Necrológicas
  • Vania Vodanovic Pistelli
  • María Teresa Cheuquepil Millaquén
  • María Patricia Vargas Fuentes
  • Rudecindo Segundo Alvarado Mansilla
  • Edith Cari Andrade
  • María Almonacid Miranda

Industriales acusan persecución política a empresas acogidas a leyes de excepción

Por La Prensa Austral lunes 3 de septiembre del 2018

Compartir esta noticia
681
Visitas

El abogado asesor del gremio, Mario Elgueta Saldivia, reparó en el hecho de que a pesar del cambio de autoridades, se está notificando a varias empresas, de la continuación de procedimientos administrativos.

En la última semana y para conocer en terreno el trabajo que desarrollan en Porvenir las empresas adheridas a la Asociación Gremial de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino, visitó la isla la diputada Sandra Amar.

En la ocasión, la parlamentaria fue informada respecto de la preocupación que existe en las empresas, por lo que consideran una persecución política a las firmas acogidas a las normas de excepción.

Lo anterior, con relación a una serie de procesos administrativos que los asociados consideran injustificados por parte de los entes fiscalizadores, aduciendo que éstos “parecieran apuntar hacia otra dirección y no sólo al cumplimiento de las normativas, situación que mantiene en alerta al gremio de Tierra del Fuego”.

En tal sentido, el abogado asesor del gremio, Mario Elgueta Saldivia reparó en el hecho de que -a su juicio- a pesar del cambio de autoridades, se está notificando a varias empresas, de la continuación de procedimientos administrativos. “Particularmente una de ellas -Sociedad Pesquera Bahía Chilota-, se le está señalando que habría interrumpido sus actividades, no las habría iniciado durante un período de dos años, con una clara intención de caducarla. La asociación comprende muy bien que existe un informe de Contraloría que ha ordenado fiscalizar, pero entendemos que una cosa muy distinta es imputar directamente cargos que van destinados a terminar con la ley con esas empresas. Creemos que hay una exageración, dado que el Estado tiene toda la documentación y constancias del funcionamiento de estas empresas durante todos estos años”, apuntó.

La aludida

A su vez, el asesor afirmó que la empresa aludida funciona desde hace más de 20 años en Porvenir, en el mismo lugar y que se le imputa no haber iniciado actividades o haberlas descontinuado. Esto último -agregó-, por el hecho de aparecer “erróneamente, con un domicilio distinto. Pero que en realidad es el mismo que ha tenido siempre con una diferente denominación, Varadero S/N, ubicado en Bahía Chilota, dentro del Fundo Cañadón. Al afirmar, de manera equívoca, la diferencia de domicilio, se busca inducir a que esta empresa no habría iniciado actividades, lo cual nos parece indebido y una exageración, considerando que es una empresa que ha trabajado desde antes de la Ley Navarino, en el mismo lugar y da trabajo en Porvenir a más de 20 personas de manera permanente. Esta situación de persecución, disfrazada de fiscalización de los procesos,  también se está repitiendo en las demás empresas”, aseguró junto con valorar la visita de la parlamentaria, sosteniendo que: “Ella -Amar- tiene un ánimo bastante constructivo respecto de lo que está sucediendo, entiende muy bien lo que es fiscalizar y lo que realmente le hemos expuesto, que es la persecución que han sufrido estas empresas durante los últimos dos años”, sentenció Elgueta.