Necrológicas

Formalizan a 10 votantes, presuntamente “acarreados” a la comuna de Río Verde

Por La Prensa Austral jueves 14 de junio del 2018

Compartir esta noticia
165
Visitas

Al igual que ocurrió el pasado miércoles 20 de diciembre de 2017 cuando el Ministerio Público citó a comparecer a 53 votantes acusadas de infringir la Ley Electoral al cometer presuntamente delitos de señalamiento falso de domicilio (acarreos políticos) en la comuna de San Gregorio, para los comicios municipales del 23 de octubre del año pasado, durante la mañana de ayer llegaron hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas diez personas a quienes se les imputó el mismo ilícito, pero esta vez por la comuna de Río Verde.

Tras una extensa individualización de los imputados Carolina Jessica Uribe Villegas, Miguel Angel Pérez Pérez, Nayareth Andrea Barcena Saavedra, Diego Leandro Burgos Valdevenito, Yesenia Macarena Gómez Gómez, Verónica Adriana Sáez Montiel, Sonia Iris Torres Toro, Pedro Erasmo Sierpe Sierpe, Ruth Noemi Gómez Velásquez y Luis Humberto Galleguillos Ojeda, el fiscal Felipe Aguirre, en reemplazo de su par Oliver Rammsy que estuvo a cargo de la investigación, dio a conocer los cargos que se les imputaba.

Según los hechos expuestos, durante el año 2016, previo a la elección de las autoridades municipales de alcalde y concejales en Río Verde, todas las personas nombradas anteriormente modificaron su domicilio electoral declarando uno nuevo en la mencionada comuna, con el propósito de participar en dichos comicios sin reunir ninguno de los requisitos que deben vincularlos subjetivamente con aquella jurisdicción territorial, sin residir habitual ni temporalmente ahí, sin desarrollar una actividad de trabajo ni ejercer profesión u oficio alguno, ni tampoco tener alguna vinculación de índole familiar en aquel lugar.

De esta forma, los acusados originarios de Punta Arenas y una de Porvenir, registraron como domicilio ante el Servicio Electoral diversos sectores de la referida comuna, tales como Villa Ponsomby, Estancia Ayelén, Lote 41, Estancia Laguna Larga, Estancia Emiliana, Estancia María y Puerto Curtze.

Tras conocidos los antecedentes, y tal como ha sido la tónica en este tipo de procesos, el persecutor no le solicitó a la magistrada Paula Stange la imposición de medidas cautelares, por lo cual se fijó un plazo de 90 días para sustentar la respectiva investigación.

Aunque la formalización estaba contemplada para once personas, la imputada Andrea Makarena Rogel Mansilla, que actualmente se encuentra residiendo en la provincia de Chiloé, habría justificado mediante su abogado que no alcanzaba a llegar a la audiencia, por lo que se fijó para el 12 de julio la respectiva comunicación de cargos.

Reacciones

En este aspecto, el abogado Rodrigo Castro indicó que la investigación recién está comenzando “el Ministerio Público se limitó a referir un domicilio versus el que ellos inscribieron en la localidad de Río Verde, y desde esa perspectiva nosotros entendemos como primera aproximación que hay tres posibilidades en la ley: por trabajo, por vivir o por estudiar, y en la mayoría de los casos ellos si pueden acreditar que tenían un trabajo o residencia en ese lugar”.

El abogado querellante, Mario Elgueta, calificó este caso como un hito para la comuna de Río Verde, tras una labor indagatoria de dos años, expresando que con estos ilícitos se daña el buen funcionamiento del sistema democrático, asegurando que este proceso se podría extender a más votantes, quienes arriesgan una sanción de 61 a 540 días de presidio.

Hasta el Juzgado de Garantía llegó la ex timonel local de Renovación Nacional, y una de las querellantes en este caso, Gloria Vilicic, quien recalcó que “quiero hacer notar que se está haciendo justicia, cuando muchos organismos fiscales no responden como lo es el Ter (Tribunal Electoral Regional). En su momento se hizo una acusación al Ter diciendo que estas personas no podían votar allá y el Ter no funcionó, tampoco en Santiago. Es por eso que privados tuvimos que contratar los servicios de abogados y denunciar, cosa que debe hacer el Estado”.

San Gregorio y Laguna Blanca

En el caso de los votantes presuntamente “acarreados” a San Gregorio, el fiscal Rammsy detalló que la investigación se encuentra en una fase bastante avanzada, debiendo solicitar una ampliación en el plazo debido a que tanto el Ministerio Público como la parte querellante encomendó diligencias y pericias a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Expresó que en el caso de la comuna de Laguna Blanca se han presentado algunas dificultades, al no recibir ningún tipo de apoyo en orden a encontrar a las personas sindicadas en la respectiva querella, indagaciones que deberán definirse antes de que finalice el primer semestre.