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Juzgado negó reapertura de la investigación del caso Rayen

Por La Prensa Austral miércoles 27 de abril del 2016

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Lo que uno demanda en estos casos es objetividad del Ministerio Público, y la Fiscalía no citó ninguno de los testigos que nosotros pedimos se entrevistara (…) por eso pedimos que se reabra la investigación para que se le tome declaración a los afectados del desborde del río para que den cuenta de los trabajos que se hicieron por parte de la empresa Rayen”, argumentó ayer el abogado Juan José Arcos, abogado de la propietaria de la empresa Rayen, Patricia Leiva, y del representante legal, Javier Gajardo, parte que pidió que se reabra el proceso investigativo de la causa.

El pasado 8 de abril el Ministerio Público cerró la investigación a solicitud de la defensa de uno de los acusados, sin embargo, aquello no habría sido compartido por Arcos, dado que a su juicio restaban diligencias, que habrían sido solicitado con anterioridad, y que entregarían antecedentes que beneficiarían a sus representados, por lo que pidió se debata la reapertura.

El defensor argumentó que con la toma de la declaración de más de 200 testigos, entre afectados por el aluvión y trabajadores de la empresa, lograría tenerse por acreditadas las obras ejecutadas, obras en cuyos pagos se habrían perpetrado los supuestos ilícitos económicos, que habrían significado la ejecución de delitos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, entre otros, y en los cuales figura como principal implicado el ex intendente Arturo Storaker Molina.

Poco respaldo tuvo la solicitud del defensor, dado que la mayoría de los abogados que representan al resto de los imputados, no adhirió a la petición, considerando las diligencias como dilatorias o que extenderían innecesariamente una investigación que ya lleva 4 años de iniciada, y dos años de formalizada.

Igual negativa encontró en la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Servicio de Impuestos Internos y la parte querellante, cobrando relevancia lo indicado por la abogada del CDE, Paula González Cáceres, quien recordó parte de los hechos formalizados, donde se daba por sentado que las obras se habían hecho, y lo que se perseguía era la sobrevaloración de dichos trabajos.

Los argumentos fueron escuchados por la jueza Paula Stange, quien finalmente negó lo solicitado, y si bien Arcos recurrió de nulidad en el mismo acto, dicha solicitud no fue acogida, por lo que se ratificó el cierre de la investigación decretado hace algunas semanas.

Incidente procesal

Durante la audiencia, el abogado Arcos además formuló una denuncia ante la magistrada, a fin de que se oficie a la Fiscalía investigar cómo es posible que la Casa de los Derechos Humanos demandó un gasto de 4 mil millones de pesos para su restauración tras el desborde del río de las Minas, siendo que en el proceso de limpieza de más de 134 casas se gastaran mil millones de pesos. Dicha solicitud, si bien no tiene relación directa con el caso Rayen, fue acogida por la jueza Stange, ordenando oficiar al Ministerio Público.