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Hubo una violación de garantías constitucionales en su detención

Las razones por la que Tribunal absolvió a mujer imputada por vender LSD

Por La Prensa Austral viernes 11 de agosto del 2017

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Cerca de las 23,30 horas del sábado 28 de enero del presente año, personal del OS-7 de Carabineros detuvo a Leonila Saldivia Vargas, una mujer que, junto a su pequeña hija de tres años, realizaba -según personal policial- una venta de droga sintética LSD en la Avenida Salvador Allende, además de portar entre sus pertenencias una pistola, sin municiones, sobre la cual pesaba encargo por extravío desde el año pasado, emanado desde la ciudad de Quillota. A raíz de esto, la mujer fue formalizada y enviada a prisión hasta la audiencia de juicio oral, la cual se llevó a cabo el pasado miércoles, seis meses después.

En dicha instancia, el Tribunal resolvió absolver a la imputada por los delitos de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de droga y porte ilegal de arma de fuego, debido a que fue acreditada la tesis del abogado José Miguel Navarrete, respecto a que en el proceso de su detención efectuada por Carabineros, se vulneraron las garantías constitucionales de la acusada.

Bajo este contexto, el defensor explicó que principalmente el aspecto ampliamente discutido fue que el proceder policial fue autónomo y fuera del margen que establece el Código Procesal Penal, donde “se infraccionaron derechos que tiene cualquier ciudadano como imputado frente a la acción del Estado”. En este aspecto, sostuvo que cualquier persona imputada por un delito determinado, tiene el derecho de que se le informe antes de cualquier actividad de investigación en su contra, de no autoincriminarse y asimismo de solicitar un abogado defensor, lo cual no se habría respetado.

“Estos procedimientos generalmente se inician por una denuncia anónima respecto a la cual aquí no existe ningún carácter de registro que uno pueda observar para efectos de poder establecer alguna defensa, ese es el primer elemento de ponderación de análisis que nos llamó la atención, como lo es el no registrar la forma en cómo se recibió la denuncia, algún número telefónico, etc. Es evidente que al no existir un registro en la carpeta de investigación respecto de esa situación, es deber de los funcionarios policiales consignar cualquier actividad dentro de la investigación, no fuera de ella”, aseveró.

Por otra parte, Navarrete manifestó que las fuerzas policiales, al recibir una denuncia, no pueden actuar de forma autónoma, debido a que la legislación establece que constitucionalmente el único organismo encargado de la dirección de la investigación en la ejecución o en la perpetración de delitos, de crímenes o de faltas es el Ministerio Público.

La audiencia de comunicación del fallo se efectuará el próximo lunes 14 de agosto a las 13,30 horas.