patrocinio, en las cuales Patricia Painén, madre de Estefany, y Francisco Vásquez, padre de Camila, delegaron representación en la profesional del centro especializado. Dicho trámite, entrega facultades de representación legal a la abogada, para interponer una querella en contra del imputado, la que de hacerse efectiva, se sumaría al proceso que instruye la Fiscalía.

Desde el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos no se confirmó la intención de presentar una querella criminal, pero sí quedó medianamente claro que desde aquí en adelante serán quienes acompañen a las familias de las malogradas jóvenes durante el proceso penal.

La tragedia

Las jóvenes universitarias, de 18 y 19 años, fallecieron de manera instantánea el pasado 22 de abril, cuando el vehículo en el que se movilizaban, mientras era guiado por Tarumán Guinao, volcó a 8,6 kilómetros al sur de Punta Arenas. Minutos más tarde, el imputado sería detenido por Carabineros cuando supuestamente se daba a la fuga a pie del lugar, aunque su defensa ha sostenido que iba en búsqueda de ayuda.

Al imputado se le formularon cargos bajo el marco de la Ley Emilia, ya que sumado al delito de manejo en estado de ebriedad causando la muerte y lesiones, con la agravante de no contar con licencia de conductor, se le sumó el ilícito contemplado en dicha norma, que se refiere al no prestar ayuda a las víctimas y no dar cuenta a las autoridades.

La ebriedad del imputado quedó acreditada primero con la prueba “Intoxilyzer” que arrojó un índice de 1,6 gramos de alcohol por mil, sin embargo el resultado de la alcoholemia precisó aquello, quedando en el expediente que al momento del volcamiento el imputado conducía con 1,68 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que de acuerdo al informe de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito de Carabineros, fue la causa basal de la tragedia, al mermar las capacidades de reacción y movimiento del conductor.