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La autoridad migratoria es la que deberá aplicar sanciones en el caso de la ciudadana francesa

Por La Prensa Austral miércoles 11 de septiembre del 2019

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Para informar los avances en materia de políticas migratorias llegó hasta Magallanes el asesor del Ministerio del Interior, Julián Florez. En su recorrido por las gobernaciones en todo Chile, ha dado a conocer las medidas establecidas por el gobierno para conformar el nuevo sistema migratorio del país.

Florez estaba al tanto de la situación de la ciudadana francesa involucrada en los desmanes del 5 de septiembre pasado en el centro de Punta Arenas. “Cualquier acto que vaya en contra de las normas y las costumbres chilenas implica imponer sanción económica, abandono del país o expulsión”. Los antecedentes deben ser revisados por las autoridades migratorias, en este caso el intendente y el gobernador, quienes determinan la sanción.

“Desde que se conocieron los hechos tanto el intendente como el gobernador están revisando la situación migratoria de la ciudadana francesa para ver la sanción”. Puntualizó que no es un proceso tan rápido porque primero se pide a Carabineros y PDI el informe del delito cometido, y posterior a ello se analiza si hay sanción y finalmente se aplica, remitiéndose a Santiago quien emite el dictamen final.

En otro tema, el asesor ministerial manifestó también las medidas transitorias que se han adoptado para la población migrante, como establecer la visa consular de turismo y la visa de reunificación familiar para la comunidad haitiana. Esta última para quienes quieren traer a su familia. Se había puesto un tope de 10 mil personas por año. Ya se cumplieron 12 meses de implementación y sólo ha sido solicitada por mil personas. 

En un momento se identificó un ingreso de personas poco habitual y de manera descontrolada al país. En 2017 llegaban 300 ciudadanos de Haití diariamente a Santiago y por cada 100 que entraban con visa de turismo al país, sólo retornaban 3 a la isla.

Considerando que había que tomar hasta tres vuelos para llegar al país, se pensó en que se estaba dando una suerte de trata de personas, vendiéndoles lo que hoy se llama “el sueño chileno”. Esto los llevó a una precarización social, incluso a situación de calle. Y de ellos mismos salió la petición de ayuda para regresar a su país.

Caso
venezolano

También se estableció la visa humanitaria de responsabilidad democrática para el pueblo venezolano por la crisis humanitaria y se fijó el proceso de regularización extraordinaria a la que adhirieron 200 mil personas que estaban en condición irregular.

Otras dos medidas han sido la visa consular para Venezuela, para que transparenten su intención al venir al país y desde el primer día cuenten con un Rut. También se les ha flexibilizado la documentación, con la resolución que les da la opción de traer su pasaporte vencido, ya que en su país ya no lo pueden obtener. Por último, para reunir a los niños con sus padres, se flexibilizó el trámite a la obtención de un salvoconducto.

Pero lo que se requiere es cambiar la legislación que data de 1975, para que Chile se asuma como un país receptor. Se debe modernizar el departamento de Extranjería y por último construir la primera política nacional de migración donde se establezcan procesos de inclusión e integración.

Florez visualiza, eso sí, que no llegará al país el mismo flujo que se ha dado hasta el momento, en que en menos de tres años han ingresado 500 mil personas.