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Fiscalía expresó su preocupación por libertad condicional a diez reclusos, aunque aclaró que no tiene ninguna intervención en el proceso

Por R Martinez miércoles 13 de junio del 2018

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Descontento generó en algunos sectores de la comunidad la decisión de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas de acoger los recursos de amparo respecto de diez reclusos que en los últimos días fueron favorecidos con la libertad condicional luego que la comisión encargada de otorgarlas les rechazara inicialmente su solicitud, esgrimiendo razones y observaciones que fueron de-sestimadas por el tribunal de alzada, puesto que éstos tenían el requisito legal que les permite cumplir sus condenas fuera de prisión.

Cabe recordar que el pasado 18 de abril, se les concedió el beneficio a 29 internos de las cárceles de Magallanes, al estar en regla con una serie de requisitos que están establecidos por el Decreto Ley 321, que data de 1925.

“El Artículo 21 de la Constitución nos entrega la posibilidad de accionar de amparo, que es una acción constitucional que establece que cualquier persona que se encuentre privada de libertad de forma injusta o contraria a la ley puede solicitarle a una Corte que revise esto. Nosotros estimamos que la decisión de la comisión era contraria a derecho y a la ley y pedimos por vía de este recurso que la Corte conozca esta situación y se demostró que cumplían con los requisitos que el mismo legislador había establecido para poder acceder a la libertad condicional”, manifestó el abogado penitenciario Pablo Chandía Ayala, quien interpuso las acciones constitucionales ante el máximo tribunal de Magallanes.

Esta circunstancia, generó preocupación en el Ministerio Público, ya que tal como lo indicó el viernes 20 de abril el fiscal regional Eugenio Campos, ante esta situación no pueden intervenir como “voz de las víctimas” en la respectiva comisión, lo cual en esta ocasión fue replicado por el persecutor jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson.

“La Fiscalía lamentablemente no tiene ningún tipo de intervención en estos procesos de concesión de libertad condicional (…) Al parecer, más que por un cumplimiento de ciertos requisitos formales se accedió por la vía de este recurso de amparo, lo que es llamativo y causa cierta preocupación en el sentido que de como Fiscalía conocemos los antecedentes de estas personas cuando enfrentaron juicios que nosotros mismos llevamos precisamente a los tribunales, registrando un alto compromiso delictual y ahora están cumpliendo en definitiva sanciones bastante menores a las que en su momento otorgó el Tribunal”, detalló.

Bajo aquella postura, y tras ser consultado respecto a los dos casos que en abril se les concedió el beneficio carcelario, y que a las pocas semanas fueron detenidos y formalizados por los delitos de robo en lugar no habitado, el fiscal apuntó a que se debe revisar la labor resocializadora que se ha conseguido en el último tiempo con situaciones similares.

“Es un dato bastante relevante que dos personas que tan pronto recuperaron su libertad fueron involucrados en delitos, y algunos de estos no son menores. Entonces, hay una situación que pareciera que en la práctica la reinserción se está haciendo más difícil de lo que uno esperaría en estos procesos de intervención por la vía del trabajo que se realiza con el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad. Es un tema del cual vamos a tener que estar preocupados en tener el control de aquellos que puedan involucrarse en nuevos hechos delictivos, para tratar de actuar de la manera más dura posible”, puntualizó Dobson.