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Multas que van desde los $47 mil hasta más de $1 millón arriesgan quienes no inscriban a sus mascotas en el registro nacional

Por La Prensa Austral martes 13 de marzo del 2018

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Una vez que sean promulgados los reglamentos del Ministerio de Salud y la Subdere, que aún se encuentran en Contraloría para toma de razón, el registro tendrá carácter de obligatorio.

Cumpliendo con la implementación de la denominada “Ley Cholito”, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo inició la marcha blanca del Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía, el viernes 1 de marzo en Punta Arenas y en otras cuatro regiones.

La “Ley “Cholito” establece  el trámite de inscripción como un registro obligatorio para todas las personas que sean dueñas o poseedoras de perros y gatos
-inicialmente-. Previo a este proceso, la mascota debe tener implantado un microchip de identificación, que es permanente y tiene un código único de 15 dígitos. Este dispositivo es una cápsula pequeña, del tamaño de un grano de arroz, que es depositada debajo de la piel por un médico veterinario y dura más de 20 años.

Una vez que sean promulgados los reglamentos del Ministerio de Salud y la Subdere, que aún se encuentran en Contraloría para toma de razón, el registro tendrá carácter de obligatorio y las personas tendrán un plazo de 180 días para la inscripción y de no hacerlo, se arriesgan multas que van desde los $47 mil hasta $1 millón 419.

Si existe reincidencia la persona podría recibir una doble multa. Incluso, el juez podría determinar que se decomise o confisque el animal y sea llevado a un centro o sea entregado a otra persona, donde los costos que existiesen sobre los cuidados, alimentación y tratamiento serán a cargo del dueño.

Además, si existiese maltrato o crueldad animal, correspondería aplicar las sanciones del Código Penal (presidio y multa, además de la inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animales).

Las municipalidades, la autoridad sanitaria y Carabineros de Chile tienen a cargo la fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y sus reglamentos, en el área de su competencia.