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Funcionario judicial maltratado por ex jueza del Trabajo gana demanda de indemnización de perjuicios

Por Poly Raín jueves 14 de abril del 2016

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“La jueza Cecilia Agüero Calvo tuvo un comportamiento anormal respecto de lo que se espera de una persona de su investidura, al incurrir en acciones y omisiones en el cumplimiento de sus deberes”. Así de categórico reza en su parte resolutiva, el fallo de la titular del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, Isabel Margarita Zúñiga, al dar lugar a una demanda indemnizatoria de perjuicios interpuesta por el ex administrador del Juzgado del Trabajo de esta ciudad, Patricio Acuña Muñoz, en contra del fisco de Chile.
En un fallo sin precedentes a nivel local, el fisco fue condenado a pagar una indemnización de 40 millones de pesos a favor del demandante, por la contumaz conducta de acoso laboral asumida por una jueza de la República hacia la persona de este funcionario judicial.
La demanda fue interpuesta a comienzos de 2013 con el patrocinio del abogado Guillermo Ibacache Carrasco.
Las decisiones de la jueza del Trabajo, Cecilia Agüero Calvo, se fundaron claramente en una animadversión que ejerció hacia el administrador, desde que éste mantuvo opiniones diferentes a las suyas. Este hostil ambiente laboral, que derivó en una seguidilla de ataques sistemáticos, hizo que el administrador presentara un reclamo ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, el que previa investigación sumaria ordenó a la jueza y al administrador abstenerse de inmiscuirse cada uno en la labor del otro. Los hechos también fueron investigados por la Fiscalía, organismo que concluyó que los hechos denunciados no constituían delito alguno.
Con el correr de los días el mal clima laboral se fue agudizando, lo que hizo necesario la designación de un ministro en visita, nombramiento que recayó en la ministra de la Corte de Apelaciones, Beatriz Ortiz Aceituno, quien concluye que existe un problema de maltrato laboral en el Juzgado del Trabajo, atribuido a la jueza Cecilia Agüero. Esta situación obliga a la Corte a designar al juez Gonzalo Rojas como investigador de los hechos, quien una vez efectuada su tarea, propone medidas disciplinarias hacia la jueza, las que en todo caso, en votación dividida de 2 a 1, decide no tomar medidas en contra de la magistrada. Empero, en la revisión efectuada por la Corte Suprema, decide sancionar a la jueza Agüero, con una amonestación privada, lo cual no hace más que confirmar el maltrato y acoso laboral ejercido en contra del administrador.

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